Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1317/2021 de 17 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Por la representación del grupo familiar compuesto por Ramón, Sabino y Paulina, nacionales de Ucrania, se impugnan las resoluciones del Ministerio del Interior, de 23, 25 30 de noviembre de 2020, que les denegó el Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.

Los recurrentes fundamentaron las solicitudes de asilo en la amenazas recibidas por ser ruso parlantes y en la orden de reclutamiento recibida como consecuencia del conflicto bélico existente en Ucrania

SEGUNDO.- La resolución administrativa impugnada, tras analizar la situación de Ucrania a la luz de diversos informes internacionales, razona que dado que no existe prueba indiciaria alguna de que ni el requerimiento para el servicio militar propiamente dicho, ni su incumplimiento, conlleve ningún tipo de consecuencia que pudiera constituir una violación grave de los derechos fundamentales, no puede considerarse que ninguna persona en Ucrania pueda albergar un temor fundado de persecución en el sentido del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, por motivo de los procesos de reclutamiento para el ejército en este país.

Respecto de los temores de sufrir persecución en Ucrania por motivos de nacionalidad derivados de la vinculación a la etnia rusa se afirma que, de acuerdo con toda la información disponible sobre las circunstancias actuales en Ucrania, no puede considerarse objetivamente fundado un temor de persecución por la pertenencia al grupo étnico ruso, ni por la concurrencia de ninguna de las dimensiones asociadas al mismo, ya sean lingüísticas o religiosas.

Por todo ello se concluye que no concurren en el presente caso los elementos esenciales de la definición del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre y, por tanto, no existen razones para reconocer a la persona solicitante la condición de refugiado.

Por último, se afirma que no concurren las circunstancias que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, dado que la persona solicitante no residía en ninguna de las regiones concretas en las que se localiza actualmente la situación de conflicto en Ucrania.

TERCERO.- En la demanda se solicita, a la vista del conflicto bélico existente en Ucrania, se solicita el reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, la protección subsidiaria, o, subsidiariamente, el derecho de asilo por razones humanitarias o de interés público.

El Abogado del Estado, al serle concedido traslado para contestar a la demanda, y tras afirmar que no procedía la concesión del asilo interesado por no concurrir los presupuestos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, se allanó parcialmente a la demanda y, en concreto, a la petición de concesión de la protección subsidiaria, ante la situación de conflicto armado que se vive en Ucrania, coincidiendo con el criterio establecido en materia de asilo por el Tribunal de Derechos Humanos.

Por ello, considera la Abogacía del Estado que procede el allanamiento parcial al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 LJCA, debiendo anularse la resolución impugnada y serle concedida a la recurrente la protección subsidiaria.

Una vez presentado dicho escrito, se dictó Diligencia de Ordenación en la que se acordó, entre otras cosas, su unión a los autos y la entrega a las partes, interesando los recurrentes la continuación del procedimiento o a fin de dar respuesta al resto de las solicitudes planteadas.

CUARTO.- El art. 75.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dispone lo siguiente:

"1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado."

Efectivamente, en el presente caso, en primer lugar es de tener en cuenta que aún partiendo de la veracidad de la declaración realizada por los recurrentes, las amenazas recibidas y la orden de alistamiento no pueden considerarse como constitutivas de actos de persecución.

Respecto de la concesión de la protección subsidiaria, en el caso que nos ocupa se ha allanado el Abogado del Estado y no concurriendo infracción del ordenamiento jurídico, procede anular la resolución recurrida.

QUINTO.- Con respecto a las costas procesales, el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya en varias ocasiones recogiendo su inicial pronunciamiento formulado en las SSTS Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017) en relación con la cuestión de si, tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas procesales causadas a la Administración demandada que se allanó a las pretensiones de la parte demandante, en el plazo de contestación a la demanda.

Así en la reciente STS de 30 de noviembre de 2020 (cas. 6979/2019), recordaba que, en tales sentencias se declara " que la regla objetiva del vencimiento es la que deriva de lo dispuesto en ese nuevo artículo, y, por consiguiente, resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo"

Pues bien, en aplicación de la jurisprudencia expuesta no procede efectuar condena a la Administración al pago de las costas procesales con arreglo a lo dispuesto en el art. 139.4 LJCA.

A tal efecto la Sala ha de valorar que la Administración ha modificado su criterio a raíz de la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE, razón por la cual consideramos procedente no efectuar pronunciamiento condenatorio en costas a la Administración demandada.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Por la autoridad que nos confiere la Constitución española,