Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 763/2022 de 17 de noviembre del 2023

PRIMERO. En el presente recurso se impugna la resolución dictada por el Ministerio del Interior por la que se acuerda denegar la petición de asilo y protección internacional a Faustino, nacional de Perú.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Resumidamente, el relato ofrecido por el recurrente remite a la voluntad de residir en España. Afirma que ha sido un delito de amenazas. En su relato inicial indica que era empleado de la empresa "Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo", una empresa dedicada a la construcción de obras civiles y que pertenece al Estado. Tras trabajar 5 años continuados en dicha empresa, debían nombrarlo fijo, no siendo así en el caso del solicitante. Por este motivo, indica el solicitante que, junto a otros compañeros que estaban en su misma situación, crearon el "Sindicato General de trabajadores del proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo", con el fin de denunciar administrativamente a la empresa y luchar por sus derechos. En febrero de 2019, el solicitante recibe la carta de despido y decide junto a sus compañeros denunciar la situación, comenzando al mes siguiente a recibir llamadas telefónicas amenazantes para que retirase la denuncia. Posteriormente le ofrecieron en la empresa un trabajo de categoría inferior a la que desempeñaba a cambio de que retirase la denuncia. Tras negarse a ello, el solicitante continuó recibiendo llamadas amenazantes, comenzando a tener mucho temor por su vida. Por estos motivos decide abandonar su país y venir a España. En síntesis, el actor basa su solicitud en haber sido víctima de amenazas telefónicas sin identificar de manera concreta a los sujetos activos de dichas amenazas. Finalmente, no puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en Perú.

De la documentación obrante en autos y considerada por la Administración demandada en su resolución, la cual se da aquí por reproducida, el recurrente no tiene los caracteres o perfil de perseguido por motivos políticos y el relato ofrecido al solicitar asilo remite a razones ajenas a la protección internacional, además de ser inverosímil y las supuestas amenazas se incardinarían en el ámbito de la delincuencia común. En este caso la persona solicitante no ha alegado poseer características que la individualicen sobre el resto de los ciudadanos y que puedan ser indicio de que la extorsión no está fundamentada exclusivamente en motivos económicos sino en alguna de las causas de la Convención.

El procedimiento administrativo, por otra parte, se tramitó regularmente y no es de apreciar la menor indefensión de la parte solicitante. No se han infringido las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre derecho de asilo y condición de refugiado.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009). Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas siendo que los recurrentes, como grupo familiar en conjunto y en el particular de cada uno de sus miembros, no responden a ninguna situación que les haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen.

En definitiva, no ha quedado acreditada persecución u otra circunstancia susceptible de protección conforme a la Convención de Ginebra de 1951 ni para protección internacional subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 12/2009.

En estas condiciones, resulta ajustado a derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora. La sala, en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso, establece por todos los conceptos la cantidad máxima de 1500 €, según lo previsto en los artículos 139. Uno y tres de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.