Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 242/2023 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- Se recurre en las presentes actuaciones la Resolución de17 de abril de 2022, dictada por la Subdirectora General de Protección Internacional del Ministerio del Interior por delegación del Ministro del Departamento, desestimatoria de la solicitud de protección internacional formulada por el demandante.

El demandante, natural de Marruecos, formuló solicitud de asilo y de protección subsidiaria el día 22 de febrero de 2022 en la comisaría de Policía de Melilla, siendo tramitada por el procedimiento ordinario.

Adujo en su solicitud que en Marruecos sólo tenía trabajo ocasional, por lo que vino a España en busca de trabajo y estabilidad económica.

SEGUNDO.- En la resolución impugnada se sustenta la desestimación de la petición de asilo en que, siguiendo el relato del propio demandante, el actor no ha sufrido persecución alguna por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, orientación sexual u opiniones políticas. No siente un temor a regresar a su país de origen por esta causa, sino que son las razones económicas y la expectativa de mejorar de vida lo que ha motivado la solicitud de protección internacional.

Por ello se concluye que no ha quedado establecida la existencia de una persecución contra el solicitante, ni una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951. De la misma forma, se entiende que tampoco concurre ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

TERCERO.- En la demanda, acepta que las razones económicas en las que el demandante sustentó la solicitud de protección internacional no integran los elementos necesarios para reconocer el derecho de asilo o la protección subsidiaria, pero la situación descrita sí sería acreedora de que se le conceda autorización para permanecer en España por razones humanitarias.

Razona a tal efecto que se realizó la entrevista con una sola frase sin entrar a valorar circunstancias sociales, familiares, etc. del solicitante, lo cual conlleva necesariamente la adopción de esta protección por razones humanitarias, por cuanto se ha justificado la situación vulnerable del propio solicitante, que tuvo que huir de su país; la carencia de medios económicos y de cualquier ingreso del trabajo, así como la carencia de apoyo familiar; y, finalmente, el recurrente estaba en una precaria situación económica, sin que el Estado marroquí garantice mínimamente su derechos.

La Abogacía del Estado, por su parte, se opone en la contestación a la demanda y sostiene la conformidad a derecho de la resolución recurrida, alegando la ausencia de los requisitos que justifican el reconocimiento del asilo conforme a la Ley 12/2009.

CUARTO.- Pese a que en el suplico de la demanda se solicita la concesión de asilo o protección subsidiaria y, finalmente, la concesión de autorización de permanencia en España por razones humanitarias, lo cierto es que el razonamiento incorporado a la demanda se circunscribe a esta última pretensión.

Pues bien, el artículo 46.3 de la Ley 12/2009, que establece: "Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".

El Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de asilo, tras las modificaciones efectuadas por el Real Decreto 2393/2004, permite la permanencia en España bajo la forma de autorización de estancia a las personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y no cumplan los requisitos previstos en la Convención de Ginebra y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en las que se aprecie que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad; y a aquéllas otras personas en las que concurran razones humanitarias -que el Reglamento no especifica- distintas de las anteriores, siempre y cuando estén acreditadas en el expediente.

Las razones humanitarias no se refieren a cualquier razón de tipo humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso. Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con el disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que éstos tuvieran que volver a su país. Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.

Como ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 2003, entre otras, "Nos encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la Administración pueda autorizar al extranjero en quien no concurran los requisitos del artículo 3.1 de la Ley a permanecer en España, confiriendo de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta del solicitante de asilo con un margen de discrecionalidad para resolver".

En nuestro caso, no existen condiciones que, más allá de la precariedad económica que el demandante dice padecer en su país, permitan considerar que concurran alguna o algunas de las circunstancias a que se ha hecho referencia, de modo que carecería de fundamento la adopción de la medida interesada.

Por lo que, en fin, procede la denegación de la protección internacional solicitada.

QUINTO.- Po r todo lo anterior procede desestimar las peticiones de protección internacional y, de conformidad con el artículo 139.1 de la LRJCA, se imponen las costas a la parte recurrente por haber sido rechazadas todas sus pretensiones, si bien, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 del mencionado artículo y teniendo en cuenta el alcance y la dificultad de las cuestiones planteadas, se fija como cifra máxima por todos los conceptos la suma de 1000 euros .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación española,