Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 775/2022 de 21 de febrero del 2024

PRIMERO. - D. Raúl interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro, de fecha 10 de febrero de 2022, por la que se le deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

El recurrente, nacional de Senegal alegó, como fundamento de su petición de protección internacional, según se recoge en la resolución administrativa y resulta del expediente administrativo, que vivía con su familia en Senegal. Es el hermano mayor de dos hermanos. Su padre falleció y su madre es deficiente mental y no puede realizar ningún trabajo, teniendo el solicitante que cuidar de ella y mantener a su familia desde muy temprana edad; además uno de sus hermanos es ciego. No tienen hogar y se encontraban viviendo en casa de una familia que les acogió, pero finalmente los echaron. El interesado intenta buscar trabajo como agricultor y pescador, pero estos trabajos son cíclicos y había meses en los cuales no trabajaba, por ello su hermano que es ciego ejercía la mendicidad. Hace aproximadamente dos años intentó venir a Europa como polizón en una patera, pero cuando lo descubrieron lo echaron al mar y como una patera se encontraba muy próxima se le quedó enganchado un pie y se le amputó un dedo. Consecuencia de ello tuvo muchas complicaciones para poder trabajar. Por todo ello, cuando ya se encontraba recuperado volvió a intentarlo de nuevo como polizón y en esta ocasión lo consiguió. Tiene una enfermedad respiratoria y necesita medicación. Solo desea sacar a su familia de Senegal.

SEGUNDO. - La resolución administrativa señala que el solicitante hace referencia únicamente a cuestiones de índole personal y económica, que no tiene cabida dentro del ámbito de la protección internacional al no estar relacionados con ninguno de los motivos que la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria señalan a efectos del reconocimiento de la protección internacional.

El solicitante no alega ningún problema individual, ni con sus autoridades ni con grupo alguno relacionado con los motivos de persecución previstos en la Convención, por lo que se entiende que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951.

TERCERO. - Se alega en la demanda que del relato de hechos que hizo el recurrente se deduce claramente que si regresara a su país correría peligro su integridad física y su vida, así como la de toda su familia, puesto que era el único que podía trabajar para mantenerlos económicamente.

Aduce que en la resolución recurrida no se fundamenta ni razona los motivos concretos de la denegación, ni de manera individualizada, pues es una resolución basada en formulario, por lo que carece de motivación.

Y, en definitiva, concluye que es palmario que Raúl debe ser considerado como refugiado, o subsidiariamente, la protección subsidiaria o la residencia por razones humanitarias

CUARTO.- La definición del asilo y la condición de refugiado político comprende al extranjero que tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal país, pero el solicitante debe acreditar que por esas causas teme ser perseguido si regresa al país de su nacionalidad ( STS de 11 de mayo de 2017 - rec. 2982/2016- ).

El art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967 ".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 ".

QU INTO. - Pues bien, en el presente supuesto, el interesado fundamenta su demanda, en esencia, en la falta de oportunidades laborales en Senegal donde no encontraba un trabajo estable que le permitiera mantener a su familia, la cual dependía de él, pues su padre falleció y su madre es deficiente mental y uno de sus hermanos es ciego.

Estas circunstancias no tienen conexión con alguna con las causas que darían lugar a la protección internacional, pues no refieren persecución alguna por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, tal y como se señala en la resolución administrativa, la cual consideramos suficientemente motivada, toda vez que recoge los hechos relatados por el solicitante como fundamento de su petición de protección internacional, y, tras analizar los mismos, razona que no se tienen cabida en el ámbito de la protección internacional, como así es.

Lo antes expuesto permite descartar igualmente la concesión de la protección subsidiara ( arts. 4 y 10 Ley 12/2009), o una autorización de residencia por razones humanitarias ( art. 37 b) Ley 12/2009), toda vez que nada se razona sobre la concurrencia de las circunstancias concretas que justificarían su otorgamiento.

SE XTO. - Procede, pues, desestimar el recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente cuyas pretensiones son desestimadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA. Si bien, haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se fija su importe en un máximo de 1.000 € por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados,