Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1766/2021 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso administrativo por la representación de Comunidad de Regantes DIRECCION000 frente a la Resolución de la Ministra para la Transición Ecológica de 21 de Abril de 2021, que estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto frente a la anterior Resolución de 14 de febrero de 2018, que anula en cuanto a la sanción impuesta por apreciar la prescripción, manteniendo los pronunciamientos sobre las demás obligaciones o prohibiciones(...) no habiendo prescrito, por tanto, la obligación de indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico impuesta en la Resolución recurrida.

La Resolución de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 2018 había impuesto a dicha Comunidad de Regantes una sanción de 255.254,87 euros y la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en 76.576,46 euros, por la comisión de una infracción tipificada en el artículo 116. 3 apartados a), c) y g) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Artículo 116.3 apartados a), c) y g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas que tipifica como tales:

a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.

c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.

Y el apartado g) " el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley o la omisión de los actos a que obliga.

Resoluciones que tienen su origen en el inicio del expediente sancionador frente a la Comunidad de Regantes, respecto de terrenos de su titularidad sitos en el término Municipal de Bullas (Murcia), por parte del Comisario de Aguas del Segura, con fecha 2 de Marzo de 2017, por haber superado el volumen total autorizado de extracción en 106.356,2 m3 para el año hidrológico 2015-2016 sin la correspondiente autorización administrativa, incumpliendo las condiciones de la inscripción en el Registro de Aguas del aprovechamiento nº 4161 de la Sección A, Tomo 3 Hoja 532, en el lugar denominado DIRECCION000.

SEGUNDO. -La parte actora sustenta su pretensión impugnatoria de la demanda, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

Injustificada desigualdad de trato respecto a lo resuelto por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un expediente idéntico.

Se trata de otro expediente tramitado también por la CHS respecto de un Ayuntamiento, con referencia NUM000, basado en idénticos hechos pero resuelto con distinto resultado en lo referente a exigencia de indemnización.

Una y otra son dos resoluciones dictadas el mismo mes (septiembre de 2017), en la misma zona geográfica (Comarca del noroeste murciano), por el mismo hecho (extracción abusiva de aguas) en las que los hechos igualmente se califican como infracción grave, tipificándose en los mismos artículos 116.3 apartados a), c) y g) del T.R.L.A.

La CHS, constatado que el Ayuntamiento había extraído mayor volumen del permitido, no le exigió indemnizar daño alguno al Dominio Público Hidráulico, sino que únicamente le obligó a compensar la extracción abusiva constatada con la reducción de la detracción en años sucesivos, en un volumen igual al extraído en exceso, considerando la Confederación que esa era la mejor forma de reponer el "daño" al acuífero.

Si bien la Resolución se basa en el artículo 60 TRLA, éste no habla de prioridad absoluta, y en toda situación, del abastecimiento de población, que es irrelevante para resolver un expediente sancionador, y que no puede justificar diferencias de trato. Usar dicha "prioridad" circunscrita al otorgamiento de concesiones, fuera de su campo de aplicación constituye una arbitrariedad.

Respecto a que "la finalidad del recurso hídrico defraudado es distinta" que también se invoca por la Administración, el daño al Dominio Público Hidráulico depende del volumen extraído, no del uso al que se destina el agua detraída.

Cuando hay una alternativa de reposición material física del daño producido al acuífero, haciéndolo desaparecer, está fuera de lugar recurrir a simples indemnizaciones monetarias que dejan incólume el daño. Se trata de que sea posible "reponer las cosas a su estado primitivo", medida ambiental más efectiva, por lo que no es coherente sustituir esta opción por la simple reclamación de una cantidad de dinero, opción subsidiaria pensada para cuando la reposición física es imposible.

Error en la valoración de la rotura: Si bien considera la Administración que "no se aprecia que ese día 29 de junio de 2016 y los posteriores se produjera un incremento del volumen extraído de grandes proporciones como cabría esperar de la avería", ello es un razonamiento erróneo ya que lo que ocurre es que, tras la reparación, hubo una menor extracción, y el análisis a posteriori de la reparación nos da la razón al reconocer que se estaba produciendo una pérdida. Pese a haber ocurrido lo que coloquialmente se llama "reventón" de la conducción, e inundación de la vía pública, la rotura estuvo semanas, incluso meses filtrando agua al subsuelo y, previsiblemente, a viejas acequias.

TERCERO. - Puesto que se impugna en el presente recurso una Resolución de la Ministra para la Transición Ecológica que anula la sanción impuesta en una anterior Resolución por apreciar la prescripción, manteniendo la obligación de indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico impuesta en tal primera resolución, la controversia queda circunscrita a la procedencia o no de dicha indemnización de daños al dominio público hidráulico, valorados en 76.576, 46 euros.

Dados los términos de la demanda, además, ni siquiera se discute que se hayan causado tales daños, ni tampoco la cuantía de los mismos, sino que lo que se pretende es la sustitución del abono de dicho importe fijado en la resolución por la de compensar el volumen indebidamente extraído (...) por la reducción en el mismo volumen de los caudales extraídos en los años posteriores.

A tal efecto la Comunidad de Regantes actora trae a colación otro expediente tramitado también por la Confederación Hidrográfica del Segura respecto de un Ayuntamiento, con referencia NUM000, basado en idénticos hechos, pero con distinto resultado. Así, se adjunta la resolución de dicho Ministerio de 13 de septiembre de 2017 , en la que por una infracción de los apartados a), c) y g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se impone al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz una multa de 50.000,01 euros más la obligación de indemnizar los daños al Dominio Público en la cantidad de 63.807,60 euros, añadiendo la resolución que " Alternativamente al pago de la indemnización de los daños causados al dominiopúblico hidráulico, se ofrece la restitución de los citados daños si el Ayuntamiento expedientado solicita, en el plazo máximo de tres meses, la compensación del volumen detraído en exceso en el año hidrológico 2014/2015 (158.764 m3) en posteriores años hidrológicos y dicha solicitud fuere así concedida y aceptada por la Confederación Hidrográfica del Segura, restando dicha cantidad del volumen total de aprovechamiento".

CUARTO. - Es aplicable al litigio lo dispuesto en el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, a cuyo tenor:

Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.

Así como el contenido del Artículo 60 del mismo RDL 1/2001, de 20 de julio, citado tanto por la resolución combatida como por el Abogado del Estado en la contestación, que referido al orden de preferencia de usos, razona que:

1.En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.

2. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente:

1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.

2.º Regadíos y usos agrarios (...)

Es cierto que, como argumenta la Comunidad actora en la demanda el supuesto el expediente sancionador NUM000 fue incoado contra una entidad local (Ayuntamiento de Caravaca De la Cruz) por haber incumplido las condiciones de la autorización otorgada al haber extraído del aprovechamiento inscrito para abastecimiento un volumen mayor al autorizado, supuesto idéntico al del presente recurso contencioso-administrativo. Más, tal y como razona la Administración, tanto la resolución combatida como el Abogado del Estado en la contestación, la finalidad del recurso hídrico en ambos casos era distinta, pues la excesiva e indebida extracción del Ayuntamiento tenía como finalidad el abastecimiento de la población, mientras que la mayor extracción de la Comunidad de regantes actora tenía como finalidad el regadío y uso agrario.

Además de que la Sala si considera de aplicación analógica lo preceptuado en el referido artículo 60 de la Ley de Aguas, ha de tomarse en consideración que, aun de no existir el referido precepto, el abastecimiento a la población es un servicio público esencial y prioritario en tanto que el regadío por parte de una comunidad de regantes constituye, en definitiva, un uso consuntivo de agua para un interés particular y lucro de particulares.

De un lado deriva del apartado c) del artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que la Administración puede separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes siempre y cuando motive sus resoluciones, tal y como así ha acontecido en el supuesto enjuiciado.

Y en cualquier caso, y aun tratándose de hechos de gran similitud los enjuiciados por la resolución aportada por la recurrente como término de comparación y la que ahora se impugna, concurre en definitiva un elemento diferencial esencial, de carácter teleológico, cual es el destino del agua consumida en exceso, pues mientras en el caso del Ayuntamiento de Caravaca, se insiste, se trataba de un uso público para el abastecimiento de la población, en el caso de la comunidad de regantes actora, nos encontramos ante un uso privativo para regadío y uso agrario, lo que conlleva que la diferente solución adoptada por la Administración, a efectos de indemnización de daños ocasionados, se considere legítima por la Sala, conforme con los principios de interés general y protección de dominio público que rigen en la materia ( artículo 1.2 de tal Ley de Aguas).

En cuanto al pretendido error en la valoración de la rotura, que como última cuestión se opone en la demanda, tampoco puede ser apreciado en esta vía judicial y ello porque, tal y como argumenta el Abogado del Estado en la contestación, el incremento del volumen de agua extraído en el mes de junio de 2016, respecto a los meses precedentes y posteriores, resulta acorde con el hecho de que es dicho mes en el que habitualmente se extrae y almacena más agua, con vistas a las campañas estivales de cultivos. Sin que derive de la documental unida al expediente administrativo, ni de la demás prueba practicada, que el 29/06/2016 y los días posteriores se produjera un incremento del volumen extraído de grandes proporciones como derivaría de la eventual avería que se menciona. Incluso, y según razona la resolución originariamente impugnada, la suma del agua extraída de los dos pozos ese día 29 de junio y los siguientes es ligeramente inferior a la de los días previos a la rotura. Sin que en definitiva sea apreciable incremento de volumen extraído del que sea posible inferir avería alguna causante de una salida de agua de dimensiones considerables. Por lo que también dicho motivo ha de ser desestimado.

QUINTO. - Dada la desestimación del recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , procede imponer a la entidad actora las costas causadas en este procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.