Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1730/2021 de 18 de septiembre del 2023

PRIMERO: El acto recurrido es la resolución del Ministerio del Interior por la que se le deniega al recurrente, nacional de Benín, el derecho de asilo y la protección subsidiaria solicitado

El solicitante, nacido el NUM002 de 1998, formalizó su petición en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla el 17 de julio de 2019, tras llegar a España el 9 de julio de 2018.

Fundamentaba su solicitud de protección internacional en amenazas de muerte de su padre y la familia de su padre, que son musulmanes, por haberse convertido al cristianismo para poder casarse con una mujer cristiana. Estos hechos ocurrieron en 2016 en el pueblo de Bougou (Benín). Su madre le aconsejó alejarse del pueblo y se fue a la ciudad de Manaville frontera con Níger. Aunque no tenia problemas en esa ciudad decidió salir del país dejando sola a su novia, dado que allí no tenia trabajo. Desde Níger se fue a Argelia donde trabajó año y medio en la construcción y posteriormente a España.

Su solicitud fue admitida a trámite por silencio administrativo al haber transcurrido el plazo previsto a los efectos de notificación de la resolución, tramitándose por procedimiento ordinario, según lo señalado en el art. 21.5 de la Ley 12/2009

La resolución recurrida aprueba la propuesta la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) y señala que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado. En efecto, de sus propias declaraciones se infiere que toda la presión que dice haber sufrido se desarrolla en el seno de la familia, y en concreto de su familia paterna, sin que en ningún momento estén involucradas las autoridades de su país, precisamente debido a que como se ha señalado, en Benín la libertad religiosa es respetada de manera oficial y por tanto los problemas del solicitante se circunscriben a una esfera privada que escapa de los motivos que la legislación recoge como causa de protección internacional, sin que conste denunciara las amenazas recibidas para que en su caso el Estado le otorgara protección. Además, el solicitante refiere haber dejado la localidad donde vivía -Bougou- para ir a Manaville, donde él mismo reconoce no haber sufrido ningún incidente, y haber decidido dejar el país en última instancia a causa de la falta de perspectivas laborales, lo cual resulta ajeno al ámbito de la protección internacional, ya que en Benín no existe persecución por motivos religiosos. Tampoco es de aplicación en este caso la protección subsidiaria.

La parte recurrente en el escrito de demanda alega que concurre una causa de persecución para la concesión de asilo dado el relato verosímil que ha realizado de las amenazas recibidas y el temor fundado a regresar a la república de Benín. Se trata de auténticas amenazas de muerte que constituyen un acto de persecución y han de ser objeto de protección internacional. Estas amenazas de muerte dentro del seno de la familia y la comunidad religiosa son muy extendidas entre los musulmanes radicales, que son capaces de sacrificar a su propia prole en cualquier país donde vivan si desobedecen al padre y a la comunidad religiosa. De las amenazas claramente se infiere que si se hubiera quedado en su lugar de origen, muy probablemente le habrían matado. De forma subsidiaria solicita se le conceda protección subsidiaria conforme al artículo 4 y 10 ley de asilo ya que existen motivos fundados para creer que, si regresa a Benín, se vería en peligro por las amenazas de la familia de su padre como por el clima general de inseguridad y violencia indiscriminada que se vive en la República de Benín.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso compartiendo los argumentos de la resolución recurrida.

SEGUNDO: En el derecho español la Ley 12/2009 tiene por objeto regular la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria (artículo 1). Esa protección internacional consiste, en ambos casos, en la no devolución, ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido y además en todo caso en la autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a los servicios públicos de empleo a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a los servicios sociales, libre circulación en las mismas condiciones que los españoles, pudiéndose establecer servicios complementarios de ayudas ( artículo 5 y 36 de la Ley 12/2009).

La parte recurrente pretende tal como solicitó ante el Ministerio del Interior protección internacional (derecho de asilo y protección subsidiaria).

TERCERO: El derecho de asilo se concede a los que se les reconoce la condición de refugiado. La condición de refugiado se reconoce conforme al artículo 3 de la ley 12/2009 a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad o apátridas y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Además, se requiere que no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.

Las condiciones para la concesión de asilo se regulan en el artículo 6 y 7 y son las siguientes:

1. Temor a ser perseguido. Por tanto, tiene que ser fundado lo que requiere que ese temor este basado en una situación objetiva, lo que exige el análisis de la situación existente en el país de origen.

2. Los motivos de persecución tienen que ser por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

3. Las formas de persecución tienen que ser graves y pueden ser, entre otras: a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual; b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria; c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios. d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias; e) procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de esta Ley (delitos contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad).

4. El agente de persecución tiene que ser conforme al artículo 13: a) el Estado; b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio; c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves.

5. El agente protector (Estado o partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable del territorio) no puede proporcionar protección. En general, se entenderá que existe protección cuando los agentes de protección adopten medidas razonables y efectivas para impedir la persecución o el padecimiento de daños graves, tales como el establecimiento de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y siempre que el solicitante tenga acceso efectivo a dicha protección.

En este caso considera la Sala que no concurren los presupuestos para otorgar el derecho de asilo. La solicitud está basada en alegaciones de persecución por parte de agentes distintos de las autoridades de su país de origen, sin que del expediente ni de la información disponible sobre el mismo se deduzca que estas autoridades hayan promovido, tolerado o autorizado los hechos alegados o hayan permanecido inactivas ante los mismos. Este dato por sí solo impide que se pueda conceder asilo ya que incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de otorgarle protección. En este caso, la información de país de origen muestra que en Benín existe libertad religiosa con el 48% de la población cristiana y 27% musulmana, con solo incidentes muy puntuales en que la intervención de la policía es para garantizar la libertad religiosa. En este caso no consta ni siquiera que denunciara los hechos acaecidos en el ámbito familiar para obtener protección, reconociendo él mismo que al final la salida del país ha sido para mejorar sus condiciones de vida, dado que una vez abandonó su pueblo, pudo vivir en otra parte de Benín sin ningún problema.

CUARTO: Descartado que concurran los requisitos necesarios para la concesión del derecho de asilo, procede examinar si concurren los presupuestos para otorgar la protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria, se reconoce conforme al artículo 4 Ley 12/2009, a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009: a) condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante, c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

Del relato de la parte recurrente no se infiere un riesgo real de sufrir alguno de esos daños graves en las circunstancias referidas, ya que, descartada, por evidente, la concurrencia de las circunstancias contempladas en las letras a) y b), las amenazas graves contra la vida o contra la integridad previstas en el apartado c) aparecen indisolublemente en el precepto citado a situaciones de violencia indiscriminada en determinadas situaciones de conflicto interno/internacional. que en este caso no se ha acreditado exista en Benín teniendo en cuenta la definición de conflicto armado interno realizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 30 de enero de 2014, asunto C.285/12) que considera necesario que concurran dos elementos: 1) que haya uno o más grupos armados involucrados, ya estén involucradas las tropas regulares de un Estado o no; 2) que exista un enfrentamiento entre esos grupos armados.

QUINTO: Co nforme a lo razonado procede desestimar el recurso. Las costas se imponen a la parte recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria. Se limitan a la cantidad de 1.500 euros por todos los conceptos de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Respecto a la condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, dispone que el beneficiario de justicia gratuita que fuera condenado en costas: "...quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil".