Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 2553/2021 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 17 de junio de 2021, de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministro del Interior, que denegó a la interesada el derecho de asilo así como la protección subsidiaria.

En la resolución administrativa impugnada se recogen las principales alegaciones de la solicitante, en el sentido de que "que los motivos por los que ha abandonado Marruecos y solicitado protección internacional son de naturaleza laboral y económica, buscando una mejora de la situación social de su familia", entendiendo que dichas razones no son susceptible de protección internacional, sin que tampoco concurra alguna de las causas que dan lugar a la protección subsidiaria.

En la demanda se pretende que se declare la nulidad de las actuaciones administrativas y su retroacción al momento en que tuvo lugar la falta que se denuncia, que es la de la convocatoria de ACNUR a la reunión de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, convocatoria que resulta preceptiva y de la que no existe constancia.

En la contestación a la demanda se considera, erróneamente, que lo planteado en la demanda es "la concurrencia en la persona del demandante de los presupuestos necesarios para el reconocimiento del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado", razonando sobre la ausencia de los requisitos que justifiquen el otorgamiento del asilo.

SEGUNDO.- Se postula en la demanda la nulidad de actuaciones y su retroacción al no constar la convocatoria de ACNUR a la reunión de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, siendo tal convocatoria preceptiva conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 35 de la Ley 12/2009.

Ahora bien, como en otras ocasiones se ha expuesto por esta Sección en relación con similar alegación (entre las últimas, sentencia de 18 de octubre de 2023 -recurso 2317/2021-), consta en el expediente la propuesta elevada por la indicada Comisión, en cuyo encabezamiento se recoge expresamente que el expediente fue examinado, en cumplimiento del artículo 24.2 de la Ley 12/2009, en la reunión celebrada el día 8 de junio de 2021, "contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)" (folio 22).

Luego, si a la reunión asistió el representante del ACNUR, va de suyo que fue convocado a la misma.

Además, según se expone en la sentencia de esta Sala, Sección 4ª, de 15 de marzo de 2023 -recurso 83/2021- "No existe razón alguna para dudar de la asistencia del ACNUR a dicha reunión. De modo que las alegaciones al respecto formuladas en la demanda no aparecen en modo alguno justificadas".

TERCERO.- Pese a la ausencia de una argumentación relativa a las cuestiones de fondo, este Tribunal, en cumplimiento de lo previsto en la normativa europea aplicable, ha de analizar, siquiera someramente, la procedencia de la concesión de la protección internacional.

A estos efectos, la Ley 12/2009, citada, configura el derecho de asilo como "la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967" (artículo 2).

De este modo, " la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país [...] y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9" (artículo 3).

La propia Ley delimita la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean, en efecto, "fundados", con exclusión, por tanto, de cualesquiera otros de relevancia menor (artículo 6), así como establece criterios de valoración de los motivos de persecución (artículo 7) y enuncia quiénes pueden ser los agentes de persecución (artículo 13) y, en su caso, los de protección (artículo 14).

Por tanto, no procede la concesión del asilo si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido por alguno de los motivos reseñados, que, como se expone en la resolución administrativa impugnada, es lo que sucede en el supuesto de autos.

En efecto, en el caso del que se trata resulta claro que lo que se invoca por la demandante para fundar su solicitud son motivos económicos, reconociendo expresamente no haber tenido problemas con las autoridades de su país, no habiendo sido tampoco amenazada ni agredida, lo que no tiene cabida en ninguno de los motivos recogidos en la Ley 12/2009, antes reseñados.

De lo que se sigue la desestimación de la pretensión de reconocimiento del derecho de asilo.

CUARTO.- Con respecto a la protección subsidiaria, el artículo 4 de la Ley 12/2009 establece que "el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12" de la misma Ley .

Estos daños graves que se pretenden evitar con la protección subsidiaria son: "a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno" (artículo 10).

Nada indica que, en el supuesto de autos, exista el riesgo de sufrir alguno de esos daños graves en las circunstancias señaladas, habida cuenta, en concreto, y en cuanto al supuesto recogido en la letra c) del artículo 10, de que no cabe considerar que en Marruecos exista una violencia indiscriminada en una situación de conflicto interno, que es el entorno en el que han de producirse las amenazas graves contra la vida o la integridad.

Por lo que también ha de denegarse la concesión de la protección subsidiaria.

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, han de imponerse las costas a la parte que ve rechazadas sus pretensiones, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, dada la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 500 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.

POR TODO LO EXPUESTO