Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 580/2023 de 16 de febrero del 2024

PRIMERO: El acto recurrido es la resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia por delegación de la Ministra de Justicia (orden JUS/987/2020 de 20 de octubre) de 6 de septiembre de 2022 por la que se declara que D. Gustavo no cumple los requisitos exigidos para la obtención del título profesional de Abogacía según lo previsto en la orden de convocatoria (orden PCM/2019/2022, de 21 de marzo) y se acuerda su exclusión del proceso de evaluación sin que proceda la expedición del título.

SEGUNDO: La primera cuestión a resolver es si concurre un motivo de anulación al haberse dictado por órgano incompetente la resolución que excluye al recurrente del proceso de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía de 2022.

Conforme al artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

"La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes".

La cuestión tiene trascendencia no sólo a efectos administrativos sino también a efectos judiciales dado que modifica la competencia del órgano judicial para conocer del recurso contencioso- administrativo que se interponga contra dicha resolución. Así el conocimiento de los recursos contra las resoluciones del Director General para el Servicio Público de Justicia por delegación del Ministro de Justicia, al considerarse dictadas por el órgano delegante, es decir, por el Ministro ( artículo 9.5 ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector público) su conocimiento corresponde a la Audiencia Nacional ( artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). En cambio, el recurso interpuesto contra resoluciones del titular de la Dirección General en esta materia sin que conste realizado en ejercicio de competencias delegadas del Ministro corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( artículo 10 1 m de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, LJCA).

Por ello es importante examinar si la competencia para dictar el acto recurrido esta atribuida al Ministro de Justicia, único caso en que puede delegar el ejercicio de la misma en otro órgano administrativo.

TERCERO: En este caso la resolución recurrida indica que ha sido dictada por la Directora General para el Servicio Público de Justicia por delegación de la Ministra de Justicia conforme a la orden JUS/987/2020 de 20 de octubre sobre delegación de competencias.

Dicha orden JUS/987/2020 de delegación de competencias en su artículo 10 establece que " Se delega por la persona titular del Ministerio en la persona titular de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia el ejercicio de las siguientes competencias:

"j) Las actuaciones derivadas de las convocatorias de las pruebas de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales, sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos".

No se cuestiona por tanto que existe una orden de delegación del titular del Ministerio de Justicia en favor del titular de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, pero esa delegación sólo alcanza a las actuaciones derivadas de las convocatorias de las pruebas de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales que la normativa atribuye al Ministro de Justicia. Por tanto, es necesario examinar cuáles son las competencias que la normativa atribuye al Ministro de Justicia en las pruebas de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

1. El artículo 2. 3 de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador establece que corresponde al Ministro de Justicia la expedición del título.

2. El Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador atribuye al Ministro de Justicia las siguientes competencias: 1) Fijar el contenido de la evaluación para cada convocatoria ( artículo 17.4 del Reglamento de acceso aprobado por Real Decreto 775/2011). 2) Convocar con el Ministro de Educación (actualmente Ministerio de Universidades, Real Decreto 2/2020, de 12 de enero) la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía. 3) Designar los integrantes de la comisión de evaluación junto con el Ministro de Educación ( artículo 19 del Reglamento de acceso RD 775/2011).

En este caso el contenido del acto dictado no se corresponde con ninguno de las materias que la normativa atribuye al Ministro de Justicia en relación con el acceso a la profesión de abogado.

Tampoco la orden de la convocatoria Orden PCM/2019/2022, de 21 de marzo por la que se convoca la prueba de evaluación establece que sea competencia del Ministro de Justicia la exclusión del proceso por no cumplir alguno de los requisitos de la convocatoria. Indica la convocatoria en el artículo 8 que la resolución con la lista definitiva de los excluidos se dictará por el titular de la competencia, pero no indica que el titular de esa competencia sea el Ministro de Justicia. Por otra parte, el artículo 15 establece que la Dirección General para el Servicio Público de Justicia podrá requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por la Universidad o Escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto y, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de la Abogacía.

A ello se añade que esta Sala ha remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid resoluciones de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia en las que también se acuerda la exclusión de determinadas personas del proceso de evaluación en las que no constaba dictadas por delegación (Auto de 29 de enero de 2018, (recurso 721/2017), auto de 11 de abril de 2018, recurso 265/2018, 13 de abril de 2018 (recurso 88/2018), 11 de julio de 2018 (recurso 160/2018) y 20 de febrero de 2019 (recurso 147/2019). El TSJ de Madrid ha dictado sentencias en recursos interpuestos contra resoluciones de la Dirección General derivados de resoluciones de exclusión del proceso de evaluación, las cuales han accedido alguna de ellas a la casación. En este sentido la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2022 (recurso 975/2021) señala que a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) sin que sea factible la realización simultánea de ambas formaciones. Se especifica que esta referencia no supone entrar a analizar el caso concreto de este recurso en que nos limitamos a pronunciarnos sobre la falta de competencia del Ministro para dictar el acto recurrido.

CUARTO: El Abogado del Estado también reconoce que en el presente recurso se impugna el acto de una Dirección General, que, aunque consta dictado por Delegación de la Ministra, corresponde a la propia competencia de dicha Dirección General. Pero yerra en cuanto a su conclusión al señalar que la competencia para conocer del recurso no corresponde a esta Sala sino que corresponde al Tribunal Superior de Justicia.

En efecto, la competencia para conocer de este recurso corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional tal como señala el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2, en su auto de fecha 25 de enero de 2023, puesto que se trata de un acto dictado por delegación del Ministro de Justicia y por tanto ha de entenderse dictado por el mismo como autoridad delegante, es decir por el Ministro ( artículo 9.4 de la LRJSP). Al ser un acto dictado por Ministro conforme al artículo 11 de la Ley 29/98 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento del recurso contencioso-administrativo corresponde a esta Sala.

Ahora bien, una vez establecida la competencia de esta Sala para conocer de este recurso, procede anular el acto recurrido ya que la normativa aplicable como hemos razonado no atribuye al titular del Ministerio de Justicia esta competencia (la que le permite excluir al recurrente del proceso de selección) como competencia propia que pueda delegar. Por ello se acuerda retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la fecha de la resolución inicial al objeto de que, el titular de la competencia, Director General para el Servicio Público de Justicia, decida sobre la admisión o exclusión del recurrente del proceso de evaluación.

El hecho de que se haya dictado resolución expresa que desestima el recurso de reposición interpuesto no modifica estos argumentos.

QUINTO: Acorde a lo razonado se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo dado que se anula el acto recurrido al haberse dictado por órgano incompetente pero no se han examinado las pretensiones del recurrente contenidas en el escrito de demanda.

Este es el criterio también mantenido en las sentencias de esta Sala y sección de 24 de enero de 2023 (recurso derechos fundamentales 1/2022) y de 15 de junio de 2023 (recurso 1987/2022).

SEXTO: No se hace condena en costas conforme al artículo 139 de la LJCA al haberse estimado parcialmente el recurso.