Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 2505/2021 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- Planteamiento del recurso, fundamentación de la resolución recurrida

Es objeto de este recurso contencioso-administrativo la denegación de la Subsecretaria del Interior, por delegación del Ministro de Interior, de la solicitud de protección internacional instada por, nacional de Costa de Marfil.

La resolución recurrida examina en primer lugar la situación política de Costa de Marfil. En la convocatoria electoral del año 2010 se produjo la victoria, en segunda vuelta y tras cinco meses de enfrentamientos y combates, del partido político RDR lo que supuso el triunfo de los rebeldes frente a los llamados lealistas al gobierno del partido FPI. Sin embargo, la crisis postelectoral que se produjo desde finales de 2010 hasta mediados de 2011 trajo consigo un nuevo período de inestabilidad, hasta que el partido político FPI se hundió definitivamente. Desde entonces Costa de Marfil ha experimentado un gradual proceso de pacificación y estabilización bajo el gobierno del partido político RDR, y un amplio apoyo parlamentario, con revalidación electoral en las elecciones presidenciales de 2015. En 2017, se produjo el cierre definitivo de la Misión de la ONU en Costa de Marfil (ONUCI) que llevaba trece años presente en el país, y la comunidad internacional elogió el avance gradual del país hacia la reconciliación nacional y la estabilidad, si bien advirtió que aún era frágil, como muestran los conflictos políticos no resueltos, las profundas tensiones sociales, los delitos violentos que se producen y la violencia de las zonas rurales.

Se razona que el relato del solicitante se encuadra en un contexto de inseguridad social e inestabilidad política generalizadas, pero en ningún caso basado en circunstancias individualizadas ni personales relativas en concreto al solicitante o a su familia que las hagan susceptibles de protección internacional, sus alegaciones carecen de toda credibilidad sin que concrete ningún episodio específico de amenaza o agresión hacia su persona.

Se concluye que las razones aducidas no son susceptibles de protección internacional conforme a la Convención de Ginebra de 1951 y el la Ley 12/2009. De la misma forma, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009.

SEGUNDO.- Regulación comunitaria y estatal

La protección internacional dispensada por la política europea de asilo (Sistema Europeo Común de Asilo), comprende el derecho de asilo y la protección subsidiaria, que la Ley 12/2009, de 30 de octubre, transponiendo la legislación de la Unión Europea, concreta, respectivamente, en sus artículos 3 y 4, acogiendo las definiciones de la Directiva 2004/83/CE, actual 2011/95/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. (Directiva de reconocimiento).

La protección internacional es una protección sustitutiva para el caso de que el país de origen, en el caso de los nacionales o, el de su anterior residencia habitual, en el caso de los apátridas, no pueda proporcionar protección razonable, efectiva y accesible, en los términos descritos en el artículo 14 de la Ley ( artículo 8 de la Directiva 2011/95).

El artículo 10.2 de la de la Directiva 2013/32, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), establece que, al examinar las solicitudes de protección internacional, la autoridad decisoria determinará en primer lugar si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados y, de no ser así, determinará si son personas con derecho a protección subsidiaria.

Para la concesión del estatuto de refugiado, deben cumplirse los siguientes requisitos: (1) uno o varios motivos de persecución por razón de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, (2) actos de persecución o ausencia de protección contra los mismos, y (3) nexo o conexión entre los motivos y los actos o persecución o la ausencia de protección. En este sentido se expone en el considerando 29 de la Directiva de reconocimiento.

La protección subsidiaria, para quienes no reúnan los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, es la dispensada a las personas respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley ( artículo 15 de la Directiva 2011/95).

En ambos supuestos, condición de refugiado y protección subsidiaria, es preciso que el temor fundado a ser perseguido o a sufrir graves daños, respectivamente, provenga de los agentes previstos en el artículo 13, y que, como hemos dicho, el agente de protección definido en el artículo 14 no pueda proporcionar protección contra la persecución o daños graves ( artículos 6 y 7, respectivamente, de la Directiva 2011/95).

TERCERO.- Evaluación de las circunstancias individuales y requisitos para la concesión del estatuto de refugiado.

Con arreglo al artículo 4, apartado 3, letras a), b) y c), de la Directiva de reconocimiento -artículo no traspuesto por la Ley de asilo- la valoración individual de una solicitud de protección internacional debe tener en cuenta lo siguiente: i) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud de asilo, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país de origen y el modo en que se aplican; ii) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, y iii) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante ( STJUE de 26 de febrero de 2015 (recurso C-472/13) Shepherd).

Asimismo, el artículo 46.3 de la Directiva 2013/32, de procedimientos, garantiza que el recurso efectivo, al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia, suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE.

En este caso, se ha denegado la solicitud mediante resolución motivada conforme al Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, reglamento de la Ley de asilo.

En primer lugar, respecto al reconocimiento de la condición de refugiado, el temor fundado de persecución debe estar relacionado con uno o más de los motivos previstos en la definición de refugiado del artículo 1A de la Convención de 1951, es decir, tiene que ser «por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.»

Relató el recurrente en la entrevista personal, como resume la demanda, que salió de su país Costa de Marfil en el mes de julio del año 2017 cuando las fuerzas opositoras a lo que la familia del recurrente había defendido hasta ese momento, irrumpen en el domicilio de su familia, le golpean y amenazan con matarles, y ante la inseguridad creada decide huir, viajando a Ghana país en el que no confía por lo que decide trasladarse a Turquía, llegando a Grecia para viajar a España vía aérea.

De dicho relato no se desprende la alegación de un motivo de persecución protegible conforme a la Convención y artículo 7 de la Ley de asilo. Dispone al respecto el artículo 7.2 de la Ley -artículo 10.2 de la Directiva de reconocimiento-, que en la valoración acerca de si la persona solicitante tiene fundados temores a ser perseguida será indiferente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la persecución, a condición de que el agente de persecución se la atribuya. Lo que no queda acreditado al respecto es que el que el tío del recurrente fuera militar, al servicio del expresidente, haya sido percibida por las personas que le atacaron, que define como «personas cercanas al gobierno» como una opinión política del recurrente que permita valorar una persecución real.

Una persecución, conforme al artículo 9, apartado 1, letra a) de la Directiva de reconocimiento, artículo 6 de la Ley 12/2009, precisa que los actos pertinentes deben ser «suficientemente graves» por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una «violación grave de los derechos humanos fundamentales» y, además de cumplir dicho umbral de intensidad o reiteración, debe guardar un nexo causal con un motivo de persecución.

De cualquier forma, para valorar tal gravedad o acumulación, es preciso la existencia de un acto de persecución como tal, y la recurrente, en su entrevista personal cuando solicitó el asilo, habla de golpes de los soldados y amenazas de ser cómplice de su tío. Según las fuentes de información del país examinadas en la resolución recurrida, no puede inferirse que respecto de todas las personas que no comulgan con el ideario del gobierno tengan necesidad de protección internacional.

En todo caso, los «temores fundados» que están en la definición de refugiado, no solo tienen un aspecto subjetivo, el «temor» percibido por el solicitante, sino que debe evaluarse la justificación «fundado» de dicho temor basada en la situación del país de origen y en otros factores en términos de razonabilidad o probabilidad. «Elementos subjetivo y objetivo -Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, de ACNUR (párrafo 38)», que refleja principios consolidados de Derecho internacional.

Relata incluso que salió del país en 2017 y estuvo en Ghana, Turquía y Grecia hasta que llegó a España el 15 de marzo de 2020, por lo que habían transcurrido varios años desde los hechos que relata hasta que solicita protección internacional, En la demanda se alega que «solicitó protección internacional en Grecia, sin embargo, no consta fecha de la solicitud ni el motivo por el que no se activó la posibilidad» lo que no deja de ser inconsistente, lo que tampoco acredita.

En cualquier caso, no consta que sean las autoridades de Costa de Marfil quien le ha perseguido por tal circunstancia, sin que conste que haya acudido a las mismas solicitando protección, alegando « que tanto el ejército como la policía de su país son los que vulneran los derechos fundamentales».

No existe un derecho a la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, sino que se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, conforme al artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aunque el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establezca el derecho de toda persona a buscar asilo en caso de persecución, y a disfrutarlo de serle concedido, no existe el derecho a su reconocimiento, sin que a la recurrente se le haya privado de solicitar protección internacional con todas las garantías inherentes a tal solicitud.

Razones todas ellas que llevan a confirmar la denegación de la concesión del estatuto de refugiado.

CUARTO.- Requisitos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria.

De igual modo, no se dan los requisitos para la protección subsidiaria, en cuanto a los motivos fundados para creer que se enfrentarían a un riesgo real, en caso de regresar a Costa de Marfil, de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 10 de la Ley de asilo, ni, como hemos dicho existe un agente de persecución en los términos del artículo 13 de la Ley.

Los supuestos de protección subsidiaria se definen en el artículo 10 de la Ley de asilo. Descartado el apartado a) del artículo 10 de la Ley de asilo -condena a pena de muerte- respecto al apartado b): «tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes», se exige, además de la gravedad, la individualización, y en este caso, el temor a las amenazas de su familia no supone ningún riesgo real por el mero hecho de regresar a su país de origen.

En cuanto al apartado c) del mismo artículo 10 de la Ley 12/2009, «amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno», por regla general, un riesgo meramente relacionado con la situación general de delincuencia e inseguridad de un país no es suficiente.

La Directiva 95/2011 añade al conflicto el calificativo de que sea «armado», si bien indica que los riesgos a los que en general se ven expuestos la población de un país o un sector de la población no suelen suponer en sí mismos una amenaza individual que pueda calificarse como daño grave (considerando 35).

La sentencia del TJUE de 17 de febrero de 2009, Elgafaji (C-465/07 ) interpretó este motivo de protección subsidiaria considerando que más que actos de violencia determinados, dicha disposición contempla más ampliamente « las amenazas [...] contra la vida o la integridad física de un civil», y no actos concretos de violencia. La violencia que da lugar a esta amenaza se califica de «indiscriminada», término que implica la posibilidad de que se extienda a las personas independientemente de sus circunstancias individuales. Además, si el nivel de violencia indiscriminada es lo suficientemente elevado, dicha amenaza puede ser inherente a una situación general de «conflicto armado internacional o interno».

En la sentencia del TJUE, de 30 de enero de 2014, (asunto C-285/129) Diakité, se define el conflicto armado interno: «[...] el artículo 15, letra c), de la Directiva [2004/83 ] debe interpretarse en el sentido de que ha de admitirse la existencia de un conflicto armado interno a los efectos de la aplicación de esta disposición cuando las tropas regulares de un Estado se enfrenten a uno o varios grupos armados o cuando dos o más grupos armados se enfrenten entre sí, sin que sea necesario que este conflicto pueda calificarse de conflicto armado sin carácter internacional en el sentido del Derecho Internacional Humanitario y sin que la intensidad de los enfrentamientos armados, el nivel de organización de las fuerzas armadas implicadas o la duración del conflicto deban ser objeto de una apreciación diferente de la del grado de violencia existente en el territorio afectado».

No obstante, como recuerda la sentencia Diakité, la existencia de un conflicto armado es una condición necesaria, pero insuficiente, para invocar el artículo 15, letra c), pues se exige que el grado de violencia indiscriminada que caracteriza el conflicto armado haya llegado a tal extremo que existen motivos fundados para creer que un civil expulsado al país de que se trate o, en su caso, a la región de que se trate, se enfrentaría, por el mero hecho de su presencia en el territorio de éstos, a un riesgo real de sufrir dichas amenazas. No existe un conflicto bélico en Costa de Marfil.

Además, debe valorarse, la posibilidad de protección nacional, en una parte del país de origen, en las condiciones de seguridad, accesibilidad y razonabilidad que exige el artículo 8 de la Directiva. No consta que el recurrente tuviera problemas para desplazarse de forma legal y segura a otra parte del país, sin que tenga en modo alguno que volver al lugar donde residía.

Procede, por tanto, confirmar también la denegación del estatuto de protección subsidiaria.

QUINTO.- Conclusión y costas

De cuanto antecede, se deduce la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

En aplicación del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandante, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad de este, fija en 500 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.