Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 2234/2022 de 20 de febrero del 2024

PRIMERO. Hechos del litigio y resolución denegatoria de la protección internacional.

Nacional de Venezuela, don Cristobal formalizó petición de protección internacional, presentando el siguiente relato de persecución:

«(...) Manifiesta que Venezuela está viviendo una crisis social, política y humanitaria debido al régimen de Nicolás Maduro, que hay violaciones constantes de derechos humanos donde el que tiene una ideología política contraria al gobierno es perseguido. Afirma que hay cortes de suministros que duran hasta semanas y. que hay desabastecimiento de alimentos y de medicinas.

Refiere que en el año 2016 fue diagnosticado como paciente VIH positivo, lo que hizo que tratara de buscar un tratamiento en Venezuela, si bien debido a toda la situación que vive el país no había ni tratamiento ni medicinas para su enfermedad.

Indica que en el año 2016 se fue a Colombia por ese motivo, donde estuvo tres años hasta que se venció el permiso de permanencia, por lo que tuvo que regresar a Venezuela.

Manifiesta que en el año 2019 contactó con la fundación Stop Sida de Barcelona, la cual le ayudó en el tratamiento de su enfermedad y que fue finalmente la que le dijo que viniera a España y la que lo empadronó en la ciudad».

Admitida a trámite la solicitud e instruida por el procedimiento ordinario, por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio se formuló propuesta de denegación en la que se expresa que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado y que, en consecuencia, no concurren los supuestos del artículo 3 de la Ley 12/2009.

De la misma forma, se entiende que no concurre ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión de protección subsidiaria.

Finalmente se considera que tampoco es posible una autorización de residencia por razones humanitarias, haciendo mención a que se desprende que el solicitante proviene de un tercer país seguro donde ni con carácter general por el hecho de ser venezolano ni con carácter particular a tenor de lo expuesto en su relato es posible entender que su permanencia en dicho país podría suponerle ni un riesgo de persecución por su origen ni daños graves por el mismo motivo. Por ello, se concluye que la solicitud ha sido preparada exprofeso con la finalidad de emplear la vía del sistema de asilo español para intentar establecerse en España según un proyecto migratorio planeado, motivado por aspectos de índole socioeconómica y eludiendo la legislación vigente en materia de Extranjería.

Haciendo suyos los términos de la propuesta, por la resolución de la Subsecretaria del Interior por delegación del Ministro, de 22 de diciembre de 2021, se deniega el derecho de asilo, la protección subsidiaria así como la autorización de residencia por razones humanitarias.

SEGUNDO. Posiciones de las partes.

Disconforme con lo resuelto, don Cristobal acude a la jurisdicción solicitando un pronunciamiento en los términos reproducidos en los antecedentes. En la demanda se aduce que concurren los requisitos exigidos para otorgar a don Cristobal la protección internacional y, en todo caso, se considera que existen razones humanitarias para que se autorice su permanencia en España.

De forma inversa, a juicio del Abogado del Estado no concurren las causas de reconocimiento del derecho de asilo e igualmente considera improcedente la protección subsidiaria al no darse los supuestos previstos en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009.

TERCERO. Criterio de la Sala y decisión del recurso.

Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 dispone que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Del relato presentado, transcrito renglones más arriba, no puede inferirse la existencia de una persecución individualizada del recurrente. Lejos de ello, lo que se describe es la grave situación general existente en Venezuela, lo cual puede hacer comprensible su salida del país, pero no es causa de asilo y fuera de esto, el recurrente ha estado establecido en Colombia que se considera un país seguro.

Al respecto de la protección subsidiaria, dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Por su parte, el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

Y para finalizar, no apreciamos que concurran razones humanitarias para otorgar la autorización de residencia a que se refieren los artículos 46 de y 37 b) de la Ley 12/2009, interpretados por las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (casación 868/2019, fundamentos jurídicos 8º y 9)º y de 16 de noviembre de 2022 (casación 1766/2022, fundamento jurídico 2º), puesto que ni se formuló una solicitud específica y diferenciada a la Administración -en lo que afecta al régimen general de este tipo de autorizaciones- ni tampoco se aprecia en una situación de especial vulnerabilidad-por lo que se refiere al régimen especial-.

No cabe duda tampoco que no concurren razones para otorgar la protección subsidiaria. Del artículo 4 de la Ley 12/2009, en relación con el 10, resulta que constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; y c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

Y para finalizar, no apreciamos que concurran razones humanitarias para otorgar la autorización de residencia a que se refieren los artículos 46 de y 37 b) de la Ley 12/2009, porque el recurrente proviene de Colombia, donde ha estado residiendo de forma estable durante un dilatado periodo de tiempo, donde residen más de 1.800.000 venezolanos y están implantadas políticas flexibles de control migratorio de los nacionales de Venezuela, facilitando la obtención de permisos de permanencia.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso.

QUINTO. Costas Procesales.

Conforme a lo previsto en el artículo 139 LJCA, procede imponer a la parte recurrente el abono de las costas causadas en este proceso, si bien, y haciendo uso de la facultad prevista en el art. 139.3 de la Ley de la Jurisdicción, la Sala limita el alcance cuantitativo, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 1.000 euros por la intervención del abogado del Estado, atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.