Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1006/2018 de 20 de febrero del 2024

PRIMERO.- Se impugna la resolución de 31 de agosto de 2018 de la secretaria de estado de Justicia, por delegación del ministro del departamento, por la que se inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado planteada por el ahora recurrente.

El 13 de marzo de 2017 el ahora recurrente presentó escrito ante el Ministerio de Justicia en el que reclama una indemnización de 50.000 euros.

Alega, en síntesis, que se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia al entender que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cádiz le denegó testimonio de actuaciones de diligencias previas 388/1992 sin que conste formulara recurso contra tal decisión judicial.

SEGUNDO.- La resolución de inadmisión se fundamenta en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015 que autoriza a la Administración a resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, siendo así que la reclamación ha de ser inadmitida por considerarse un funcionamiento normal la denegación de testimonio sin que de contrario haya sido impugnado en vía judicial.

Consta que el ahora recurrente presentó escrito de solicitud de testimonio de actuaciones de las diligencias previas nº 388/1992, pero no que dicho escrito no fuera proveído ni que el testimonio solicitado una vez denegado no pudiera ser objeto de recurso. Resulta que el ahora recurrente no acredita la interposición de recurso contra esa denegación de testimonios ni indica siquiera en calidad de qué intervenía en las citadas diligencias y motivos por los que, como interesado, tenía derecho a los meritados testimonios. Lo pertinente hubiera sido reiterar la petición o, en su caso, interponer contra la denegación los oportunos recursos, no constando que el recurrente haya realizado nada de eso.

Tampoco se acredita por el actor daño o perjuicio alguno que fundamente su pretensión indemnizatoria, ni relación causal entre la actuación del juzgado y cualquier hipotético daño.

Por tanto, y como señala la resolución recurrida, en el presente caso estamos ante un caso de funcionamiento normal de la Administración de Justicia, razón por la cual, al ser manifiesta la falta de fundamentación de la solicitud formulada, resulta conforme a derecho la resolución de inadmisión de la misma, conforme a lo establecido 88.5 Ley 39/2015.

TERCERO.- Debe por todo lo expuesto ser desestimado el presente recurso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, habiendo sido desestimadas todas las pretensiones de la parte recurrente y no concurriendo las circunstancias expresadas en el apartado 1 de dicho precepto, el recurrente debe ser condenado al pago de las costas causadas.

Fallo