Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 73/2022 de 22 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El objeto del presente recurso de apelación lo constituye la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de la Audiencia Nacional de fecha 24 de marzo de 2022 recaída en el procedimiento ordinario nº 16/2021, en cuya virtud se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Doña Leonor.

Dicho recurso se interpuso contra la resolución expresa dictada por el secretario general de Adif el 4 de marzo de 2021, por la que se desestimó la reclamación que el 9 de junio de 2020 la recurrente había formulado contra Adif en concepto de responsabilidad patrimonial.

El recurso se fundó en la irresponsable actuación de Adif por no haber adoptado las medidas de prevención necesaria en la estación de ferrocarril de Cantalapiedra. Reclamó en sede judicial 75.176,57 euros.

SEGUNDO: El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en sus artículos 32 a 35 el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo destacarse, además de las menciones que se hacen a continuación que la reclamación podrá fundarse en el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, causado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 67 regula las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se pronuncia en los siguientes términos:

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante."

TERCERO: No cabe duda de que el juez de apelación está facultado para revisar en su integridad la prueba practicada en la instancia y expresar su propia valoración de la misma, pero también es cierto que el principio de inmediación se cumple en su plenitud en la fase de primera instancia en la que permite al juzgador apreciar directamente las pruebas y de esa manera fijar los hechos probados.

En ese contexto, la función del juez de apelación, sin duda revisora, se centra en la verificación de que no se haya cometido ningún error evidente por el juez de instancia en la valoración de la prueba, sin que una mera discrepancia de criterio aconseje ejercer un control más intenso.

CUARTO: El Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 5 de junio de 1998, 14 de febrero de 2011 y 17 de junio de 2014, afirma que no es acorde con el principio de responsabilidad objetiva la generalización de dicha responsabilidad más allá del principio de causalidad, aun en forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquella, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, ya que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que se produzca dentro de instalaciones públicas cuando ni estas constituyen un riesgo en sí mismas ni sus características arquitectónicas implican la creación de tal situación de riesgo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2011 (recuso de casación nº 3964/2006, destaca la necesidad de la relación causal entre el funcionamiento de los servicios y la lesión sufrida por los ciudadanos, y que fuera de dicha relación de causa-efecto, no puede decretarse la responsabilidad de las Administración o, en palabras de la mencionada sentencia, "sin que se pueda generalizar dicha responsabilidad más allá de este principio de causalidad" porque, en otro caso, desvinculada la responsabilidad de la exigencia causal, se convertiría a la Administración en una aseguradora general de riesgos imprevisibles, que ni el legislador ha querido, ni parece comportar una exigencia de las Administraciones en su actividad prestacional de servicios públicos, porque si así fuera se encarecerían de manera desorbitada con quebranto de su financiación.

La sentencia del Alto Tribunal de 17 de junio de 2014 señala: "Sin embargo, cuando la imputación de la lesión al funcionamiento del servicio público se vincula a una omisión de la Administración en dicha prestación, y de eso se trata en el presente supuesto, la determinación del nexo causal se complica, porque, como se declara en la sentencia mencionada, que sigue lo ya declarado en la de 21 de febrero de 2012 (recurso de casación 3036/2010 ), no es ya suficiente con que la lesión sea esa consecuencia lógica de la actividad prestacional pública, porque siempre se dará dicha conexión, es decir, siempre existirá una vinculación entre la prestación del servicio, en su modalidad omisiva, y la lesión. Lo razonado se demuestra en supuestos como el que ahora nos ocupa, porque si se vincula un accidente de circulación ocasionado en una carretera y el reproche que a la Administración se hace, como en el caso presente, es a una omisión, deberá concluirse que siempre existirá vinculación entre el resultado y el servicio. Por ello, o se exige algún otro presupuesto del nexo causal o la responsabilidad adquiere una extensión que no es la que se corresponde con esta institución indemnizatoria; porque siempre será la prestación del servicio de carretera el generador de la lesión. Sin embargo, en tales supuestos de omisión, para evitar esa extensión desmesurada de la institución que el Legislador no ha querido, la relación de causalidad se integra de un elemento añadido al de esa conexión lógica; es decir, la necesidad de un deber -no solo una obligación- de la Administración de actuar en un determinado sentido; en palabras de las sentencias mencionadas "es necesario que haya algún otro dato en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo de la Administración; y ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar."

QUINTO: Desde los presupuestos enunciados, el presente recurso de apelación debe ser parcialmente estimado, de acuerdo con el siguiente razonamiento:

1. No existe duda alguna, pues así se declara como hecho probado en la sentencia de instancia y resulta de la documentación aportada, que el pavimento del andén de la estación de tren de Cantalapiedra en el día y hora en que se produjo la caída de la recurrente hacia adelante con apoyo en la mano, presentaba desperfectos evidentes, como baldosas levantadas, socavones y baches.

2. Tampoco resulta cuestionado que la puerta de acceso al tren por la que iba a acceder al mismo la recurrente no se abrió, circunstancia declarada como hecho probado en la sentencia y documentalmente acreditado por el revisor del tren.

3. El único extremo que se cuestiona por Adif para admitir la existencia de una eventual responsabilidad patrimonial es la ruptura del nexo causal, por cuanto, en definitiva, Adif considera que no le es exigible mantener un estado de conservación de la estación sin baldosas levantadas, socavones y baches como los que había en la estación de Cantalapiedra.

4. No podemos compartir el razonamiento de Adif, pues el estado de conservación de la estación, en este caso el pavimento del andén, debe ser de la calidad suficiente para garantizar que los desplazamientos por el mismo se desarrollen sin riesgos como los descritos.

5. No puede imputarse a la recurrente falta de diligencia alguna, pues se encontraba situada en el punto correcto de acceso al tren con la antelación suficiente.

6. Su reacción es la razonablemente esperable en una persona que ve que no puede entrar en su vagón de manera inmediata por causa que no le es imputable. De esta manera, el desplazamiento por el andén es la solución lógica ante la situación creada y lógico es también que se haga de manera apresurada como fácilmente puede observarse en el comportamiento medio de los viajeros en esas circunstancias. La recurrente contaba en el momento del accidente con 72 años de edad, por lo que, a la vista de lo expuesto, difícilmente podemos concluir que se desplazó hacia el otro vagón corriendo, afirmación que, por otra, parte nunca realizó.

7. El hecho de que fuera la única persona que se cayó, no justifica el hecho de que el pavimento del andén estuviera en unas condiciones inaceptables de conservación.

8. Cada persona actuó según las circunstancias del momento en el que se encontraba. Hay que tener en cuenta la edad de la recurrente y que la conservación de la estación tiene que garantizar la seguridad de todos los viajeros. Que viajeros más jóvenes y más ágiles pudieran evitar una caída, no justifica que la recurrente deba asumir las consecuencias del deficitario estado de conservación de la estación.

SEXTO: Una vez declarada la existencia de responsabilidad patrimonial imputable a Adif debe cuantificarse el daño causado.

Las dos pruebas periciales practicadas a instancia de ambas partes coinciden esencialmente en el diagnóstico de las lesiones que objetivamente presenta la recurrente y las secuelas derivadas de las operaciones sufridas.

La recurrente sufrió una luxación de hombro derecho. Fractura en la porción inferior de la escápula y glena con afectación de la superficie articular. Fractura trabecular de la cabeza humeral. Rotura completa de los tendones subescapular, supraespinoso, infraespinoso, de la porción larga del bíceps y del labrum.

Las secuelas derivadas de la caída son: colocación de una prótesis invertida de hombro y el perjuicio estético ligero.

La diferencia entre una y otra pericial no se refiere a las lesiones que objetivamente presenta la recurrente, sino a la valoración de las mismas y la incidencia que la caída pudiera tener sobre lesiones anteriores de la recurrente agravando un cuadro clínico previo.

1. Sobre las lesiones y el tiempo de curación.

Subraya la perito de la administración que la recurrente contaba con una lesión previa. En concreto se refiere a un informe de la Clínica Campoamor de Salamanca emitido el día 4 de abril de 2019, en el que se muestra la sospecha de que la recurrente padece una posible rotura del rodete glenoideo y se solicita RMN para empezar RHB: El informe de RMN de fecha 10 de abril de 2019, concluye que la recurrente padece lesiones secundarias previas la luxación y además añade osteoartritis AC + rotura completa de los tendones del subescapular + rotura completa de SE e IE con retracción tendinosa de aproximadamente 34 mm. Este último dato indica que se trata de una lesión de bastante tiempo de evolución. El día 21 de mayo de 2019 es valorada en Hospital Santísima Trinidad con en cuyo parte médico se indica que la recurrente "...precisa intervención quirúrgica por vía artroscópica para corrección de todas esas patologías mencionadas, dada su patología tan compleja, habiéndose detectado la presencia del defecto de Hill-Sachs con lesión de bankar como factores que influyen en la recidiva.

En nuestra opinión estas circunstancias acreditan que, efectivamente, la recurrente padecía una patología previa compleja que la caída indudablemente vino a agravar, por lo que no puede afirmarse que las lesiones que padece fueron exclusivamente causadas por la caída, extremo que obviamente tendrá reflejo en una disminución de la indemnización correspondiente.

En cuanto al tiempo de curación de las lesiones, la perito de Adif limita su cómputo, en nuestra opinión con un criterio acertado, al período en el que el paciente necesitó realmente tratamiento médico, quirúrgico y rehabilitador para la curación y estabilización del proceso, excluyéndose los controles médicos posteriores, pues éstos tienen por objeto el control paliativo de sus secuelas y no forman parte del tiempo de curación.

En nuestra opinión este razonamiento es el correcto ya que consideramos que la lesión existe hasta que finaliza el procedimiento rehabilitador, lo que tuvo lugar el 5 de marzo de 2020. Desde este punto de vista, las lesiones temporales suman 345 días y no los 438 días que reclama la recurrente que incluye como período de lesión temporal el correspondiente a un tratamiento paliativo de las secuelas.

La perito de Adif estima que solo deben indemnizarse al 100% los primeros 120 días reconocidos como tiempo de curación, lo que incluye el tiempo de inmovilización y la rehabilitación. Esta cifra se fija teniendo en cuenta que la previsión general para la curación de una luxación anterior de hombro sin patología previa es de 90 a 120 días. Este razonamiento nos parece acertado y coherente con lo expuesto hasta el momento una vez hemos admitido que existen patologías previas que operan como concausas del estado en que quedó la recurrente, pues permite compensar a la recurrente por la integridad del daño que razonablemente le causó la caída si no hubiera contado con patologías previas. Sin perjuicio de lo anterior y dado que la caída le produjo a la recurrente una agravación de lesiones previas alargando al período de curación hasta los 325 días, ese período adicional de 225 tiene que ser también compensado, pero en cuantía menor que la anteriormente referida, estimando que el criterio de reducirla al 50% responde a una ponderación adecuada a la vista de las circunstancias concurrentes.

2 . Sobre las secuelas.

Nuevamente nos encontramos con la incidencia de las patologías previas de la recurrente en el estado final en el que quedó tras el accidente. En coherencia con lo que hemos expuesto hasta el presente, debemos admitir la existencia del deber de indemnización por este concepto, pero reduciendo las cuantías solicitadas de acuerdo, nuevamente y por la misma razón, con la propuesta de la perito de Adif.

En definitiva, procede valorar la prótesis total del hombro en la puntuación intermedia del baremo, pues desde el 5 de marzo de 2020 no padece dolor en el hombro y su movilidad supera el 90% en la flexión anterior y la abducción. De esta manera es correcta en relación a la prótesis de hombro el reconocimiento de 20 puntos al 50%, 4 puntos al 50% para el perjuicio estético y el reconocimiento de una compensación por pérdida de calidad de vida de tipo leve en un grado bajo- moderado en una relación causal del 50%.

Hemos dado mayor credibilidad a la prueba pericial de la perito de la administración porque, basándose en informes médico que repitamos objetivos emitidos por los hospitales que atendieron a la recurrente, acredita que la recurrente padecía importantes lesiones previas que imponen una reducción de la indemnización solicitada, sin que el perito de la recurrente rebatiera de forma adecuada esta situación ya que se limitó a afirmar que no existía incidencia alguna de las patologías previas en las lesiones de la recurrente.

SÉPTIMO: En virtud de las previsiones del artículo 139.2 LRJCA, no procede imponer las costas de la apelación a la parte recurrente al haber sido estimada en parte su pretensión, sin que tampoco se impusieran en la instancia.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,