Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 12/2021 de 24 de octubre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

En el presente recurso contencioso-administrativo, la parte demandante, impugna la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 28 de octubre de 2020, que desestima la reclamación económico-administrativa formulada por la parte demandante contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones por las que se aprueban los cánones de regulación de los embalses de Aracena y Zufre del año 2015 y primera anualidad del 2011.

La parte interesada alegaba en esencia, que la aprobación del canon de regulación del año 2011 y su liquidación resulta contraria al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadores no favorables o restrictivas de derechos individuales que consagra el art. 9.3 de la CE. Con carácter subsidiario alegaba que los gastos de administración no se podían repercutir sino desde el 22 de octubre de 2011.

SEGUNDO.- Pretensión y alegaciones de la parte demandante y de la parte demandada.

La parte demandante solicita de la Sala una Sentencia " por la que, estimando las pretensiones deducidas por esta parte, declare la anulación y, consiguientemente, la revocación parcial, de la Resolución de 29.12.2014, del Excmo. Sr. Presidente de la CHG por la que se aprueba el canon de regulación de los embalses de Aracena y Zufre correspondientes al ejercicio 2011 (1º semestre) y 2015 en lo que respecta a la aprobación del canon de regulación correspondiente al ejercicio 2011, por los motivos expuestos y acreditados en el presente escrito."

Por su parte , la Administración demandada , en su escrito de allanamiento, afirma que "a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2021, que estima el recurso de casación nº 6712/2019 , interpuesto contra la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2019, dictada en el recurso nº 50/2018 y referida a idénticos actos administrativos originarios que los aquí impugnados, considerando que el supuesto de autos no suponía una prórroga del canon y tarifa sino de aprobación retroactiva, entiende esta parte que las resoluciones de 29 de diciembre de 2014 aquí impugnadas quedan sin fundamento."

Se afirma por el Abogado del Estado que el interesado no impugna en el presente proceso los concretos actos de liquidación girados a su cargo por razón de la segunda anualidad de 2011. En concordancia, el suplico de la demanda no pide la anulación de las liquidaciones. Por tanto el allanamiento no abarca a las liquidaciones que se hayan girado, ni éstas pueden ser objeto del presente proceso y ello pues la declaración de nulidad de la disposición general no afecta a los actos dictados en aplicación de ella que hayan devenido firmes por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

TERCERO.- Remisión a la SAN de 4 de julio de 2023 dictada en el recurso num 1456/2020.

Como esta Sala y Sección ha dicho en la SAN de 4 de julio de 2023 dictada en el recurso num 1456/2020 :

" TERCERO. - Examinado el escrito de demanda resulta que la parte recurrente junto a la impugnación de la resolución del TEAC en relación ultima con las resoluciones de 28 de diciembre de 2015 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que aprobaron el canon de regulación, no ha dirigido la impugnación frente a las supuestas liquidaciones que se debieron girar a consecuencia de la aprobación de dicho canon.

Examinado el expediente resulta que dichas liquidaciones no fueron objeto de impugnación ni se incluyeron en el escrito de interposición del presente recurso contencioso administrativo por lo que no es posible extender el allanamiento a dichas resoluciones. La parte recurrente tampoco incluyó las liquidaciones en el suplico de la demanda.

Así resulta de lo previsto en el articulo el artículo 73 de la Ley LJCA cuando dispone que "las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".

Los argumentos recogidos en la demanda se refieren, obviamente, a las razones de la impugnación del canon: "A la vista de lo expuesto no puede más que concluirse que el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, para el ejercicio 2011, aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mediante las resoluciones de (....) es nulo de pleno derecho, por haberse aprobado con posterioridad a la fecha de su devengo, vulnerando los principios jurídicos de irretroactividad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.".

La anulación del canon conllevará, no obstante, efectos directos en relación a las liquidaciones que se hayan girado en aplicación de dicho canon."

CUARTO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar expresa imposición de costas procesales de esta instancia a ninguna de las partes y ello dado que ha sido necesario el pronunciamiento de diversas sentencias para fijar un criterio claro sobre las razones de la anulación de la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, se emite el siguiente,