Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1517/2021 de 22 de febrero del 2024

PRIMERO.- Por la representación de D. Hernan, nacional de Perú, se recurre la resolución del Ministerio del Interior, dictadas por delegación de la Subsecretaría de Interior, de 20 de enero de 2021, por las que se acuerda denegar el reconocimiento del derecho de asilo y protección subsidiaria.

Se razona en la misma que el solicitante fundamenta su petición de protección internacional en huyó de Perú debido a la situación política y económica que se vive en su país. Que fue muchos años fue seguidor y activista del partido CAMBIO 90 de Valeriano, y que posteriormente también fue seguidor y activista del partido FUERZA POPULAR de la hija del anterior Elisabeth, pero que en ningún caso llegó a tener carnet del partido. El solicitante explica que a principios del año 2019 comenzó a sufrir episodios de acoso y amenazas por parte de personas afines a otros partidos políticos, sin que llegara a denunciar los hechos.

No obstante, el solicitante no presenta documentación de apoyo que respalde su activismo político tampoco queda probado que ejerciese funciones u ocupase algo cargo de relevancia dentro de ningún partido político. Por tanto, no queda suficientemente acreditada ni su actividad política ni la presunta persecución sufrida. Que, en todo caso, de ser cierto que el solicitante hubiese sufrido algún tipo de acoso, no parece razonable que hubiese sido ordenado por las autoridades del país, ya que no se ha podido constatar una preminencia del interesado que lo pudiese justificar en modo alguno. Por lo que, en todo caso, de haberse dado algún tipo de agresión, la misma habría sido probablemente ejecutada por criminales comunes no identificados. Por lo que, a tenor de lo relatado por la persona solicitante, los delitos de los que podría ser víctima, de ser ciertos, se enmarcarían en el ámbito de la delincuencia común.

Por todo ello, se concluía que no había quedado establecido un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. En consecuencia, no concurren los supuestos del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, por lo que se valora de forma desfavorable el reconocimiento del estatuto de refugiado.

De la misma forma, se entendía que en el presente caso tampoco concurría ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre.

SEGUNDO.- Efectivamente, examinado el expediente administrativo, el recurrente procede a manifestar el relato de hechos recogido fielmente en la resolución impugnada.

Se alega en la demanda que hay más que indicios suficientes de la credibilidad del relato realizado por el solicitante de la existencia de persecuciones en su persona, y por otro lado concurren razones humanitarias para proceder a la concesión, y en su defecto que concurren circunstancias que hacen temer al interesado que pueda sufrir los daños graves a los que se refiere el art. 10.c de la ley 12/2009, ya que su situación es vulnerable, que justifica la necesidad de dispensar la protección subsidiaria definida en el artículo 4 de la referida Ley y el art. 2e) de la Directiva 2004/83 de 29 de abril de 2004 del Consejo de la Unión Europea , al encontrarse en situación vulnerable.

La Abogacía del Estado, por su parte, se opone en la contestación a la demanda y sostiene la conformidad a derecho de la resolución recurrida, alegando la ausencia de los requisitos que justifican el reconocimiento del asilo conforme a la Ley 12/2009.

TERCERO.- Por lo que respecta al fondo del asunto, la resolución administrativa impugnada procede a denegar el reconocimiento del derecho de asilo y protección subsidiaria por entender que no había quedado acreditado que la existencia a un temor fundado de persecución por los motivos indicados en su solicitud de asilo, por lo que no concurrían los supuestos del art. 3 de la Ley 12/2009.

Efectivamente, establece el art. 2 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo que "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."

Y añade su art. 3 que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

Por tanto, acierta la resolución impugnada a denegar el derecho de asilo ya que en ningún momento ha quedado acreditada una persecución singular y concreta que permita inferir respecto de todas las personas que no comulgan con el ideario del Gobierno que están en necesidad de protección internacional.

Al respecto, A su vez, el art. 10.1, e) de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo De 13 de diciembre de 2011 establece: "el concepto de opinión política comprenderá, en particular, las opiniones, ideas o creencias sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución mencionados en el artículo 6 y con sus políticas o métodos, independiente mente de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opiniones, ideas o creencias."

En definitiva, del relato de hechos realizado no se deduce que el recurrente tuviera un perfil político de relevancia o notoriedad que pudiera llevarle a sufrir persecución.

Además, y al margen ya de cualquier otra consideración, no se puede desconocer que la persecución que se invoque por el solicitante de asilo debe tener una determinada entidad, ser lo suficientemente grave como para constituir persecución, en los términos del artículo 6 de la Ley de asilo o artículo 9 de la Directiva 2011/95. Y en el presente caso, a la vista de las alegaciones del recurrente, no se puede sino estimar que no se objetiva un acto de persecución como tal, en los términos de intensidad exigidos en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva de reconocimiento, artículo 6, apartado 1 de la Ley de asilo.

CUARTO.- Por lo que respecta a la solicitud de protección subsidiaria, la alegaciones realizadas por el recurrente no desvirtúan las fundadas razones en las que se basa la resolución impugnada para denegar la protección internacional.

El art. 4 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley."

En el caso de autos la Sala considera que no ha quedado acreditado la existencia de motivos fundados de la existencia de un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la mencionada ley, máxime cuando no se realiza alegación alguna tendente a acreditar la concurrencia de dichos daños, más allá de interesar de modo subsidiario tal pretensión.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del presente recurso.

QUINTO-. Las costas se impondrán, con arreglo al artículo 139.1 LJCA a la parte actora, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que le otorga el precepto que acabamos de citar, en su apartado 4, establece un límite, por todos los conceptos, de 1.000 euros.