Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 1095/2021 de 16 de octubre del 2023

PRIMERO: Se dirige el presente recurso contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 23 de diciembre de 2019, que archiva la solicitud de protección internacional formulada por Dª Fermina, nacional de Perú.

SEGUNDO: La resolución recurrida acoge la propuesta de la CIAR porque:

"La solicitante ha incumplido la obligación de informar a las autoridades sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él. En consecuencia, no se ha podido proceder a comunicar a la interesada la citación para celebrar una audiencia personal con la Instrucción y esta entrevista no se ha podido celebrar. La no aportación de información esencial para su solicitud es uno de los motivos del artículo 27 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , para presumir que el solicitante ha desistido de su solicitud de protección internacional. Procede, por tanto, el archivo de la presente solicitud."

TERCERO: Conviene precisar que la resolución recurrida no es de fecha 26/01/2021 como se indica en el suplico de la demanda sino de 23 de diciembre de 2019, como refleja el expediente.

En la demanda, la recurrente denuncia que no consta en el expediente ningún intento de la supuesta comunicación efectuada pues no existe comprobante de correos que refleje que la recurrente es desconocida en esa dirección. Por ello, no puede considerarse válidamente efectuada y debe declararse nulo el archivo practicado y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior y, realizando una verdadera comunicación, proceder con la continuación del expediente.

No obstante lo anterior, en el expediente consta tanto la entrevista realizada a la solicitante como pruebas fotográficas que acreditan la realidad de las agresiones sufridas. En la entrevista se determina como causa de solicitud de protección internacional ser víctima de violencia de género y queda perfectamente individualizado el agresor y delimitadas temporalmente las agresiones. Además, estas agresiones derivaron en amenazas de muerte, extendiéndose también a su actual pareja, con amenazas con arma de fuego. La solicitante tuvo que ser hospitalizada por la paliza sufrida. Expone que estas circunstancias fueron puestas en conocimiento de las autoridades de su país, por medio de reiteradas denuncias, pero el agresor era siempre puesto en libertad sin medidas cautelares ni protección para la víctima, porque en Perú, hasta que la víctima no es asesinada las autoridades no hacen nada.

CUARTO: En el expediente figura la solicitud de protección internacional de Dª Fermina, nacional de Perú, el 7 de noviembre de 2018, en la Brigada Provincial de Extranjería de Barcelona, consignando un domicilio en CALLE000, nº NUM001, Código postal 08031 Barcelona.

El 6 de agosto de 2019, la Jefa del servicio de Instrucción la convoca a una entrevista el 26 de septiembre en el domicilio indicado (folio 12 del expediente). Se la advierte que la incomparecencia no justificada podrá dar lugar al archivo de su expediente, según lo previsto en el art. 27 de la Ley de Asilo.

Aunque en el informe de fin de instrucción que se eleva a estudio de la CIAR, (folio 27) se dice que el 8 de agosto de 2019 se envió convocatoria a la dirección que consta en el expediente a los efectos de mantener una entrevista con la Instrucción y que fue devuelto el sobre por parte del servicio de Correos por figurar la solicitante como desconocida en dicha dirección lo cierto es que no consta en el expediente la justificación de la devolución por el servicio de Correos de la citación.

No hay constancia documental de que la recurrente, una vez citada no acudiera a la entrevista por lo que, debemos estimar el recurso, anular la resolución recurrida y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la celebración de la entrevista con la solicitante y continuar con la tramitación del expediente hasta su conclusión.

QUINTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional y dada la estimación parcial del recurso, no ha lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,