Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 3125/2021 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO. - CUESTIÓN PLANTEADA.

De acuerdo con la demanda, el recurrente, nacional de Venezuela, solicitó asilo y protección internacional en fecha 18 de diciembre de 2019, habiendo arribado a España a mediados de octubre de ese mismo año, con fundamento en las siguientes alegaciones: cree que su país vive una situación de conflicto interno y solicita asilo por que su país sufre una grave crisis económica, por ese motivo se fue a Perú donde permaneció dos años. Indica que en ese país sufrió xenofobia por ese motivo decidió venir a España Comenta que no tiene pensado regresar a su país de origen, Venezuela, mientras no cambie la situación, ya que teme por su vida si regresa. Decidió venir a España por el idioma y las oportunidades laborales. Se enteró de la existencia de un sistema de protección internacional por internet.

En la demanda se hace un breve resumen de la situación que atraviesa Colombia, reconociendo que el fundamento de la petición de protección internacional no es otro que la violencia e inseguridad que azota el país, y en particular, haber sido la recurrente víctima de actos de delincuencia y atropello en su localidad de residencia.

SEGUNDO.- VALORACIÓN DE LA SALA.

Partiendo de estos hechos, la Sala entiende que no es posible estimar el recurso, de atenerse estrictamente a los términos en que se demanda protección internacional del Reino de España.

Diremos que la parte recurrente no refiere ser objeto de persecución ni se atribuye la condición de perseguida, tal como exige la legislación de asilo. La condición de refugiado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, circunstancias subjetivas ausentes en la narración formulada, con la consecuencia de que el perfil del Sr. Calixto es el propio del ciudadano de un país envuelto en graves problemas de libertad política y crisis económica que en todo caso no es negado por la Administración española. Debe repararse que en ningún momento el recurrente ni manifiesta albergar el temor fundado de sufrir persecución por el aparato gubernamental que gobierna dictatorialmente el país bolivariano ni se reconoce como integrante de movimiento político alguno que dispute el poder al actual régimen político.

Si quien recurre no reúne los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidos como refugiados, su petición sería merecedora, como máximo, de la denominada protección subsidiaria, de acreditarse motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir graves daños en integridad física.

Peticiones de esta naturaleza jurídica se basan en la posibilidad sufrir un "daño grave" en caso de regresar, al existir una situación de amenazas graves contra "la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno" - art 10.c) de la Ley 12/2009.

Es obligado, a la hora de interpretar el concepto de "violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno" se remite la doctrina contenida en la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285/12), recordando que el Alto Tribunal , al interpretar este concepto, atiende "al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte ( Sentencia de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann, C549/07, Rec. p. I-11061, apartado 17, y de 22 de noviembre de 2012, Probst, C-119/12, apartado 20)", para concluir que debe entenderse por "conflicto armado interno...una situación en la que las tropas regulares de un Estado se enfrentan a uno o varios grupos armados o en las que dos o más grupos armados se enfrentan entre sí.

Es nuestra opinión que Venezuela, por grave que sea la crisis política que atraviesa, no es actualmente el escenario de un conflicto armado, por la sencilla razón de que la oposición no se ha alzado en armas contra las autoridades estatales, por más que sí experimente un problema grave de seguridad, que se traducen en índices de delincuencia respetables.

Lo expuesto conduce a la desestimación del recurso.

TERCERO. - COSTAS PROCESALES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente hasta el límite de 1.000 euros.