Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1703/2021 de 19 de febrero del 2024

PRIMERO.- Se impugna a través del presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Ministerio del Interior de fecha 21 de abril de 2021, que deniega su solicitud de protección internacional, así como la protección subsidiaria al recurrente, nacional de Ghana.

La resolución administrativa señala que los motivos de la solicitud se fundamentan en la existencia de una situación de conflicto de naturaleza estrictamente familiar, que, según se desprende de lo alegado, constituiría un delito de tipificación ordinaria o común.

Así, la presente solicitud se fundamenta en hechos ajenos a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Los Refugiados, toda vez que plantea cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o para la concesión de la protección subsidiaria. El interesado invoca motivos al margen de las causas de reconocimiento del derecho de asilo y del estatuto del refugiado, describiendo una situación cuyas causas no residen en la existencia de una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 12 /2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Tal y como se plantean los hechos, se trata de una solicitud fundada en alegaciones desprovistas de alcance a la hora de proporcionar un historial que pueda avalar la existencia de una necesidad de protección internacional. La problemática expuesta no guarda relación con circunstancias o experiencias que en concordancia con la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley 12 /2009 pudieran hacerle acreedor de Protección internacional, ni se sustancia a partir del ejercicio de una oposición política o social por parte del interesado, quien en lo religioso y étnico tampoco muestra signo distintivo o individualizado alguno.

Por tanto, considera la resolución que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado.

De la misma forma, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión de protección subsidiaria.

SEGUNDO.- Se alega en la demanda, tal y como relata durante su entrevista al realizar la solicitud de asilo, que en su país de origen, Ghana, se encontraba viviendo junto con su familia en el pueblo en el que residía, siendo el Jefe del pueblo su padre; al fallecer éste, el hoy recurrente hereda el legado de su padre y el derecho a continuar con la Jefatura de su pueblo, sin embargo, surge una disputa con su tío por la Jefatura, siendo amenazado por éste, que le amenaza, hostiga y agrede, por lo que al temer por su vida y la de su familia, tiene que huir del país.

Manifiesta que su relato se muestra veraz, consistente, haciendo hincapié en la inseguridad general que vive Ghana donde existen grupos sociales que están siendo desplazados forzosamente del país.

En caso de ser rechazada la solicitud de asilo y protección subsidiaria, interesa la permanencia por razones humanitarias, dadas las circunstancias concurrentes en su solicitud de asilo, tanto personales, como referentes al país de procedencia Ghana.

Finalmente manifiesta que se ha infringido el trámite de audiencia previo a redactar la propuesta de resolución, por lo que no pudo aportar documentación probatoria adicional en el procedimiento. De este modo, señala "se han puesto de manifiesto la existencia de Actos Nulos que se encuadran en el artículo 62.1 e) de la Ley de Régimen jurídico 30/92 de 26 de noviembre, Actos Administrativos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

El Abogado del Estado se opone a la demanda, interesando la confirmación de la resolución impugnada, en atención a las razones que expresa la resolución impugnada.

TERCERO. - En primer lugar, vistos los términos en los que la parte actora ha planteado el debate, razones de lógica jurídico-procesal exigen resolver los defectos procedimentales aludidos en el escrito de demanda determinantes, a su juicio, de la nulidad de la resolución administrativa impugnada ex artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, no sin antes hacerse saber a dicha parte que tal texto legal está derogado por la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aplicable en este caso atendiendo a la fecha en que se formuló la solicitud de protección internacional, en relación con su concordante artículo 47.1.e).

Comenzando con la invocada falta de audiencia del interesado, procede recordar que el artículo 25 del Reglamento de aplicación de la Ley de Asilo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, dispone que "una vez instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en el plazo de diez días, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes" (apartado 1), pero pudiéndose prescindir de este "trámite de audiencia cuando no figure en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado" (apartado 2) -reflejo de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 en su apartado 4 señala que "Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".

Esto último es lo que ha ocurrido en el supuesto de autos, en que según se constata en el expediente, al dictarse la resolución recurrida se han tomado en consideración todas las alegaciones del interesado, y también la documentación que acompañó en cada momento, no apreciándose, por tanto, indefensión material alguna en la medida en que, además, no se explica en la demanda qué concretos hechos o medios probatorios distintos a los tomados en consideración por la Administración pudieran haberse alegado y practicado, respectivamente, con trascendencia para la adopción de una resolución en sentido distinto.

Es jurisprudencia reiterada la que indica que sólo procede la anulación del acto cuando las infracciones procedimentales supongan una disminución efectiva, real y trascendente de garantías, incidiendo en la resolución de fondo, de forma que puedan alterar su sentido, sin que, en cambio, sea procedente la anulación del acto cuando se puede prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular, o cuando la omisión de un trámite no cause indefensión al interesado, indefensión que no existe si, a pesar de la omisión de aquél, el interesado ha tenido ocasión de alegar a lo largo del procedimiento administrativo, o en vía del recurso administrativo o jurisdiccional, todo lo que no pudo alegar al omitirse dicho trámite (por todas, sentencia del Alto Tribunal de 20 de junio de 2012), cual es el caso.

En definitiva, no existe ninguna irregularidad que le haya ocasionado indefensión material ni, por tanto, que resulte constitutiva de nulidad.

CUARTO.- Ya en cuanto al fondo de la pretensión, hemos de recordar que la definición del asilo y la condición de refugiado político comprende al extranjero que tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal país, pero el solicitante debe acreditar que por esas causas teme ser perseguido si regresa al país de su nacionalidad ( STS de 11 de mayo de 2017 - rec. 2982/2016- )

En efecto, el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967 ".

Conforme al art. 3 de la Ley 12/2009 que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 ".

En primer lugar, cabe señalar que fue siendo la parte recurrente la que presentó la solicitud de protección internacional, es a ella a quien correspondía exponer las razones por las que tiene un temor fundado de persecución o de sufrir daños graves por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

En relación con la prueba sobre la concurrencia de elementos que permiten conceder la protección internacional, el art 18.2.b) de la ley 12/2009, hace referencia a la obligación de aportar lo antes posible documentación de la que dispongan sobre su "edad, pasado...identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, y motivos por los que se solicita la protección". En la misma línea, el art. 4 de la Directiva 2011/95/UE establece que el solicitante debe aportar "lo antes posible todos los elementos necesarios para fundar su solicitud", haciéndose referencia a las "declaraciones del solicitante y a toda la documentación de la que disponga".

Al respecto, en el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado se indica que "corresponderá en primer lugar al propio solicitante comunicar los hechos pertinentes del caso". Esto es, corresponde al recurrente la carga de exponer y aportar el máximo de pruebas de las que disponga y respalden su solicitud. Y, a continuación, se dispone que el examinador debe apreciar la validez de las pruebas y su crédito. Haciéndose también referencia a la dificultad que pueden tener los solicitantes de asilo a la hora de aportar pruebas que respalden su solicitud y a la necesidad de que la Administración adopte una posición activa por tal causa. Así se dice que "aun cuando en principio la carga de la prueba incumbe al solicitante, el deber de averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a la vez al solicitante y al examinador". Incluso se hace referencia al juego del " beneficio de la duda en determinados casos". Estas pautas, por lo demás, inspiran el art. 4.5 de la Directiva 2011/95/UE y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta por esta Sala (en este sentido, SAN, 2ª de 26 de junio de 2018 (rec. 328/2017 ).

QUINTO.- Pues bien, las alegaciones contenidas en la demanda no desvirtúan los razonamientos de la resolución impugnada, respecto de que no existe base suficiente para entender que el recurrente sea merecedor de la protección internacional solicitada.

En el caso de autos, el carácter genérico del relato ofrecido por el solicitante en lo que se refiere a las circunstancias concretas de la persecución que invoca, limitándose a manifestar que su huida se debió a una disputa entre su tío por una herencia, impide apreciar los más mínimos indicios de verosimilitud de su relato, teniendo en cuenta además que el recurrente era mayor de edad y podría haberse desplazado a otro lugar del país y hacer una vida independiente.

A ello cabe añadir que, en todo caso, los hechos que relata como constitutivos de persecución, no proceden de las autoridades del país sino de sus propios familiares, por lo que bien podía haber pedido protección a tales autoridades, no habiéndose justificado, por tanto, que estas no le hayan otorgado la protección que precisaba.

SEXTO.- Un a vez rechazada la concurrencia de los requisitos necesarios para la concesión del derecho de asilo, la recurrente solicita que se le otorgue la protección subsidiaria contemplada en el artículo 4 de la Ley 12/2009 .

Este artículo dispone que: "El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley " .

El art. 10 de la citada norma añade que:

"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

En el caso de autos la Sala considera que no ha quedado acreditado la existencia de motivos fundados de la existencia de un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la mencionada ley, máxime cuando no se realiza alegación alguna tendente a acreditar ese riesgo, más allá de interesar de modo subsidiario tal pretensión.

Por ello, hemos de concluir que no existen indicios suficientes de persecución en los términos del artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados que determine la concesión de la protección internacional solicitada.

SÉPTIMO.- En similares términos hemos de pronunciarnos respecto de una posible autorización por razones humanitarias, que el actor vincula a la situación de indefensión y violencia en que se encuentra en su país de origen.

El Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de asilo, tras las modificaciones efectuadas por el Real Decreto 2393/2004, permite la permanencia en España bajo la forma de autorización de estancia a las personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y no cumplan los requisitos previstos en la Convención de Ginebra y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en las que se aprecie que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad; y a aquéllas otras personas en las que concurran razones humanitarias -que el Reglamento no especifica- distintas de las anteriores, siempre y cuando estén acreditadas en el expediente.

Las razones humanitarias no se refieren a cualquier razón de tipo humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso. Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con el disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que ésta tuviera que volver a su país. Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.

Como ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 2003, entre otras, "Nos encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la Administración pueda autorizar al extranjero en quien no concurran los requisitos del artículo 3.1 de la Ley a permanecer en España, confiriendo de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta del solicitante de asilo con un margen de discrecionalidad para resolver".

Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016, recurso 374/2016: "conforme a la normativa vigente, la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen.

Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería".

No concurriendo en la parte recurrente ninguna de las causas de vulnerabilidad del artículo 46 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, pues no ha probado la existencia de circunstancias personales que le hicieran merecedora de dicha protección, más allá de la situación general política y social existente en Colombia, ha de conducir a la confirmación de las resoluciones recurridas.

OCTAVO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, se imponen las costas a la parte recurrente. Si bien, haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se fija su importe en un máximo de 1.000 euros, por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente

Por la potestad que nos confiere la Constitución española,