Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 2645/2021 de 21 de diciembre del 2023

PRIMERO: Se dirige el presente recurso contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 24 de mayo de 2021, denegatoria de la solicitud de protección internacional, formulada por D. Apolonio, nacional de Costa de Marfil.

SEGUNDO: El examen de las actuaciones pone de manifiesto que :

El solicitante formalizó su solicitud el día 23 de enero de 2019 en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, tramitándose por el procedimiento ordinario, conforme al artículo 24 de la ley 12/2009.

Alega que "durante el conflicto postelectoral que vivió el país tras las elecciones de2010, teniendo él 19 años, participó activamente en marchas y manifestaciones políticas contra el partido político FPI en favor del partido político RDR. Sin embargo, cuando el partido RDR llegó al poder el solicitante se desencantó por el incumplimiento de los compromisos y por la destrucción de su domicilio familiar por el propio RDR.

Este desencanto político con el RDR le llevó casi diez años después, en 2019, con 28 años, a unirse a una formación política contraria al RDR, el RACI liderado por el ex primer ministro Desiderio, participando en reuniones y protestas. Relata entonces detenciones, amenazas y agresiones físicas por parte del gobierno del RDR, por las que abandonó el país y llegó a España a mediados de 2019 pasando por Marruecos."

No aporta ninguna documentación.

La resolución recurrida explica que " el solicitante afirma ser militante de la formación política RACI, participando en reuniones y protestas, pero no concreta desempeñar cargos o funciones específicas que pudieran haberle puesto en peligro en la citada época. En concreto refiere de forma en exceso genérica amenazas o agresiones físicas por parte del gobierno del RDR pero no específica episodios concretos hacia su persona salvo una única detención puntual que no puede por sí sola conformar un escenario de persecución contra el solicitante.

En cualquier caso, estos enfrentamientos entre el RACI y el RDR no son susceptibles de protección internacional pues se trata de enfrentamientos entre facciones que no tenían más elemento de identificación aglutinante que el de su fidelidad a sus respectivos jefes militares, no siendo la motivación ideológica sino de puro control militar. Así pues, el relato del solicitante se encuadra en un contexto de inseguridad social e inestabilidad política generalizadas, pero en ningún caso basado en circunstancias individualizadas ni personales relativas en concreto al solicitante o a su familia que las hagan susceptibles de protección internacional."

Añade que " el solicitante refiere sobrevivir desde 2010 en una situación económica muy complicada, pero toma la decisión de abandonar el país en apenas medio año desde que comienzan los problemas alegados en 2019, con 28 años. Tal decisión, dada su premura y la complicada situación económica alegada por el solicitante que no refiere profesión más que la de ser futbolista, solo puede haber sido el fruto de una adecuada y meditada planificación, incompatible con la improvisación y urgencia relatadas. Semejante viaje es para cualquier ciudadano africano un reto que exige dinero y planificación que, en el caso de ciudadanos de modestos ingresos económicos como refiere el solicitante, da lugar a una decisión aún más meditada, pues no puede ser fruto de la improvisación.

Por todo lo anteriormente expuesto, se entiende que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado.

De la misma forma, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo establecido en el artículo 10 de laLey12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión de la protección subsidiaria"

TERCERO: En la demanda el recurrente insiste en su relato y denuncia la falta de motivación de la resolución recurrida que se basa en unos informes de 2017 obviando la situación existente en Costa de Marfil en 2021.

Expone que no puede volver a su país porque su barrio de residencia (ABOBO), en la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil, es el más peligroso y teme por su vida porque allí viven sólo los partidarios de Esteban. Estos partidarios de Esteban se dedican a denunciar a las personas contrarias al régimen. Ya ha sido denunciado una vez y si vuelve allí puede volver a sufrir una situación similar, produciéndose de este modo el temor fundado en la situación personal y opinión política del solicitante, ya conocida en su barrio, así como en la situación de inestabilidad política e incremento de la violencia que está viviendo Costa de Marfil en los últimos tiempos.

CUARTO: El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso porque frente a lo alegado de contrario, no invoca motivos de persecución incluidos en la Convención de Ginebra y en la Ley 12/2009 de Asilo, pues la solicitud de protección internacional la funda en una razón de índole personal, al declarar que su.

Por lo tanto, no ha quedado acreditada la existencia de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra ni en la Ley 12/2009, pues lo esencial para el reconocimiento de este derecho es que se acredite siquiera de manera indiciaria que el solicitante sufre algún tipo de persecución por razones de raza, sexo, religión, opiniones políticas, etc lo que no es el caso.

Tampoco advierte razones que justifiquen la protección subsidiaria o la autorización de estancia en España por razones humanitarias.

QUINTO: El derecho de asilo se concede a los que se les reconoce la condición de refugiado, es decir, a quienes conforme al artículo 3 de la ley 12/2009, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad o apátridas y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal país o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. Además, se requiere que no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.

Las condiciones para la concesión de asilo se regulan en el artículo 6 y 7 y son las siguientes:

1. Temor a ser perseguido. El temor debe ser fundado, basado en una situación objetiva, lo que exige el análisis de la situación existente en el país de origen.

2. Los motivos de persecución tienen que ser por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

3. Las formas de persecución tienen que ser graves y pueden ser entre otras a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual. b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria. c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios. d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias e) procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de esta Ley (delitos contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad).

4. El agente de persecución tiene que ser conforme al artículo 13. a) el Estado b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves.

5. El agente protector (Estado o partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable del territorio) no puede proporcionar protección. En general, se entenderá que existe protección cuando los agentes de protección adopten medidas razonables y efectivas para impedir la persecución o el padecimiento de daños graves, tales como el establecimiento de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y siempre que el solicitante tenga acceso efectivo a dicha protección.

SEXTO.- En el presente caso, considera la Sala que no concurren los presupuestos para otorgar el derecho de asilo ya que los hechos narrados no reflejan la presencia de una persecución al recurrente o riesgo de padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, pues los hechos relatados tienen un carácter genérico y no revelan una persecución individualizada al recurrente por razones políticas o ideológicas y por lo tanto, los hechos que se encuentran en el fundamento de la pretensión no podrían ser causa de protección internacional, conforme al artículo 3 de la Ley 12/2009.

El recurrente no desvirtúa las razones que expone la resolución recurrida y de hecho no insiste en la idea de persecución por su militancia política.

No apreciamos por ello indicios de una persecución al recurrente por alguno de los motivos que justifican el otorgamiento de la condición de refugiado.

SÉPTIMO.- No concurriendo los requisitos necesarios para la concesión del derecho de asilo, procede examinar si concurren los presupuestos para otorgar la protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria, se reconoce conforme al artículo 4 Ley 12/2009, a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009 (condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante, las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno) y que no pueden o a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate .

Ninguna de estas causas concurre en el caso de autos, a la vista del relato que efectúa el recurrente ajeno a cualquier situación de conflicto en los términos que exige la ley en su país de origen en el país de origen.

Entendemos, en definitiva, en línea con la resolución recurrida, que tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley.

OCTAVO: En relación a la pretensión de autorización de permanencia en España por razones humanitarias, es preciso recordar que, de no concurrir los presupuestos para la concesión de asilo o protección subsidiaria, existe la posibilidad conforme al artículo 37 b) y 46.3 Ley 12/2009 de que se autorice la permanencia en España por razones humanitarias remitiéndose a la normativa vigente en materia de extranjería. En este sentido, el artículo 125 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ( Real Decreto 557/2011, de 20 de abril), establece en el artículo 125 que " Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en losartículos 37.b )y46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado en la normativa sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos que prevea la norma de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre".

La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016 ( recurso 374/2016) precisa teniendo en cuenta que la Ley de asilo 12/2009 ha modificado profundamente el tratamiento de las razones humanitarias que " conforme a la normativa vigente, la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen. Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería".

En el presente caso, el recurrente se limita a solicitar tal autorización con fundamento en las mismas razones que fundaron su solicitud de asilo, pero sin invocar en la demanda ninguna circunstancia excepcional que pudiera ampararla, por lo que debemos rechazarla.

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

NOVENO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional y atendiendo al criterio del vencimiento, procede condenar a la parte recurrente en las costas de este proceso con el límite de 1.000 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,