Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 2348/2020 de 16 de febrero del 2024

PRIMERO: El acto recurrido es la resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado por delegación del Ministro de Justicia de 10 de mayo de 2018 por la que se le concedió la nacionalidad española a Dª. Susana.

El Abogado del Estado alega al interponer el recurso de lesividad que la declaración de lesividad se ha acordado por el Consejo de Ministros y se han cumplido todos los requisitos formales y procedimentales de la declaración de lesividad. Considera que la resolución de concesión de la nacionalidad española a Dª. Susana, claramente infringe el artículo 22.4 del Código Civil que exige como requisito para acceder a la nacionalidad española, el de suficiente grado de integración en la sociedad española del solicitante de dicha nacionalidad, ya que se ha constatado por el Juez encargado del Registro Civil un manifiesto desconocimiento del idioma español.

La parte recurrente como primera cuestión formal plantea que existe una notificación defectuosa del acuerdo de incoación del procedimiento de lesividad que ha impedido que se cumpliera el trámite de audiencia en ese procedimiento lo que determina que a falta de esa defectuosa notificación no se puede tener por lícitamente iniciado el procedimiento de lesividad y en consecuencia procede declarar la caducidad del mismo o retrotraer de actuaciones para que se vuelva a iniciar el mismo. De forma subsidiaria considera que en el caso que se considere que no existe una irregularidad en el procedimiento de declaración de lesividad no debe anularse la resolución recurrida de concesión de la nacionalidad española por las razones que expone en la demanda.

SEGUNDO: Vistos los términos en los que se ha planteado el recurso, ha de examinarse, en primer lugar, si se han cumplido o no los trámites preceptivos para la declaración de lesividad y, subsidiariamente, sí la resolución cuya anulación se pretende es lesiva o no para el interés público e incurre en causa de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico.

El artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite que actos favorables para los interesados, como es el caso de la resolución de 10 de mayo de 2018 de concesión de la nacionalidad española a Susana, puedan ser impugnados por el mismo órgano que lo ha dictado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo previa declaración de lesividad para el interés público.

Por tanto la previa declaración de lesividad se configura como un presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente y así lo establece expresamente el artículo 107.2 Ley 39/2015). Es decir, es indispensable para la legitimación activa de la Administración del Estado, en los casos que la misma se proponga actuar como parte demandante en recursos contencioso-administrativos dirigidos contra sus propios actos declarativos de derechos. Los efectos de la declaración de lesividad se centran, por tanto, en legitimar activamente a la Administración que demanda la anulación de sus propios actos, y, consiguientemente, en autorizar la interposición, admisión y tramitación del recurso contencioso administrativo por ella promovido, sin perjuicio, como es lógico, de las facultades del Tribunal competente para declarar si el acto impugnado es o no conforme a Derecho, y si realmente produce los efectos perjudiciales alegados por la Administración recurrente.

Desde el punto de vista procedimental la declaración de lesividad de una resolución declarativa de derechos en este caso la resolución de concesión de nacionalidad española exige conforme al artículo 107 Ley 39/2015: 1) La notificación del acuerdo de incoación del procedimiento de lesividad al interesado dándole plazo no inferior a 10 días para que pueda alegar o presentar los documentos que considere procedentes conforme al artículo 82.2 ley 39/2015. 2) El plazo para declarar que la resolución es lesiva para el interés público es 4 años desde que se dictó el acto administrativo. 3) La duración máxima del procedimiento de declaración de lesividad es 6 meses desde la iniciación del mismo y en el caso de que haya transcurrido sin que se hubiera declarado producirá la caducidad del procedimiento, lo que no impide que pueda iniciarse uno nuevo si no ha transcurrido 4 años desde que se dictó la resolución de concesión de nacionalidad.

TERCERO: En este caso, tal como señala el recurrente existe una notificación defectuosa del acuerdo de incoación procedimiento de lesividad ya que se notificó por edictos sin haber realizado un segundo intento de notificación en su domicilio que era conocido.

En efecto consta que se hizo por el servicio de correos un primer intento de notificación el 24 de agosto de 2020 del acuerdo de incoación del procedimiento de lesividad por el funcionario de correos nº NUM001 indicando que fue infructuoso marcando la casilla de domicilio desconocido (documento nº 13) cuando era ese el domicilio de la destinataria. ( RAMBLA000 NUM000. 0821 Ripollet). Ese era el domicilio de la interesada dado que: 1) Es el domicilio que figuraba en su solicitud de nacionalidad. 2) Es el que consta en el padrón municipal desde 2009 (certificado de empadronamiento de 14 de febrero de 2023). 3) Es el domicilio en el que se notificó sin problema la demanda de lesividad en este recurso contencioso- administrativo. 4) El intento de notificación del acuerdo de incoación del primer expediente de lesividad de 17 de diciembre de 2019 se realizó en ese domicilio y el funcionario de correos NUM002 marcó de forma correcta la casilla de "ausente de reparto" y no de domicilio desconocido (documento 24).

Se ha incumplido por tanto lo establecido en el artículo 42 ley 39/2015 que exige que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado de no hallarse presente en el momento de la entrega y no hacerse cargo cualquier persona mayor que se encuentre en el domicilio, deberá realizarse un segundo intento de notificación antes de acudir a la notificación mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. En este caso tras el primer intento de notificación se publicó en el BOE.

Por tanto la declaración de lesividad se ha producido sin la realización de un trámite esencial del procedimiento, dada la existencia de una notificación irregular del acuerdo de incoación, que ha provocado la falta de audiencia.

CUARTO: La consecuencia de la omisión del trámite esencial de audiencia en el procedimiento de lesividad es que debe declararse la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo conforme al artículo 107.2 Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común que configura la declaración de lesividad como un presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente.

Este es además el criterio seguido en sentencias de esta Sala con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015 ( sentencia de la sección tercera de 20 de noviembre de 2013 (recurso 62172012) reiterado en sentencia de 12 de enero de 2017 (recurso 1390/2014) y de la sección quinta de 18 de octubre de 2017 (recurso 413/2016) con base al siguiente razonamiento.

"En efecto, no nos encontramos ante un problema de audiencia en un procedimiento administrativo que haya generado una situación de indefensión en el interesado que pueda repararse o subsanarse en esta sede judicial, sino que el vicio del procedimiento de lesividad -consistente en este caso en la falta de audiencia del interesado- invalida la declaración misma de lesividad al resultar insubsanable tras la interposición del subsiguiente recurso contencioso-administrativo, de tal modo que la acción judicial fue ejercitada sin el preceptivo presupuesto de procedibilidad representado por el acuerdo de lesividad, cuyo acuerdo resulta inane a los efectos de canalizar el recurso ante este orden contencioso-administrativo al carecer de validez por lo dicho, por lo que, en definitiva, la Administración demandante no estaba habilitada para interponer el actual recurso en el momento en que lo hizo, lo que visto desde otra óptica quiere decir que la resolución de concesión de la nacionalidad española de 21-7-2008 no era recurrible por la Administración demandante al no haber cumplido en debida forma con el requisito de procedibilidad que condicionaba el ejercicio válido de la acción judicial, cuyo incumplimiento se erige en causa de inadmisibilidad del recurso ex artículo 69.c) de la LJ pues aquella resolución de 21-7-2008 no era susceptible de impugnación en las condiciones que se daban en el momento de la interposición del actual recurso contencioso-administrativo, de donde que el pronunciamiento ajustado a Derecho sea el ya anunciado de inadmisibilidad, sin que un tal pronunciamiento suponga la incongruencia de este fallo (la parte demandada postula un pronunciamiento desestimatorio) pues el mismo se funda en uno de los motivos de oposición esgrimidos por la parte demandada que ha podido ser debatido por las partes contendientes, si bien el referido motivo determina en puridad la inadmisibilidad del recurso y no su desestimación, lo que el Tribunal puede apreciar iura novit curia sin perjuicio para ninguna de las partes pues aunque el fallo hubiera sido formalmente desestimatorio tampoco hubiéramos podido entrar a conocer del fondo por lo ya dicho sobre la inexistencia en el caso del meritado requisito de procedibilidad."

QUINTO: Conforme a lo razonado procede inadmitir el recurso contencioso-administrativo. Por lo que se refiere a las costas, a tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede la expresa imposición de las causadas en esta instancia a la parte demandante, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 1.500 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos, más el IVA que, en su caso, corresponda.