Sentencia Contencioso-Administrativo 33/2022 Audiencia Nacional. Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7, Rec. 134/2021 de 17 de febrero del 2022

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Secretario de Estado de Empleo y Economía Social de 9 de agosto de 2021 por la que se inadmitió la solicitud de revisión de oficio solicitada por el recurrente del acto de nombramiento en comisión de servicios de Dª Ruth, dictado por el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal.

El demandante fundamenta su recurso en la falta de motivación suficiente de la resolución impugnada, que le provoca indefensión y el acoso laboral que dicha resolución supone, solicitando una indemnización de 699.940,08 euros.

El Abogado del Estado se opone al recurso alegando que se trata en todo caso de una facultad de autoorganización de la Administración con base en el artículo 83 del Estatuto Básico del Empleado Público y 36.3 del Reglamento General de Ingreso. Aduce asimismo que existe desviación procesal ya que en la reclamación administrativa no se solicitó indemnización alguna.

SEGUNDO.- La Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2013 - recurso 342/2012 - recuerda el criterio restrictivo con el que deben interpretarse las causas determinantes de la nulidad de pleno derecho, haciéndose eco de una pacífica y consolidada doctrina jurisprudencial.

El demandante acusa a la resolución impugnada de falta de motivación suficiente que le causa indefensión.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado, entre otras, en sus Sentencias de fechas 28 de septiembre de 2002, 1 de febrero de 2003 (recurso de casación 8468/98), 10 de junio de 2003 (recurso de casación 31/2002), 2 de marzo de 2004 (recurso de casación 1516/2001), 28 de junio de 2005 (recurso de casación 1304/2002) y 1 de febrero de 2006 (recurso de casación 8345/2002), que la motivación es suficiente cuando permite conocer las razones que justifican la decisión como factor de racionalidad en el ejercicio del poder y modo de facilitar su control mediante los recursos procedentes.

Pues bien, la resolución administrativa impugnada explicita las razones de su dictado de manera que el actor ha podido conocerlas y alegar lo conducente a su derecho, por lo que ha de concluirse que no existe la falta de motivación alegada y, por ende, no le ha producido indefensión alguna.

TERCERO.- Manifiesta el recurrente que dicha resolución supone un acoso laboral cuyas manifestaciones expresa en su prolija demanda.

Sin embargo, es preciso señalar que el nombramiento en comisión de servicios que impugna se enmarca en el artículo 83 del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 36.3 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de la potestad de autoorganización de la Administración y que queda perfectamente justificado en el expediente administrativo, por lo que ha de excluirse que se haya producido el acoso laboral, no acreditado, del que habla el demandante, ni existe arbitrariedad alguna en la resolución impugnada ni en la comisión de servicios conferida a la Sra. Ruth.

CUARTO.- Finalmente, alegada la desviación procesal por el Abogado del Estado respecto a la indemnización solicitada por el demandante, ha señalado reiteradamente la jurisprudencia que "esta jurisdicción tiene un carácter esencialmente revisor por requerir, como presupuesto, la existencia de un acto administrativo previo aunque su objeto no viene constituido por el acto en sí, sino por las pretensiones respecto de él deducidas. Por ello, pueden las partes del proceso contencioso-administratívo, ciertamente, aducir en apoyo de sus pretensiones cuantos fundamentos o motivos tengan por conveniente, aunque no hubieran sido planteadas en la vía administrativa ( art. 69.1 LJCA) pero no les es posible, sin embargo, introducir en vía jurisdiccional pretensiones nuevas y distintas de las tratadas en la vía administrativa" ( STS. 7/Mayo/1992).

En igual sentido, se recuerda en la STS de 10/Abril/92, que "como establecemos en nuestra reciente sentencia de 12 de marzo pasado el proceso contencioso-administrativo no permite la "desviación procesal" la que se produce cuando se plantean en sede jurisdiccional cuestiones (no motivos) nuevas, respecto de las que la Administración no tuvo ocasión de pronunciarse" y por tanto, no procede hacer pronunciamiento alguno sobre las peticiones o pretensiones que no fueran objeto de las resoluciones administrativas impugnadas al efecto de no alterar la función esencialmente revisora de la jurisdicción respecto de la actuación administrativa.

Se distingue, así, entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación. De esta manera no pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones nuevas que no hayan sido planteadas previamente en vía administrativa, aunque pueden adicionare o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la pretensión ejercitada. Así lo señala también la STC 158/2005, de 20 de junio, en la que se indica, por lo que ahora importa: "(...) Parte nuestra doctrina del reconocimiento de la legitimidad de la interpretación judicial relativa al carácter revisor de la jurisdicción contenciosoadministrativa y la doctrina de la inadmisibilidad de las cuestiones nuevas. Esa interpretación, que el Tribunal Supremo continúa aplicando tras la entrada en vigor del nuevo texto legal, asume una vinculación entre las pretensiones deducidas en vía judicial y las que se ejercieron frente a la Administración, que impide que puedan plantearse judicialmente cuestiones no suscitadas antes en vía administrativa".

Y dado que no se solicitó en la vía administrativa pretensión indemnizatoria el recurrente ha incurrido en la referida desviación procesal en punto a esta pretensión, que no puede ser admitida.

Todo lo anterior conduce a la desestimación del recurso contencioso-administrativo formulado.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa las costas procesales han de ser impuestas al recurrente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación