Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 852/2021 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

En el presente recurso contencioso-administrativo, la parte demandante, impugna la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 15 de diciembre de 2020, que deniega la solicitud de asilo, y la protección subsidiaria formulada por la parte recurrente, natural de Venezuela.

Según resulta del expediente el recurrente, nacional de Venezuela, se marcha en 2016, de su país debido a la delincuencia que azotaba su país y la situación económica, para dirigirse a Ecuador. Estando ya en Ecuador, en el año 2018, se produce un alto grado de inmigración de venezolanos hacia ese país por lo que comenzó a producirse xenofobia hacia los venezolanos. Detalla como un día, cuando el dicente salió a cenar a una pizzería, varias personas le agredieron por el mero hecho de ser venezolano. Por este motivo, el solicitante trató de interponer una denuncia ante las autoridades policiales, pero le dijeron que volviera otro día que la comisaría ya estaba cerrada, siendo ello falso.

Por último, reseña también el solicitante que ese año dejó de percibir el tratamiento médico de la enfermedad que padece ( VIH) por lo que decidió abandonar también aquel país y dirigirse a España, pudiendo comprar el billete de avión con los ahorros obtenidos por su trabajo.Además, el solicitante aporta un escrito de alegaciones en el cual explica de los motivos de su solicitud, no aportando nada adicional a lo ya expresado en la entrevista, con la única salvedad de que se refiere a su orientación sexual, reconociéndose homosexual.

El recurrente llega a España el 16 de febrero de 2019.

Formula solicitud de asilo el 5 de noviembre de 2019.

La resolución deniega la protección internacional solicitada por la parte recurrente por entender que " CUARTO. En lo referido a la situación particular del solicitante, basa su solicitud en cuestiones relativas a una problemática social y económica que asola a la población venezolana en general y que hace que abandone su país buscando una mayor calidad de vida.

El motivo principal por el que sale de su país es la situación de crisis económica y social existente así como el elevado nivel de inseguridad y la imposibilidad para acceder al tratamiento médico que precisa. Dichas alegaciones no se encuentran incluidas entre las causas establecidas en la Convención de Ginebra de 1951 ya que la solicitante no ha sufrido una persecución personal en el sentido que la citada Convención y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria otorgan a este término, ni se desprende de su declaración la existencia de un fundado temor a sufrirla.El solicitante no ha sido perseguido ni amenazado en su país

(...)

QUINTO. Del relato del solicitante no se deduce la posibilidad de que sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen. Tampoco puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en Venezuela.

(...)

la solicitante ha permanecido de forma estable en un tercer país fuera de Venezuela durante un periodo razonable de tiempo, lo que justificaría que se hubiese pedido en el mismo la protección internacional o se hubiera acogido a cualquier otro instrumento disponible por el Gobierno ecuatoriano para hacer frente a la presión migratoria de ciudadanos venezolanos en dicho país.

Por tanto, a fin de dilucidar la posibilidad de considerar Ecuador como tercer país seguro para el solicitante mediante un análisis individualizado de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, debe analizarse la situación en la cual el solicitante se hallaba en ese país así como el motivo por el cual abandonó el mismo.

Así, sobre esta cuestión poca información podemos encontrar en el relato proporcionado por el solicitante, ya que solamente indica que se traslada a ese país y que en el mismo reside durante dos años y medio. Esto es muy importante ya que conviene no dejar de lado su residencia prolongada en Ecuador en donde pudo acudir a sus organismos oficiales y solicitar la protección internacional que supuestamente necesitaría si se diese el caso de

que la solicitante temiera por su vida o integridad física.

(...)De lo expuesto anteriormente se desprende que el solicitante proviene de un tercer país seguro, en donde ni con carácter general por el hecho de ser venezolana ni con carácter particular a tenor de lo expuesto en su relato es posible entender que su permanencia en dicho país podría suponerle ni un riesgo de persecución por su origen u orientación política ni daños graves por los mismos motivos, de ahí que no concurran las condiciones necesarias para el otorgamiento de la concesión de autorización de residencia temporal por razones humanitarias (..)".

SEGUNDO.- Pretensión y alegaciones de la parte demandante y de la parte demandada.

La parte demandante solicita de la Sala una Sentencia que reconozca el asilo y la protección subsidiaria al demandante.

La parte demandante sostiene que no han cambiado las circunstancias iniciales que dieron lugar al otorgamiento provisional del asilo en fecha 15 de enero de 2021. Añade que está justificada la necesidad de asilo político, toda vez que el demandante ha vivido graves episodios de agresiones físicas y verbales y amenazas contra su persona que le han obligado a tener que venir a España en busca de protección. Y es que el solicitante además de ser de Venezuela, país que tiene un rechazo generalizado en toda América Latina, es homosexual y portador del virus VIH, lo cual le hace especialmente vulnerable.

Por su parte , la Administración demandada alega , interesa la confirmación de la resolución impugnada.

TERCERO.- Derecho de asilo. Protección Subsidiaria. Permanencia por razones humanitarias.

1.- Marco normativo.

Como es sabido, se configura el asilo como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas (artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de junio de 1951 y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967).

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que «la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9».

Se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos. Y, en consecuencia, no procederá la concesión del derecho de asilo si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de temores fundados de persecución ( STS de 24 de febrero de 2014 -rec. 1658/2013- ).

Pero cuando no existen ni siquiera los indicios suficientes a los que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 12/2009 ("Para que se resuelva favorablemente la solicitud bastará que aparezcan indicios suficientes de persecución o de daños graves"), no puede tener éxito la concesión de asilo solicitada ( STS de 9 febrero 2016 -rec. 2575/2015- ), procediendo en tal caso la desestimación del recurso.

Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Respecto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el artículo 46 de la Ley 12/2009 establece:

"1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, por otra parte, el artículo 37.b) de la Ley 12/2009 dispone lo siguiente:

"La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia;

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente".

2.- Sobre el asilo.

En primer término, no hay ninguna discusión sobre la situación actual de Venezuela. Los acontecimientos políticos, socioeconómicos y de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, llevan a calificar de éxodo la salida del país para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, el más grande en la historia moderna de América Latina y el Caribe e involucra tanto a refugiados como migrantes de Venezuela. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) lanzaron en diciembre de 2018 el Plan de emergencia para refugiados y migrantes en Venezuela (basta leer la información actualizada en el portal de Acnur https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html ).

En segundo lugar, las alegaciones realizadas son genéricas e imprecisas. No ha acreditado ni siquiera indiciariamente que exista una persecución contra el solicitante, de manera que pueda temer por su vida o por el libre ejercicio de sus derechos fundamentales. De hecho, ni siquiera se ha alegado acto de persecución alguno: la solicitud se funda en la situación económica, socio-politica de Venezuela (país que abandonó en 2018) y en la supuesta xenofobia que sufre por parte de la sociedad ecuatoriana.

En el escrito de demanda, el demandante se refiere al otorgamiento provisional del asilo el 15 de enero de 2021, cuando en el expediente no aparece ninguna resolución de otorgamiento provisional.

En este sentido se ha pronunciado esta Sala ( sentencia de la Sección 3ª de 17 de marzo de 2023 recurso num 1445/2021), de esta Sección 7ª de 24 de enero de 2023 recurso número 906/2021

Por las razones expuestas, procede confirmar la denegación de la condición de refugiado solicitada.

3.- Sobre la protección subsidiaria.

Sobre la base de las circunstancias de hecho expuestas en el presente caso, a los efectos de la protección subsidiaria, tampoco cabe considerar que la situación de la recurrente resulte subsumible en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 12/2009.

Descartado el apartado a) del artículo 10 de la Ley de asilo -condena a pena de muerte- respecto al apartado b): «tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes», se exige, además de la gravedad, la individualización, sin que, en este caso, haya concreción de alguna conducta que pueda calificarse como trato inhumano o degradante en caso de retorno a su país de origen.

En cuanto al apartado c) del mismo artículo 10 de la Ley 12/2009, «amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno», por regla general, un riesgo meramente relacionado con la situación general de delincuencia e inseguridad de un país no es suficiente.

El motivo se desestima.

4.- Permanencia por razones humanitarias.

Del mismo modo, tampoco puede atenderse la solicitud de concesión de la autorización de permanencia en España por razones humanitarias que no se contiene en el suplico de la demanda, aunque si en los fundamentos de derecho, toda vez que nada se razona sobre la existencia de las circunstancias concretas que justificarían su otorgamiento, ni se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad que le haga acreedor de la medida- por lo que se refiere al régimen especial de este tipo de autorizaciones-.

La Administración ha procedido de oficio a analizar si procedía conceder una autorización de residencia por razones humanitarias.

La recientes sentencias de esta Sala ponen de relieve que si bien es cierto que a raíz del Acuerdo del Ministerio del Interior de 19 de febrero de 2019, se concedió a los ciudadanos venezolanos una autorización de residencia de un año prorrogable, en aquel momento se tuvieron en consideración los Informes del ACNUR de marzo 2018 y 2019 referentes a la situación de Venezuela, pero posteriormente, es notorio que estas autorizaciones se han denegado en muchos casos y en cualquier caso se insiste en que son razones de vulnerabilidad subjetiva las que amparan la concesión de una autorización de residencia por razones humanitarias por el régimen específico previsto en el artículo 46.1 LAPS y que aquí no constan acreditadas.

En consecuencia, el motivo se desestima.

CUARTO.- Costas procesales

Las costas se imponen a la parte recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria. Se limitan a la cantidad de 500 euros, por todos los conceptos, de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, se emite el siguiente,