Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 634/2022 de 18 de octubre del 2023

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 17 de noviembre de 2021, denegatoria de la renovación de autorización de residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario.

SEGUNDO.- La resolución recurrida expone que, por resolución de 19 de diciembre de 2019, a la actora le fue denegada la protección internacional, si bien se le concedió autorización de residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario de conformidad con los arts. 37.b) de la Ley 12/2009 y 125 del Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Sin embargo, la renovación de esa autorización le es denegada en la resolución impugnada porque tiene una reseña policial.

TERCERO.- En la demanda se aduce que si bien es cierto que tenía la reseña policial mencionada en la resolución impugnada, también lo es que se debió a un lamentable error a la que ella fue totalmente ajena. Añade que, en cualquier caso, tampoco debería haber sido causa, por sí sola, de denegación de la renovación de la autorización de residencia.

Más en concreto, precisa que fue parte en un procedimiento penal, pero no lo fue nunca como investigada sino como denunciante. De este modo, para solicitar la cancelación del antecedente policial, Dª Blanca aportó a la Dirección General de la Policía una certificación del Juzgado de Instrucción Nº 32 de Madrid, correspondiente al Juicio sobre delitos leves 350/2021, del que conoció el citado órgano jurisdiccional. En la certificación se informaba del sobreseimiento de este procedimiento y, de igual forma, se señalaba que la demandante figuró en el mismo como denunciante, nunca como denunciada, con lo que carecía de total sentido la existencia de dicha reseña.

Consecuencia de lo anterior fue que la Dirección General de la Policía le notificó el 26 de junio de 2022, la cancelación de este antecedente policial que injustificadamente le generó el presente problema en su renovación de residencia.

CUARTO.- El Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda se ha allanado a la pretensión de la demandante.

QUINTO.- El artículo 74.2 LJCA exige, como requisito formal del allanamiento del representante de la Administración, que se presente testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente, con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos, y el artículo 75.2 LJCA añade que, producido el allanamiento, el Tribunal dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo que ello suponga infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

En nuestro caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, pues acompañó a su escrito autorización de allanamiento en este concreto recurso contencioso-administrativo.

Por lo tanto, cumplidos los requisitos de forma del allanamiento, procede dictar una sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, que se hallan ajustadas al ordenamiento jurídico, como resulta además del examen de la documentación que acompaña a la pretensión del recurrente.

SEXTO.- En lo relativo a las costas procesales, habiéndose producido el allanamiento de la Abogacía del Estado al contestar a la demanda, no procede imponer las costas a la Administración demandada, tal como hemos acordado, entre otras, en SAN, 4ª de 14 de noviembre de 2018 (rec. 618/2018) o en SAN, 4ª de 16 de enero de 2019 (rec. 55/2018).

Vistos los preceptos ya citados, así como los de general y pertinente aplicación,