Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 482/2021 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

En el presente recurso contencioso-administrativo, la parte demandante, impugna la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 14 de agosto de 2020, que deniega la solicitud de protección internacional formulada por la parte recurrente.

El relato que efectúe la parte recurrente es el siguiente: La solicitante refiere que es madre soltera tras la muerte del padre de su hijo en 2016 a causa de un accidente y que sus hermanos fueron coaccionados por la Mara MS 13 para entrar en ella, y no les quedó más remedio que acceder. Explica que entonces empezó un acoso intimidatorio contra ella y que aunque tomó varias medidas de autoprotección, cambiándose de domicilio, en enero del 2018 entraron en su domicilio e intentaron violarla. Indica que no denunció por la corrupción policial, y que sus hermanos pudieron finalmente abandonar lamara por la intervención de su padre.La solicitante declara que temía que la violaran o atentaran contra su vida, por lo que decidió huir a España y solicitar Protección Internacional

La resolución deniega la protección internacional solicitada por la parte recurrente por entender " QUINTO.- En el análisis de credibilidad de las alegaciones, es preciso señalar que la persona solicitante no aporta documentación alguna que acredite los hechos que afirma haber padecido. No obstante, aun dando credibilidad a los hechos descritos, las amenazas sufridas suponen actuaciones de naturaleza delictiva procedentes de una banda organizada, con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos delincuenciales, por lo que los agentes perseguidores deben ser considerados agentes terceros en la comisión de acciones delictivas y no componentes de las autoridades del país (...) En el presente caso no se acredita, ni siquiera a nivel indiciario, que las autoridades hondureñas no actuasen contra los delincuentes, más aún si cabe cuando la persona solicitante no señala en su relato el haber realizado

denuncia alguna, alegando falta de confianza en el sistema. La ausencia de

denuncia hace que sea imposible brindar protección por parte de las autoridades hondureñas(...)".

SEGUNDO.- Pretensión y alegaciones de la parte demandante y de la parte demandada.

La parte demandante solicita de la Sala una Sentencia que declare no conforme a derecho la resolución recurrida, y le conceda el derecho de asilo o en su caso la protección subsidiaria.

Sostiene que los hechos relatados queda probado el peligro inminente para la vida.

Por su parte , la Administración demandada alega , interesa la confirmación de la resolución impugnada

TERCERO.- Derecho de asilo. Protección Subsidiaria.

1.- Marco normativo.

Como es sabido, se configura el asilo como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas (artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de junio de 1951 y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967).

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que «la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9».

Se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos. Y, en consecuencia, no procederá la concesión del derecho de asilo si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de temores fundados de persecución ( STS de 24 de febrero de 2014 -rec. 1658/2013- ).

Pero cuando no existen ni siquiera los indicios suficientes a los que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 12/2009 ("Para que se resuelva favorablemente la solicitud bastará que aparezcan indicios suficientes de persecución o de daños graves"), no puede tener éxito la concesión de asilo solicitada ( STS de 9 febrero 2016 -rec. 2575/2015- ), procediendo en tal caso la desestimación del recurso.

Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

2.- Sobre el asilo.

Atendiendo a la normativa antes expuesta, y al relato que motiva la solicitud, no puede considerarse acreditado que la parte recurrente haya sufrido una persecución de las previstas en la Ley de asilo, ni en la Convención de Ginebra.

Así por un lado, la resolución constata la violencia y la delincuencia que persisten en el país, la crisis política y el contexto social y político inestable, la actuación del crimen organizado (incluyendo carteles, grupos familiares involucrados en actividades delictivas o maras y pandillas), así como la especial incidencia de todos estos fenómenos en los grupos que sufren marginación y discriminación o el patrón de desplazamiento forzado resultante de la violencia que se observa en los últimos años.

No obstante, también se alude a los esfuerzos de las autoridades hondureñas para luchar contra la criminalidad, tanto a nivel legislativo como a nivel de las medidas de cumplimiento de la legislación, que ha permitido impulsar de forma efectiva una política general de seguridad ciudadana y para el refuerzo de la prevención de la delincuencia y la violencia social. Destacando, en este ámbito, la creación en mayo de 2018 de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, integrada por agencias e instituciones de seguridad del Estado, cuyo objetivo es favorecer la coordinación entre los distintos actores en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales. Medidas que han contribuido al descenso continuado de la tasa de homicidios desde 2011.

Por otro lado, el relato resulta excesivamente genérico y por ello es dudosa su credibilidad. Tampoco obra en el expediente ni se ha incorporado a los autos, justificación alguna, siquiera indiciaria, de sus alegaciones. Pero es que, además, de ser cierto el relato, la persecución procedería de un agente tercero y lo cierto es que los hechos no han sido denunciados, dando lugar a la posibilidad de que la solicitante fuese protegido por las autoridades de su país, sin que conste que las autoridades del país de origen permanezcan inactivas ante hechos delictivos como los descritos y sin olvidar que la "persecución" alegada en ningún caso obedece a alguno de los motivos descritos por la Convención.

Por último, cabe subrayar también la opinión desfavorable del ACNUR en relación al reconocimiento de la protección internacional solicitada por los recurrentes, como resulta del contenido de las propuestas formuladas en tal sentido por la CIAR que obra en el expediente administrativo, folios 57 y siguientes del expediente administrativo, dato que merece especial atención en virtud de la relevancia que legal y jurisprudencialmente se otorga al criterio del ACNUR en esta materia (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013, ROJ: STS 5578/2013, FJ 4).

En atención a todo lo expuesto, no cabe apreciar que concurran en la recurrente las condiciones establecidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, y en la Ley 12/2009 para ser beneficiarios de la protección internacional derivada del derecho asilo.

El motivo se desestima.

3.- Sobre la protección subsidiaria.

Sobre la base de las circunstancias de hecho expuestas en el presente caso, a los efectos de la protección subsidiaria, tampoco cabe considerar que la situación de la recurrente resulte subsumible en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 12/2009.

Las amenazas, de existir, se refieren delincuentes comunes que no tienen encaje en el apartado 10.c) de la Ley de asilo referido.

Como ha declarado la sentencia de esta Sala de 4 de mayo de 2022 ( ROJ: SAN 2003/2022 , FJ 4): "la situación de Honduras no es equivalente a la de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado a los efectos de conceder la protección subsidiaria".

En tal sentido y según lo que resulta de las actuaciones, de la información disponible sobre Honduras no se infiere que la vida de la parte recurrente corra peligro por el solo hecho de volver a su país de origen.

El motivo se desestima.

CUARTO.- Costas procesales

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer al recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 500 euros ( artículo 139.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, se emite el siguiente,