Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1233/2021 de 20 de septiembre del 2023

PRIMERO.- En el presente recurso se impugna la resolución dictada por el Ministerio del Interior por que se acuerda denegar la petición de asilo y protección internacional a Carolina y en nombre propio y de su hijo menor Luis Alberto, nacionales de Perú.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Resumidamente, el relato ofrecido por la parte recurrente remite a la voluntad de residir en España. Afirma que fue objeto de la violencia física, psicológica, sexual, amenazas y coacciones ejercida por su expareja. Las agresiones, según su relato, comenzaron en fecha 15 junio de 2018 y se habrían producido hasta el 28 de noviembre de 2019 de forma intermitente. Señala que su expareja la insultaba, amenazaba y le enseñaba vídeos con armas, En fecha 21 de septiembre de 2019, la agredió, la golpeó, la arrastró del pelo, e intentó ahorcarla y le dio patadas. "En fecha 28 de noviembre de 2019, la insulto, le quito el móvil y se lo tiró al suelo, le dio un puñetazo en un hombro y le dio bofetadas, la obligo a tener relaciones en contra de su voluntad le dio patadas en las piernas y le mordió los labios. Con respecto a la descripción de esta última agresión, la interesada manifiesta que fue forzada a tener relaciones sexuales con su presunto agresor, si bien, en la denuncia obvia este dato y solamente refiere que intentó besarla, hecho que podría parecer poco coherente" (sic).

Respecto de las agresiones la recurrente no describe daños físicos ni haber necesitado asistencia en centro médico. Tampoco acredita documentalmente, y la denuncia fue formalizada por la interesada aproximadamente un mes antes de abandonar Perú. Si bien, la interesada alega que empezó a ser agredida por su expareja en fecha 15 de junio de 2018 y no justifica de manera alguna razón que le impidiese hacerlo antes. Con respecto a los trámites que siguieron a ésta denuncia, se desprende de la documentación aportada que se desplegaron por las autoridades con diligencia y rapidez medidas para protegerla.

De la documentación obrante en autos y considerada por la Administración demandada en su resolución, la cual se da aquí por reproducida, la recurrente no tiene los caracteres o perfil de perseguido por motivos políticos o de pertenencia a determinado grupo social y el relato ofrecido al solicitar asilo remite a razones ajenas a la protección internacional, además de ser inverosímil y las supuestas amenazas se incardinan en el ámbito de la delincuencia común. De lo expuesto no cabe deducir que la interesada se haya encontrado en una situación de grave desprotección, por tanto, no hay razones para apreciar la posibilidad contemplada en el artículo 17.2 de la ley de asilo 5/1984, pues la interesada ha obtenido en su propio país una protección razonable.

El procedimiento administrativo, por otra parte, se tramitó regularmente y no es de apreciar la menor indefensión de la parte solicitante. No se han infringido las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre derecho de asilo y condición de refugiado.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009). Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas siendo que los recurrentes, como grupo familiar en conjunto y en el particular de cada uno de sus miembros, no responden a ninguna situación que les haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen.

En definitiva, no ha quedado acreditada persecución u otra circunstancia susceptible de protección conforme a la Convención de Ginebra de 1951 ni para protección internacional subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 12/2009.

En estas condiciones, resulta ajustado a derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora. La sala, en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso, establece por todos los conceptos la cantidad máxima de 1500 €, según lo previsto en los artículos 139. Uno y tres de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.