Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 3072/2021 de 17 de abril del 2023

PRIMERO. - Objeto del recurso.

En el presente recurso Contencioso-Administrativo, la parte demandante, impugna la Resolución del TEAC de fecha 16 de septiembre de 2021, que estima el recurso de alzada interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, de fecha 20 de diciembre de 2017.

Con fecha 10/07/2015 se interpuso la reclamación nº NUM000 ante el Tribunal Regional de la Comunidad Valenciana, contra el acuerdo de exigencia de reducciones practicadas en la sanción, incluida en acuerdo de declaración de responsabilidad dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia, por el concepto de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 e importe de 306.265,66 euros.

El interesado alegó en la reclamación económico-administrativa, en síntesis:

· Improcedencia de la apreciación de infracción tributaria y de la sanción impuesta a la mercantil Iniciativas y Diseños SL.

· Insuficiente motivación sobre la infracción de iniciativas y diseños SL contenida en el acuerdo de derivación de responsabilidad.

· Ausencia de culpabilidad del recurrente necesaria para apreciar que concurre el supuesto de derivación de responsabilidad tributaria subsidiaria previsto en el artículo 43 de la LGT.

· Inexistencia de actuación negligente de los administradores de la mercantil iniciativas y diseños SL reconocida judicialmente.

El TEAR de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación económico-administrativo, por las siguientes razones:

"CUARTO. - Recabado el expediente de la Administración actuante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 58/2003 , se comprueba la inexistencia del propio acto impugnado y su correspondiente notificación. El supuesto enjuiciado plantea la cuestión de determinar las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de que este Tribunal no disponga de los datos y antecedentes necesarios para enjuiciar la procedencia o no de la exigencia de reducción practicada. La falta de expediente priva materialmente al interesado de su derecho a la defensa y a este Tribunal de la posibilidad de llevar a cabo adecuadamente la función revisora que tiene encomendada, lo que -añadido a que es la Administración la que debe acreditar los elementos materiales y formales que permiten sostener su decisión, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 58/2003 , sin que el incumplimiento de este deber pueda perjudicar al reclamante, y a que este Tribunal tiene el deber inexcusable de resolver ( artículo 239 de la Ley 58/2003 ), determina que haya que concluir, conforme a los preceptos citados, declarando la improcedencia del acto impugnado.

En este mismo sentido, se manifiesta el TEAC en la resolución del recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio de fecha 15/07/2016 (RG 4562/2014) (...)"

Disconforme con la anterior Resolución del TEAR de la Comunidad Valenciana, la directora del Departamento de Recaudación interpuso recurso de alzada, alegando:

- El acto impugnado consta en el expediente, dado que fue aportado en la reclamación por el interesado.

- En el expediente no consta la notificación del acto impugnado, pero sí reconoce el interesado la fecha de notificación.

Por tanto, el único documento que no consta en la notificación del acto impugnado (acuse de recibo), ausencia que ha quedado suplida por la propia manifestación del interesado y por la propia impugnación.

El TEAC, en la resolución ahora impugnada, estimó el recurso de alzada por los siguientes motivos:

En fecha 12 de junio de 2014, fue notificada al interesado D. Jose Manuel, la resolución adoptada por la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Valencia por la que, en aplicación del artículo 43.1.a) de la LGT, se le declaraba responsable subsidiario de las obligaciones tributarias pendientes de la mercantil INICIATIVAS Y DISEÑOS SL de la que era administrador solidario.

Contra la citada resolución el Sr. Jose Manuel interpuso, con fecha 10/07/2014 la reclamación nº NUM001 ante el Tribunal Regional de la Comunidad Valenciana.

La citada reclamación fue desestimada en resolución de 24 de octubre de 2017.

Disconforme con la resolución del Tribunal Regional, notificada el día 15 de noviembre de 2017, el recurrente interpuso recurso de alzada nº 43/2018, ante el Tribunal Central que desestimó dicho recurso en resolución de fecha 17 de noviembre de 2020.

Con fecha 8 de junio de 2015, la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Valencia de la AEAT, dictó acuerdo por el que se exige el pago de la reducción practica en el alcance del acuerdo de declaración de responsabilidad citado, concretamente la sanción en concepto de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006, de conformidad con el artículo 41.4 de la Ley General Tributaria (reducciones del 25% y del 30%), dado que la interposición de la reclamación nº NUM001 producía la pérdida de las reducciones practicadas. El acuerdo de exigencia de pago de dichas reducciones fue acompañado por el reclamante al interponer la reclamación nº NUM000 contra dicho acuerdo, por lo que, el Tribunal Regional sí contaba con dicha documentación.

Sigue diciendo el TEAC, que en el expediente no consta el acuse de recibo de la notificación del acuerdo citado, de 8 de junio de 2015. Sin embargo, en el escrito de interposición de la reclamación nº NUM000 contra la exigencia de pago de las reducciones, el interesado señaló que " en fecha el 12 de junio de 2015 ha recibido notificación de acuerdo de exigencia de reducciones practicadas en sanciones incluidas en acuerdo de declaración de responsabilidad que se identifica a continuación", luego el interesado recibió la notificación e identificó el acto impugnado. Al mismo tiempo que formuló las alegaciones correspondientes, tras la puesta de manifiesto del expediente, por lo que no cabe hablar de indefensión, cuando el interesado conocía la documentación del expediente de declaración de responsabilidad y el acuerdo de exigencia del pago de las reducciones aplicadas sobre la sanción, incluida en el alcance del acuerdo de derivación. Por otra parte, aunque no conste en el expediente el acuse de recibo de la notificación del acuerdo de exigencia del pago de las reducciones aplicadas sobre la sanción, incluida en el alcance del acuerdo de derivación, lo cierto es que el interesado reconoció su recepción al interponer la reclamación nº NUM000, al mismo tiempo que sería de aplicación el artículo 58.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, el interesado formuló alegaciones contra el acuerdo de exigencia de pago de las reducciones, alegaciones idénticas a las realizadas contra el acuerdo de declaración de responsabilidad y que han sido desestimadas por el TEAC.

SEGUNDO. - Pretensión y alegaciones de la parte demandante y de la parte demandada.

La parte demandante solicita de la Sala una Sentencia que estime el recurso, declare contraria a derecho y en consecuencia, anule la resolución impugnada y por ende el acuerdo de exigencia de reducción de sanciones.

La parte recurrente sostiene que la ausencia de remisión del expediente determina la improcedencia del acto administrativo impugnado, remitiéndose a la Resolución del TEAC de fecha 15 de julio de 2016, RG 4562/2014.

Por su parte , la Administración demandada interesa la desestimación del recurso y la confirmación del acto impugnado, dado que en ningún caso se ha producido indefensión del demandante.

TERCERO. - Decisión del recurso.

Expuestas las respectivas posiciones de las partes, la Sala considera que asista la razón a la Administración demandada. Es claro y no es controvertido que el acto impugnado-acuerdo de exigencia de reducción practicada en la sanción incluida en el acuerdo de derivación- constaba en el expediente, porque el propio interesado lo aportó en su reclamación y lo único que no constaba era la notificación de dicho acuerdo- acuse de recibo-, pero el interesado reconoce que le fue notificado, con indicación de la fecha de la notificación.

Es claro que, aunque no conste el acuse de recibo, el interesado interpuso en tiempo y forma la reclamación económico-administrativa. Ello evidencia que el interesado conoció el contenido del acto notificado y pudo reaccionar tempestivamente por estar disconforme contra él, de dónde se infiere que no produjo al interesado ningún perjuicio ni le causó indefensión material.

Ahora bien, el recurrente alega la resolución del TEAC de fecha 15 de julio de 2016 dictada en el RG 4562/2016.

La doctrina sentada al respecto en materia de notificaciones tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional permite deducir con claridad que en esta materia no debe prevalecer, siempre e irremediablemente, una interpretación meramente formalista, de manera que la consecuencia de la concurrencia de cualquier error sea la de privar de eficacia al acto notificado. Por supuesto, el cumplimiento de los requisitos legales en materia de notificaciones, aun los formales, debe ser exigido con carácter general, pero ello no impide la modulación de dicha exigencia y, por tanto, que, dado el inevitable casuismo que la práctica ofrece, en cada supuesto, deba examinarse la gravedad del defecto concurrente en la notificación para, de este modo, determinar si éste produjo o no una verdadera, real o material indefensión al administrado, siendo necesario, a este fin, examinar cuál fue en el supuesto contemplado la conducta de las partes y la diligencia empleada por ellas ( SS.TC. 155/1989, FJ 3º; 184/2000, FJ 2 º; y 113/2001, FJ 3º), con el «consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados» ( SS.TC. 155/1988, FJ 4º; 112/1989, FJ 2º; 184/2000, FJ 2 º; y 130/2006, FJ 6º. En igual sentido las SS.TS. de 25 de octubre de 1996 (Rec. apelación 13199/91, FD 4 º) y 22 de marzo de 1997 (Rec. apelación 12960/91, FD 2º) y Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2011 -recurso nº. 6.212/2010-)

Y es que debe tenerse en cuenta que los procedimientos administrativos sirven para encauzar la actuación que la Administración está obligada legalmente a desarrollar y también -y como consecuencia derivada de dicha actuación- la relación de la Administración con los administrados que resultan en cada caso afectados por los actos que dentro de aquellos procedimientos se dicten. Desde esta perspectiva, adquiere pleno sentido el principio de conservación de los actos administrativos en orden a posibilitar -hasta el límite admisible, representado por el respeto a los derechos de los administrados- la máxima eficacia de la actividad desplegada por la Administración y, por ello, resulta plenamente lógico y justificado que el legislador haya previsto esa cláusula general en el apartado 4 del artículo 58 de la Ley 30/1992, vigente en la fecha de notificación del acto originario.

En consecuencia, encontramos que, aunque en el expediente no constase la notificación del acto impugnado-el acuse de recibo- dicha ausencia no determina la invalidez del acto administrativo impugnado, por inexistencia de indefensión material, tal y como ha resuelto la resolución del TEAC, que esta Sala confirma.

CUARTO. - Costas procesales

Las costas se imponen a la parte recurrente , conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria. Se limitan a la cantidad de 3.000 euros, por todos los conceptos, de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, se emite el siguiente,

Fallo