Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1019/2020 de 24 de noviembre del 2023

PRIMERO. - ÁMBITO DE LA REVISIÓN JUDICIAL.VALORACIÓN JURÍDICA DE LA SALA.

Ambas partes litigantes reconocen la secuencia de hechos que da lugar al despacho de la providencia de apremio de que trae causa el presente recurso: el importe apremiado (36.466,97 €) , consistente en la cuota de Impuesto sobre el Valor Añadido devengado en una operación de importación se incluyó por la sociedad recurrente en el modelo de declaración 303 correspondiente al mes de abril de 2017, pese a que la notificación de la liquidación del DUA fue comunicada por Aduanas a principios del siguiente mes de mayo . No se discute que de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido , en especial el artículo 74.1 y la Disposición Adicional Octava del Reglamento de su Ley reguladora aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, al haber optado sujeto pasivo por el sistema de diferimiento del ingreso , el pago de la deuda reseñada debía haberse efectuado en la declaración relativa a mayo ,por haber recibido en este mes su liquidación. A partir de ahí, la Abogacía del Estado se explaya en una serie de consideraciones acerca del carácter imperativo de las normas sobre devengo de la deuda tributaria, imputación temporal y extinción de la deuda que incluso de tenerse presentes, no niegan necesariamente la realidad de que en este caso tuvo lugar un pago anticipado, presumiblemente por error del sujeto pasivo. Lo que desde el punto de vista financiero implica que, en puridad, la Hacienda Pública no ha experimentado perjuicio alguno, a diferencia de lo que sucede en el retraso en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias . Es necesario recordar que la cuestión que la recurrente plantea a la Sala se reduce estrictamente a determinar si puede prosperar el motivo de oposición al apremio consistente ex artículo 167.3 de la Ley General Tributaria en la extinción de la deuda apremiada por pago. Un pago anticipado no deja de representar un acto con fines solutorios que, como se ha dicho, garantiza además la indemnidad financiera de la Administración. La Abogacía del Estado conjetura que el sujeto pasivo tiene a su disposición la opción de instar la rectificación de la cuota tributaria errónea e incluso solicitar la devolución de ingresos indebidos. Un pago intempestivo por anticipado no tiene por qué ser indebido, si responde a una obligación valida, además de que satisface el interés del acreedor

SEGUNDO. - SENTIDO DEL FALLO Y COSTAS PROCESALES.

Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso, y conforme dispone el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer el pago de las costas procesales a la Administración recurrida hasta un máximo de 2.000 € por todos los conceptos.