Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1307/2021 de 22 de noviembre del 2023

1.- En el presente recurso se impugna la resolución del SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, por delegación del Ministro del Interior, de 30/07/2020 (por la que se denegaba el Derecho de Asilo y la protección subsidiaria al recurrente (Exp. NUM000 NIE: NUM001).

Estamos ante un nacional colombiano (varón, nacido el NUM002/1988), que formaliza la petición de protección internacional, estando en territorio español, el 17/06/2019.

La entrada en España se produce por vía aérea, vuelo desde Argentina, el 24/05/2019 (pasaporte colombiano expedido en Argentina el 05/06/2017).

La petición fue admitida a trámite y se instruye de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en la reunión celebrada el día 07/07/2020 contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó la solicitud de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril , sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Estamos actuando sobre la base de un relato que no soporta los mínimos estándares en cuanto al temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que se dice ser nacional.

Relato redundante en la situación del país, y, resumidamente, al solicitar la protección internacional, manifiesta que:

-PREGUNTADO/A ¿ Hechos que le llevan a abandonar su país ?, RESPONDE POR LAS AMENAZAS QUE SUFRIA POR LA PERTENENCIA DE SU PADRE Y OTROS FAMILIARES AL GRUPO PARAMILITAR, LOS CUALES ESTABAN ENFRENTADOS CON LA GUERRILLA. QUE POR ELLO TODA SU FAMILIA SUFRIA AMENAZAS CONTINUAS.

-- PREGUNTADO/A ¿Si ha sido perseguido por las autoridades de su país por su ideología política, religiosa, o social?: RESPONDE QUE NO

--PREGUNTADO/A ¿Cuándo le han sucedido los hechos relatados?, RESPONDE QUE DESDE QUE ERA PEQUEÑO SIEMPRE ESTUVO CAMBIANDO DE DOMICILIO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD.

-- PREGUNTADO/A ¿Pidió ayuda a las autoridades de su país?, RESPONDE QUE SI, PERO QUE NO OBTUVIERON AYUDA, DE HECHO SU PADRE FORMA PARTE DE UN PROGRAMA POR EL CUAL ABANDONABAN LAS ARMAS, PERO EN ESE MOMENTO AUMENTARON LAS AMENAZAS.

-- PREGUNTADO/A ¿A alguien de su entorno (familia, amigos, vecinos) le había sucedido algo semejante con anterioridad? RESPONDE QUE SI, QUE A UNA AMIGA DE SU MADRE, LA ASESINARON DELANTE DE SU HERMANO MENOR DE 7 AÑOS. --PREGUNTADO/A ¿Ha sido detenido o encarcelado por los hechos relatados?, RESPONDE QUE NO.

--PREGUNTADO/A ¿Pensó cambiar de pueblo o ciudad para evitar seguir en la situación en la que se encontraba?, RESPONDE QUE SI, QUE SE FUE A ARGENTINA A TRABAJAR DURANTE UNA EPOCA.

--PREGUNTADO/A ¿Porque eligió España y no otro país?, RESPONDE QUE CONOCIO A UN AMIGO QUE LE DIO INFORMACION SOBRE LA PROTECCION Y ASILO EN ESPAÑA.

--PREGUNTADO/A ¿Si tiene pensado volver a su país?, RESPONDE QUE NO.

--PREGUNTADO/A ¿Si quiere manifestar algo más?, RESPONDE QUE NO. Que no tiene nada más que añadir en esta entrevista"

En documento escrito se alega que:

" Yo Tomás temo por mi vida y la de mi pareja Dionisio, hemos recibido constantes amenazas por lo cual decidimos huir y llegar a España.

A continuación describo los hechos que preceden estas amenazas:

Nací en DIRECCION000 DIRECCION001-Colombia, un pueblo ZONA ROJA (se denomina así a las partes del territorio nacional donde se desarrolla la conducción de las hostilidades por parte de los actores armados. Zona de guerra) mi padre Evaristo y mi tío Florencio fueron parte de estos grupos al margen de la ley, por lo cual siempre vivimos con constantes amenazas, el miedo siempre hizo parte de nuestra vida, en marzo del 2006 se acogieron al plan de desmovilización por parte del estado donde entregaron las armas y se vinculan nuevamente a la sociedad, lo que hizo que las constantes amenazas solo se hicieran más fuertes.

Mi madre Angelina por las circunstancias en las que se encontraba mi padre vivía en Hugo con su familia, donde contaba también con contantes amenazas y fue víctima de violencia por la muerte en manos de las autodefensas de la muerte de uno de sus hermanos por lo cual toda la familia fue desplazada a varios pueblo aledaños.

Simultáneamente a estos hechos el padre de mi hermana por parte de madre Camila fue secuestrado por las fuerzas armadas al margen de la ley, hecho que devasto a la familia entera, porque él es primo de mi padre.

Cuando yo termino el colegio me voy a barranquilla a estudiar la universidad, y tenía constantemente que cambiar de residencia por las amenazas que recibíamos, apenas tuve la oportunidad me fui a vivir a Argentina y me lleve a mi hermano menor, Lucas que en ese entonces era menor de edad, por circunstancias económicas se tuvo que devolver a Colombia.

Me quede en Argentina, y mi tío Florencio es vinculado en un proceso legal por una presunta masacre, en ese entonces puedo volver a Colombia a visitar a mi abuela que se encontraba mal de salud, no pude ir a verla al pueblo por miedo a que nos pasara algo ya que también fui con mi pareja.

Este año a comienzos de marzo comienzo a recibir unas llamadas en las cuales me decían "sabemos todo de ustedes, tu familia tiene cuentas pendientes y no las vamos a cobrar" fueron varias llamadas, a las cuales no preste atención hasta que llamaron a mi pareja y lo amenazaron, comenzaron a llamarme al trabajo y decidimos dejarlo todo y venir a España."

Se aporta denuncia formulada en Colombia, por el padre del recurrente, el 18/05/2019, cinco días antes de que el recurrente salga de Argentina con destino a España, en el viene a relatar cómo, tres años antes, llegaron a su casa dos personas que le amenazaron y requirieron para que se incorporase al grupo armado ilegal (el resto del relato no consta ya que el documento no se aporta completo). No se ha justificado la dilación en la denuncia de los hechos.

Por certificación de la Fiscalía de Colombia, de 18/06/2019, después de que el recurrente se encuentre ya en España, se hace constar que el padre del recurrente, Evaristo, manifestó " ante este despacho las amenazas y la percusión de la cual viene objeto por parte de bandas emergentes al margen de la Ley que lo conminan a pertenecer a sus filas, cabe resaltar que el ciudadano en mención hizo parte en su momento de las autodefensas Unidas de Colombia de las cuales se desmovilizo en fecha del Siete (7) de Marzo de Dos mil Seis (2006), fecha desde la cual se apartó de actividades ilegales y desde entonces ha desarrollado varias actividades comerciales en procura del bienestar propio y de su familia."

Como se puede ver no se solicita por el recurrente protección internacional de forma inmediata a la llegada a España en frontera, ni de forma inmediata a la entrada en España (algo incongruente e injustificado si se viene a defender una huida de una situación acuciante y grave de persecución personal actualizada y dada la decisión ya tomada, antes de la partida, de solicitar protección internacional) ni tampoco lo hace, injustificadamente, durante su larga permanencia en Argentina, país donde permaneció, sin problema alguno, hasta Mayo de 2019. De hecho, la entrada en España no se produce desde Colombia sino en vuelo desde Argentina con salida el 23/05/2019 tal y como resulta del pasaporte aportado.

No hay constancia de actos concretos de amenaza contra el recurrente, graves, personales, y actualizados (ninguna denuncia consta en Colombia ni en Argentina que les sirva de base, teniendo en cuenta que Argentina para el recurrente era un país seguro en el que venía residiendo desde 2017, sin problema alguno, y que vuela a España desde Argentina no desde Colombia).

Con base al relato ofrecido, ha de descartarse el temor de persecución reclamado amparable en la Convención de Ginebra y la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, en el particular del recurrente, en el marco de la situación actualizada del país del que es nacional, situación ampliamente descrita en la resolución administrativa a la que nos remitimos al efecto, y que, en todo caso, remite a motivos ajenos a la protección internacional (lo alegado y probado no remite a un perfil relevante del recurrente como activista político-social que lo individualicen frente al conjunto de ciudadanos colombianos y los hechos de amenaza son encuadrables en actos de delincuencia común, que la organización criminal establece para conseguir sus fines ilícitos indiscriminados en cuanto a las personas víctimas de los mismos que no se singularizan en el recurrente por su pertenencia a un posible grupo social determinado, en todo caso, efectuados por agentes terceros, no consentidos o alentados por las autoridades de COLOMBIA).

La supuesta persecución que se dice sufrida, viene centrada en amenazas a su padre que pretende extensivas a la familia, con origen en la previa vinculación, hasta 2006, de miembros de su familia -padre y tío- con las AUC -paramilitares- y por tanto remite a actos de delincuencia común que, en lo que concierne al ahora actor, ha de valorarse dentro del contexto actualizado de la situación de dicho país, ampliamente descrita en las resoluciones recurridas en cuanto a este tipo de delincuencia en COLOMBIA, por la actuación de grupos organizados, y la decidida actuación de las autoridades colombianas en la lucha contra este tipo de actos, tipificados como delitos en la legislación colombiana, así como en la protección y asistencia a las víctimas.

Narrados así los hechos, de base, no estamos ante hechos susceptibles de ser objeto de protección internacional conforme a lo establecido en la Convención de Ginebra o en la Ley de Asilo española, siendo de reseñar que sale del país, por vía aérea, sin obstáculo alguno de las autoridades colombianas.

Así la S. TS de 15/02/2016, REC 2821/2015, que confirma la denegación de la solicitud de asilo de un nacional de El Salvador, determinó que:

<< " (...) aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ) , " esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia "; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos.">>

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de la solicitante no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

La situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

Las razones humanitarias, no hechas valer al momento de solicitar, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia -dimensión subjetiva de la vulnerabilidad-, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria, siendo que el recurrente no responde a ninguna situación personal que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen donde sigue permaneciendo su familia más directa (padres y hermanos supuestamente también concernidos por las supuestas amenazas genéricamente extendidas a todos los miembros de la familia) y sin perjuicio de las posibilidades en el marco de la legislación de extranjería con base al arraigo que puedan haber obtenido en España (cuestión ajena a la presente litis).

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR.

3.- Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.