Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1911/2021 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO. - El presente recurso tiene por objeto la resolución del Ministerio del Interior, de 19 de enero de 2021, por la que se deniega la solicitud de protección internacional presentada por la demandante.

SEGUNDO. - La demandante solicita que se declare la nulidad de la resolución que deniega la solicitud de protección internacional, la indemnización de perjuicios y que se le reconozca la condición de refugiado y el derecho de asilo en España y, subsidiariamente la autorización de permanencia en España por razones humanitarias o la protección subsidiaria del artículo 10 de la Ley de Asilo.

Fundamenta su pretensión en que la resolución es nula por falta de asistencia de abogado en la solicitud de protección internacional; en cuanto al fondo, cita el artículo 1 de la Convención de Ginebra y el artículo 2 de la Directiva 2004/83 del Consejo de la Unión Europea, que consideran como refugiados a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, no puedan o no quieran acogerse a la protección del País, en este caso la extorsión sufrida durante varios meses en 2018 y 2019 por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por lo que tuvo que vender todas sus pertenencias y venir a España; no se trata de un grupo delincuencial, corriente, sino que estamos en presencia de una organización de grupos paramilitares, para presionar, controlar y extorsionar a la población al objeto de controlar el mercado y la distribución de la droga, medio de financiación de estos grupos paramilitares de orientación política de extrema derecha que mantienen sus actividades con la intención de mantener su cuota de poder y su proyecto político; esta situación de amenaza para la vida, así como la falta de protección por parte del Estado colombiano, no se han estimado ni valorado en la notificación de denegación del derecho de asilo emitida; por otra parte entiende que la Administración, con base en el relato de la solicitante, debería haber investigado las circunstancias objetivas alegadas, valorando su trascendencia y en la resolución se utilizan alegaciones genéricas que no sirven para motivar una resolución.

TERCERO.- La representación de la Administración demandada, por su parte, opone que no se alega ninguna persecución por parte de las autoridades de su país, sino que su relato principal gira en torno al clima de inseguridad en Colombia y la extorsión por parte de grupos armados, que es una acción con finalidad económica o de financiación que no es considerado como motivo de asilo por el Tribunal Supremo, más que cuando se dan determinadas circunstancias, que no concurren en este caso; tampoco hay nada en su persona que apunte a que el motivo de la persecución pueda tener algo que ver con la pertenencia a un grupo social determinado; además, las autoridades de Colombia no son indiferentes ante la actuación de estos grupos armados organizados; en cuanto a la protección subsidiaria, es improcedente al no reunir la petición los factores descritos en el artículo 10 de la Ley de Asilo; por todo ello solicita la desestimación del recurso.

CUARTO.- De los datos que constan en el expediente resulta que la recurrente, nacional de Colombia, presentó su solicitud de asilo en Barcelona el 6 de octubre de 2020; había llegado a España, el 23 de julio de 2019; relata en la entrevista que el motivo por el que decidió abandonar su país y venir a España es la persecución y amenazas constantes por miembros de las AUC que le exigían el pago de dinero(vacuna) y ante la imposibilidad de continuar pagando, empezaron a amenazarla de muerte y si volviera a su país, continuarían las amenazas.

La denegación se basa en considerar que no ha quedado establecido un temor fundado a sufrir persecución por los motivos previstos en el artículo 3 de la Ley 12/2009; los actos de persecución se enmarcan en la delincuencia común, el clima general de inseguridad no puede ser suficiente por sí solo para otorgar el asilo y, además, el agente supuestamente responsable de la persecución es un actor tercero no estatal y las autoridades colombianas no son indiferentes ante la actuación de estos grupos armados organizados; tampoco se encuentra comprendida en ninguno de los motivos regulados en los artículos 4 y 10 de la Ley sobre protección subsidiaria.

QUINTO.- El motivo de nulidad alegado con base en la ausencia de asistencia de abogado en su solicitud no puede ser estimado; el artículo 16 de la Ley de asilo reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de asilo, que será preceptiva cuando se siga el procedimiento señalado en el artículo 21 (solicitudes presentadas en puestos fronterizos), que no es el caso, por lo que al ser informada de sus derechos y obligaciones, marcó con NO la casilla correspondiente a la asistencia de Abogado en el formulario previo a la entrevista, de modo que, voluntariamente renunció a este derecho, lo que no vicia de nulidad el acto, al no ser obligatoria tal asistencia en el procedimiento iniciado tras su solicitud.

Tampoco cabe apreciar falta de motivación de la Resolución, ni el hecho de que utilice argumentos sobre la situación del país comunes a otras resoluciones similares que afectan a ciudadanos colombianos, implica falta de motivación. Así en la resolución se exponen en los Antecedentes de hecho, los informes y documentación considerada para examinar la concreta petición, como los informes de Amnistía Internacional, ACNUR, Human Rights Watch y otros; en el Fundamento tercero se expone la desmovilización de organizaciones paramilitares, como las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC), a quien la demandante imputa la extorsión sufrida, así como las medidas específicas adoptadas por las autoridades colombianas para hacer frente a esa grave situación; en el Fundamento Cuarto se analiza la concreta alegación de extorsión y expone la doctrina del Tribunal Supremo al respecto para que la extorsión pueda ser considerada causa de asilo y señala que la solicitante " no ha alegado poseer características que la individualicen sobre el resto de los ciudadanos y que puedan ser indicio de que la extorsión no está fundamentada exclusivamente en motivos económicos sino en alguna de las causas de la Convención".

En estas condiciones la resolución contiene los elementos de hecho y de derecho en los que la Administración basa su decisión, que han sido conocidos por la demandante y ha podido oponer en su defensa los argumentos pertinentes así como, finalmente esta Sala puede controlar la legalidad de la resolución con base en los elementos que contiene, lo que excluye la causa de nulidad alegada.

Finalmente, en cuanto a la irregularidad procesal consistente en la falta de investigación de las circunstancias alegadas en la solicitud hay que decir que ante la ausencia de cualquier mínimo indicio que apoye su relato, la simple formulación de éste no contiene unas circunstancias precisas sobre las que profundizar; tampoco la demandante ha aportado prueba alguna, ni en el procedimiento administrativo ni en este recurso, que fundamente sus alegaciones.

SEXTO.- En cuanto al fondo, ante la solicitud de asilo que se formula por la recurrente, se trata de determinar si concurren las causas que determinan el derecho a la protección propia del Asilo; tales causas son las previstas en los instrumentos internacionales ratificados por España y, en especial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A(III), el 10 de diciembre de 1948, (Art.14 : "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país"), en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, disponiendo el art. 1.A.2 de dicha Convención que el término refugiado se aplicará a toda persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".

También el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que "se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»)".

Por su parte, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece en su artículo 2 que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

El artículo 3 añade que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

De los hechos antes expuestos no se deduce que la demandante se encuentre en una de las situaciones contempladas en las normas que regulan el asilo, pues el temor que manifiesta no se fundamenta en una persecución personal por ninguno de los motivos mencionados, sino en haber sido objeto de amenazas por una organización delincuencial dedicada a la extorsión.

Así, la resolución es correcta al denegar la protección solicitada a título principal pues, en definitiva, la demandante no ha invocado ninguna causa de las que pueden dar lugar a la protección internacional.

No hay indicio alguno de la persecución ni de las amenazas; o de que presentase denuncia ante las autoridades colombianas o solicitase de éstas la protección prevista en las leyes de ese país; tampoco se le puede considerar como perteneciente a un grupo social determinado en el sentido del artículo 7.1 e) de la Ley de Asilo y las consecuencias adversas derivadas de una situación de conflicto o inseguridad en una zona del país no es causa de asilo, como ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de febrero de 2016 (R. 2821/2015): "...aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005), " esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante de asilo invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos".

SEXTO.- En cuanto a la protección subsidiaria, cabe decir que está contemplada en el artículo 10 de la Ley de Asilo, y procede cuando los daños graves que dan lugar a este tipo de protección, prevista en el artículo 4, consisten en: " a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", y los hechos del presente caso tampoco tienen encaje en ninguno de los supuestos legales, siendo presupuesto indispensable la prueba de que las amenazas graves contra la integridad tengan por causa la existencia de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno que, en lo que se refiere a Colombia, como ha recordado la Sala en la reciente sentencia de 29 de julio de 2020 (R. 445/2019): «[ ...]la finalidad del asilo no es otorgar protección ante fenómenos de inseguridad ciudadana, sino sólo en casos de persecución por los motivos contemplados en la citada Convención porque el clima general de inseguridad de un país no puede ser suficiente, por sí solo y con desconexión de las particulares circunstancias de las actoras, y de otras posibles alternativas que pudieran existir, para el otorgamiento del asilo, ya que en caso contrario debería concederse a todos las personas que provinieran de dicho país [...]».

Por último, la tardanza en presentar su solicitud tampoco favorece la credibilidad de su relato, como ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de julio de 2013 (R. 138/2013:)«[...] esta Sala y Sección ha declarado al respecto (por todas, sentencia de 16 de junio de 2011 -recurso de casación número 125/2010-)que cuando una persona, tras llegar a España, deja transcurrir un largo tiempo sin solicitar el asilo, cabe concluir que es dudoso que exista una necesidad real de protección, pues resulta lógico presumir en quien tarda en pedir asilo pudiendo hacerlo, y se mantiene durante un prolongado periodo de tiempo en situación de estancia ilegal -con el consiguiente riesgo de ser expulsado- que esta consecuencia no le atemoriza, o que no siente el temor de ser perseguido ni la imperiosa necesidad de ser protegido, de buscar refugio, en suma. No se trata, pues, de que la tardanza en la petición de asilo se traduzca en una presunción de inverosimilitud del relato, sino que esa tardanza permite suponer razonablemente que los hechos relatados han perdido vigencia.

Por lo tanto, en casos en que existe una notable demora desde que el solicitante llega a nuestro país y el momento en que solicita el asilo, el mismo habrá de despejar las dudas sobre lo fundado del temor de persecución que dice experimentar [...]».

SÉPTIMO. - Por todo lo anterior, procede desestimar el recurso e imponer las costas a la parte demandante, en aplicación del art. 139.1. de la Ley de esta jurisdicción, hasta un límite de 1.500 euros por todos los conceptos.