Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 30/2021 de 19 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución del TEAC de 19 de octubre del 2020, por la que se desestima el recurso de alzada nº 00-06692-2017 presentada contra el acuerdo del TEAR de Andalucía, que estimó en parte la reclamación nº 11/1457/2014 frente a la declaración de responsabilidad solidaria, al amparo del artículo 42.1 c) LGT, por deudas de COTRINSUR-MAT, S.L. , efectuada por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía.

SEGUNDO.- La demandante se opone con un único argumento a la resolución impugnada, sosteniendo la incompetencia de la Dependencia Regional de Inspección de Andalucía para efectuar la inspección a una sociedad residente en Puertollano.

Este argumento lo apoya en el artículo 3.3.4 de la Resolución de 24 de marzo del 1992, de la AEAT, sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, según el cual "cuando resulte adecuado para el desarrollo del plan de control tributario, el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria podrá acordar la extensión de las competencias de la Dependencia Regional de Inspección de una Delegación Especial, o de las unidades integradas en la misma, al ámbito territorial de otras Delegaciones Especiales o de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, oídos los Delegados afectados, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2.e) de la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los Departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se le atribuyen funciones y competencias". Sostiene el demandante que no se ha dictado el acuerdo del Director del DIFT; la autorización emitida por el Subdirector General de Inspección Territorial no valida las actuaciones de la Dependencia Regional de Andalucía. Esta resolución ni siquiera fue notificada al interesado ni se cargo la actuación en el plan de inspección.

Frente a este argumento la Abogacía del Estado, después de sostener que estamos en presencia de una cuestión nueva, contrapone que no se está produciendo una extensión del ámbito ordinario de competencia de la Dependencia Regional de Andalucía, sino que el Subdirector General de Inspección Territorial ha validado el inicio de actuaciones al amparo del apartado 4.2.2 C), que se refiere al supuesto en el que sea necesaria una actuación coordinada frente a cualquiera de las sociedades que se encuentran en el caso del artículo 18.2 Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.

TERCERO.- A nuestr o entender no hay impedimento procesal para conocer de las alegaciones efectuadas por la demandante. Se trata de un mero motivo de impugnación, que aunque no hubiera sido empleado en la vía administrativa, puede hacerse valer en este momento.

El acuerdo del Subdirector General de Inspección Territorial cita expresamente el apartado 4.2.2 C) de la Resolución del DIFT, por lo que no estamos ante un supuesto de extensión del ámbito territorial de competencias.

Dicho apartado señala que las competencias de inspección se ejercerán frente a "lo s obligados tributarios en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18.2 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, sin estar domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva Delegación Especial o estando adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, cuando proceda la realización de actuaciones o procedimientos coordinados con otras actuaciones o procedimientos iniciados por la Dependencia Regional de Inspección frente a alguno o algunos de los obligados tributarios sobre los que tenga competencia de acuerdo con lo previsto en el número 2.1 anterior.".

Por lo tanto, no puede reprocharse a la actuación administrativa la extensión indebida de competencias sin autorización del Director del DIFT, en tanto que la actora no cuestiona que se diera el supuesto del artículo 18.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades, ni la orden interna del Subdirector General tenía por qué ser notificada al interesado con carácter previo al inicio de las actuaciones inspectoras, lo cual perjudicaría la eficacia de las actuaciones de inspección.

Por último, la carga del plan de inspección se entiende implícita en la resolución de la Subdirección General de Inspección Territorial porque es consecuencia de la inspección programada a la sociedad con domicilio en Andalucía.

CUARTO.- Las costas se imponen al demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 3.000 euros.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente