Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 361/2022 de 21 de febrero del 2024

PRIMERO.- Se impugna una resolución del Ministerio de Justicia de 24-1-2022, que denegó la cancelación de los antecedentes penales derivados de la ejecutoria 35/1984 tramitada respecto del interesado, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- La solicitud de cancelación de antecedentes penales origen de la litis fue presentada por el interesado el 18-12-2021.

La resolución impugnada deniega la cancelación por no quedar acreditada la extinción de la responsabilidad penal ( artículo 136.1 del Código Penal).

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, aduce que el recurrente reúne los requisitos necesarios a los fines pretendidos, cita la normativa que considera de interés, y termina impetrando la concesión de la cancelación de los referidos antecedentes penales.

El abogado del Estado se ha opuesto a la pretensión de la parte actora en los términos que son de ver en autos.

TERCERO.- El artículo 136.1 del Código Penal dispone que los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los plazos que a continuación concreta.

En relación con la ejecutoria litigiosa (35/1984) es de observar que el interesado fue condenado por sentencia de 23-10-1984 (que devino firme el 14-11-1984) por la comisión de un delito de robo a la pena de tres meses de prisión. La resolución impugnada denegó la cancelación por no quedar acreditada la extinción de la responsabilidad penal según la hoja histórico-penal, pero es de ver que en el caso, y dadas las fechas en relación con los plazos de prescripción, se omitió por la Administración demandada el trámite prevenido en el artículo 18.5, párrafo segundo del Real Decreto 95/2009 en orden a verificar el estado procesal de la ejecutoria, cuyo trámite resultaba preceptivo, siendo así que su omisión llevó a dictar la resolución recurrida sin las necesarias garantías de información del estado real de la ejecutoria de referencia, por lo que procede estimar el recurso en este punto en orden a que por la Administración demandada se retrotraiga el procedimiento para la realización del trámite omitido como paso previo al dictado de la correspondiente resolución.

En definitiva, procede la estimación parcial del recurso en los términos que hemos visto.

CUARTO.- Al estimarse parcialmente el recurso no procede hacer una especial imposición de costas ( artículo 139.1 de la LJ).