Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1091/2021 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que "la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

Siguiendo lo que hemos afirmado en anteriores ocasiones (por todas SAN 8-11-2019, recurso 663/17 y SAN 7-10-2021, recurso 2133/19), podemos señalar que la STJUE de 1 de marzo de 2016, asunto C-443/14, Alo Osso, apartados 29 y ss, indica expresamente que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (Convención de Ginebra) constituye un texto pertinente para la interpretación de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (Directiva de reconocimiento).

La referida sentencia también cita como texto pertinente para interpretar la Directiva de reconocimiento, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 18) y los tratados a los que se hace referencia en el artículo 78 del TFUE. Dicha norma hace referencia expresa al Protocolo sobre el Estatuto del Refugiado hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 así como "a los demás tratados pertinentes", entre los que por su relevancia debe citarse el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y sus Protocolos adicionales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 cuyo máximo intérprete es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( CEDH).

Sin perjuicio de lo anterior, la fuente primaria y básica del derecho que deberá tenerse en consideración para resolver este tipo de litigios en el ámbito de la Unión Europea es, tal y como indica el artículo 19 del TUE, la jurisprudencia del TJUE dictada con ocasión de la interpretación de la normativa de la Unión.

La normativa básica de la Unión a estos efectos la constituyen la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (Directiva de procedimiento) y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (Directiva de reconocimiento).

La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al tiempo que desarrolla el artículo 13 de la Constitución realiza la trasposición de la normativa europea y, en las materias no armonizadas, incorpora disposiciones de protección adicionales como la autorización de residencia por razones humanitarias. Este bloque normativo se completa con el RD 203/1995, de 10 de febrero en la medida en lo que se considere compatible con la referida Ley.

SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la conformidad a derecho de la Resolución de la Subsecretaria del Interior de 27 de agosto de 2020, dictada por delegación del Ministro, denegando el derecho de asilo y la protección subsidiaria a la parte recurrente.

En julio de 2019, D. Onesimo (Perú), solicito asilo en España, cuyo relato se resume en la resolución impugnada de la siguiente forma:

<< su familia ha sido extorsionada en Perú porque sabían que él estaba en España y contaban con los ingresos que el solicitante enviaba para el tratamiento de su hijo enfermo. El Sr. Onesimo manifiesta que su hijo mayor tiene una grave enfermedad del corazón con un tratamiento muy costoso por lo que decidió venir a España e intentar ganar dinero para poder enviar a su familia y costear su tratamiento.

Una vez que el solicitante estaba en España, una banda criminal denominada "La Nueva Jauría" que sabía donde residía comenzó a extorsionar a su familia que reside en Perú. El solicitante refiere que escogió España por el idioma y por las oportunidades que este país proporciona. Así mismo, añade que si regresase a Perú continuarían las extorsiones llegando incluso a atentar contra su vida&g t;>.

La Subdirección General de Protección Internacional, realiza informe en el que examina las alegaciones efectuadas, con cita de las fuentes consultadas, afirmando que la situación de violencia y delincuencia persisten en el país, señalando:

<< En lo referido a la situación particular de la persona solicitante, su solicitud se basa en la extorsión que sufre su familia en Perú y en el temor que le produce volver y ser también extorsionado y que atenten contra su vida. El interesado manifiesta que si tuviese que volver a su país continuarían las extorsiones llegando incluso a atentar contra su vida. No refiere haber sido extorsionado hasta el momento, señala que su familia quien reside en Perú es quien es objeto de este delito desde que él les envía desde España aportaciones económicas para el tratamiento de su hijo enfermo. En este sentido, incluso en el caso de ser ciertos los hechos referidos, la petición no tiene cabida por su naturaleza dentro del ámbito de protección de la Convención de Ginebra de 1951 y de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. Para que concurran los elementos para la concesión del asilo es preciso, en primer lugar, que haya persecución y, en segundo lugar, que esté motivada por razones de raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado; elementos que no se identifican en este caso.

Así mismo, las extorsiones a las que el solicitante hace referencia en su relato son cometidas por un grupo de presuntos delincuentes que actualmente podrían operar en el escenario peruano. En este contexto, las amenazas sufridas habrían sido provocadas por agentes terceros no estatales, persiguiendo una mera finalidad económica en un contexto en el que las autoridades peruanas no permanecen impasibles al respecto.

De acuerdo con la jurisprudencia de la sentencia del Tribunal Supremo (entre otras, STS 2/04/2009 ), la extorsión no es causa de protección Internacional salvo cuando concurran, de forma acumulada, dos requisitos. En primer lugar, que la finalidad de la extorsión no se agote en un beneficio exclusivamente económico, sino que tenga un carácter instrumental al servicio de una finalidad superior, como financiar una actividad terrorista de un grupo organizado para alterar el orden político de un país. La segunda condición es que en la víctima de la extorsión concurran circunstancias concretas que la individualicen frente al conjunto de los ciudadanos por su perfil socialmente relevante, esto reduciría la posibilidad de un desplazamiento interno en condiciones de seguridad y dignidad así como la limitación de la capacidad de protección por parte de sus autoridades.

De forma particular en el caso de Perú, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 3 de mayo de 2019 ha descartado la posibilidad de conceder el asilo a nacionales de ese país que alegan motivos de extorsión al considerar que "Los hechos relatados por los solicitantes hacen referencia una persecución que, dada su naturaleza, en caso de ser cierta, no tiene cabida dentro del ámbito de protección de la Convención de Ginebra de 1951 y de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, dado que estaría originada por agentes terceros, en particular, un grupo de delincuencia común organizada. Dicha persecución por tanto, no procedería de las autoridades peruanas que, al contrario, reaccionarían ante hechos como los narrados, investigando, deteniendo, juzgando y castigando a los responsables".

Así, a tenor de lo relatado por la persona solicitante las extorsiones alegadas por su familia y la posibilidad de ser objeto de extorsión si volviese a Perú se enmarcarían en el ámbito de la delincuencia común sin que estuvieran relacionados con alguno de los motivos de persecución previstos en la normativa de asilo, situándose en un ámbito ajeno al mismo, por lo que no cabe entender respecto de su persona que concurren los requisitos para el reconocimiento de la protección solicitada. Además, no puede considerarse que las autoridades peruanas estén potenciando los hechos, consintiendo tácita o expresamente los mismos o haciendo dejación de sus funciones de protección a las posibles víctimas&g t;>.

En fecha 27 de agosto de 2020, se dicta la resolución objeto del presente recurso denegando el derecho de asilo, en la que también se afirma que no concurre ninguna de las causas que podrían dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria.

TERCERO.- Con base en las normas legales detalladas en el fundamento jurídico primero, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y vistos los concretos hechos acreditados en los autos, la Sala considera que el recurso no puede prosperar. Debemos señalar, por una parte, que la situación del país de origen, Perú, está recogida con precisión en la resolución recurrida, de tal forma que las autoridades de dicho país adoptan medidas legislativas y operativas, que permiten afirmar que las referidas autoridades no permanecen inactivas frente a la delincuencia derivada de la extorsión de grupos criminales o pandillas, como es el caso de la DIVINCRI o grupos similares (en nuestro caso "La Nueva Jauría"). Por otra parte, la actuación de los referidos grupos carece inicialmente de componente político o étnico, no obedeciendo su actuación a ninguna de las características propias de las que se prevén en la legislación de protección internacional.

En estas circunstancias, considera la Sala que debe denegarse la protección internacional, confirmando la decisión impugnada. Además, el temor de persecución que se alega dista de obedecer a la pertenencia del solicitante a grupo social determinado. Las amenazas y situación de inseguridad que se relatan no parecen obedecer a una visualización específica del recurrente y su entorno familiar por parte del agente tercero sin que pueda sustentarse la indiferencia o pasividad de las autoridades del país de origen ante hechos similares. Coincidimos también, en este extremo, con la resolución recurrida. En todo caso, debemos resaltar que no se hace alegación alguna sobre la imposibilidad de mitigar o paliar el temor que se afirma, mediante un desplazamiento interno en el propio país de origen.

Por lo demás, tampoco podemos apreciar que exista defecto de motivación en la resolución recurrida, pues se resuelve el supuesto planteado ( artículo 35 Ley 39/2015), con los datos que aporta el propio solicitante, ofreciendo una respuesta a sus alegaciones respecto de la que se ha dispuesto de los medios de alegación y defensa oportunos, tanto en vía administrativa como en la posterior vía jurisdiccional. También podemos precisar que el conocimiento y comprobación de los datos, cuya falta se alude en la demanda, no es tal, al haberse examinado la situación de país de origen según las fuentes consultadas, que quedan reflejadas en la resolución impugnada y tomarse en consideración el propio relato formulado por la parte.

Por último, entendemos que tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley. Dicho precepto establece que el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de la misma Ley.

Sin embargo, la parte recurrente no ha formulado motivo alguno, fuera de los ya analizados, de suficiente entidad -y menos con carácter de fundados- como para creer que el regreso a su país pudiera determinar riesgo de sufrir tales daños.

CUARTO.- En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,