Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 1912/2019 de 19 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Inicialmente el recurso contencioso administrativo formulado por doña Susana se dirigió contra la presunta desestimación de la nacionalidad solicitada por la actora el 16 de febrero de 2018. No obstante, tras la reclamación del expediente administrativo y conferido el trámite para la formulación de la demanda, la impugnación debe reconducirse contra la resolución de 3 de abril de 2021 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que deniega la nacionalidad solicitada.

Es cierto que el recurso no fue ampliado a la resolución expresa, pero en aras de garantizar una respuesta que abarque la totalidad de la actividad impugnada, damos por buena la referencia que la demanda hace a la actividad impugnada como si de una ampliación formal se tratara.

La resolución de 3 de abril de 2021, acordó la denegación de la nacionalidad porque no quedó justificado suficientemente la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil, tras constatar la existencia de antecedentes penales no cancelados. Concretamente puntualizaba «[f]ue condenada en sentencia de fecha 01/02/2011 por el Jdo. de lo Penal nº 1 de San Sebastian/Donostia por 2 delitos de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar ( art.153 CP ) [...]".

SEGUNDO.- El escrito de demanda, en síntesis, afirma que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos legal y normativamente, nada se dice sobre la constancia de los antecedentes penales que constan en la resolución expresa.

Sobre el alcance del requisito de la buena conducta cívica a que se refiere el mencionado precepto se ha pronunciado, en efecto, el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, y así en la de 12 de febrero de 2010, recurso núm. 1076/2007, que aborda la incidencia que sobre la valoración de dicho requisito ha de tener la comisión de hechos delictivos en fechas próximas a la petición de nacionalidad, lo que, como veremos, ha sucedido aquí.

La buena conducta cívica del artículo 22.4 del Código Civil constituye un concepto jurídico indeterminado, por lo que la Administración debe verificar si concurre o no: si la respuesta es afirmativa, debe conceder la nacionalidad española; si la respuesta es negativa, debe denegarla. No puede, por tanto, fundar su decisión en consideraciones de oportunidad o conveniencia. Es igualmente doctrina jurisprudencial consolidada que el hecho de haber sido penalmente condenado no es, por sí solo, suficiente para tener por no acreditada la buena conducta cívica, de la misma manera, por cierto, que el hecho de carecer de antecedentes penales tampoco basta para tener dicho requisito por probado. Las actuaciones penales, con o sin condena, que hayan podido seguirse contra quien solicita la nacionalidad española por residencia son datos a tener en cuenta, junto con otros que puedan resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del civismo. Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es posible que, aun habiendo sido ya cancelados los antecedentes penales, un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado para tener por no satisfecho el requisito del art. 22.4 CC ; y, viceversa, cabe que determinados antecedentes penales todavía no cancelados resulten, habida cuenta de su significado, insuficientes para formular un juicio negativo sobre el civismo del solicitante ( SsTS de 17 de marzo de 2009, recurso 8559/04 ,y 26 de mayo de 2009, recurso 1970/05).

Como ha resumido la sentencia de esta Sala y Sección de 23 de marzo de 2009, recurso 3002/26, en primer lugar la cancelación de antecedentes penales no es suficiente para dar por acreditado ese requisito de la buena conducta cívica; y en segundo lugar, la buena conducta cívica constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no transgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende, envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo de permanencia en España, que no puede corresponderse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales.

En definitiva, el civismo no consiste solo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad ( STS de 18 de junio de 2009, recurso 2915/05). De aquí que la Administración deba tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en cada caso, haciendo una razonable valoración de conjunto de las mismas.

TERCERO.- Siguiendo la doctrina expuesta, en el presente caso consideramos acertadas las razones por las que la Administración denegó al interesado la nacionalidad española.

Como se ha puesto de manifiesto en el expediente administrativo y recoge la resolución impugnada, el interesado fue condenado por sentencia de fecha 1 febrero de 2011 por el Juzgado de lo Penal nº 1 de San Sebastián por dos delitos de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar. Por lo tanto, como acertadamente apreció la Administración, resulta inviable la concesión de la nacionalidad española al no poderse apreciar la buena conducta cívica exigida por el tan reiterado artículo 22.4 del Código Civil, en la medida que cuando solicitó la nacionalidad todavía tenía la actora antecedentes penales no cancelados.

CUARTO.- La desestimación del recurso y con ello, por aplicación del artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción; no obstante, ante el inicial silencio de la Administración a la solicitud de nacionalidad no hacemos expresa condena en costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación