Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 616/2021 de 24 de julio del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, por la representación de Valle, la Resolución del Ministerio del Interior de 25 de julio de 2020, que deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria a dicha recurrente.

Constituyen antecedentes fácticos relevantes para el enjuiciamiento de la controversia, los que se exponen a continuación:

La recurrente formalizo su petición de protección internacional ante la Brigada Provincial de extranjería y Fronteras de Madrid, con fecha de 28 de octubre de 2019, tras su llegada a España el 11 de octubre anterior.

Sustenta su solicitud de asilo en lo siguiente:

En el mes de junio del presente año las personas que tienen que ver con la muerte de su padre comenzaron a amenazarle, por considerar que tenía los documentos de la empresa de su padre. Estos hechos no los ha denunciado, pero presenta la denuncia del asesinato de su padre. No ha podido cambiar de ciudad en el interior de su país. Cree que si regresara a Colombia le matarían.

SEGUNDO.- La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España».

Siendo de aplicación la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, cuyo artículo 2 define el derecho de asilo como "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

El artículo 3 de la citada norma dispone que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

En el artículo 6 de la Ley se pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión, de esa manera, de cualesquiera otros de relevancia menor. En el artículo 7 se establecen criterios para valorar los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Y en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley se describe quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.

TERCERO.- Aplicando la anterior normativa y jurisprudencia al supuesto de autos, considera la Sala que es de aplicación lo previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, al plantearse por la actora cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos que, para el reconocimiento de la condición de refugiado, derivan de la normativa reguladora de la protección internacional.

Y ello dado que las amenazas sufridas descritas por tal Sra. Valle, además de adolecer de gran generalidad y vaguedad, ni se acredita y ni siquiera se invoca, que guarden relación alguna con los motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o a un grupo étnico o social determinado, o por motivos de identidad u orientación sexual que son los únicos que, conforme a la legislación aplicable, podrían dar lugar al derecho de asilo.

A tal efecto es importante poner de manifiesto, tal y como se desprende de la información sobre el país de origen de la recurrente, que en la actualidad el Estado colombiano a través de la policía, si se encuentra en condiciones de tomar las medidas razonables y oportunas para impedir actos delincuenciales como los descritos. Por lo que no puede sostenerse que las autoridades estatales no quieran o no puedan proporcionar una protección frente a tales actos, sin que tampoco se acredite en el supuesto la existencia de los agentes de persecución o causantes de daños graves que, conforme al artículo 13 de la Ley de Asilo, permitirían tomar en consideración la solicitud, pues se hace referencia a "grupos delincuenciales" sin mayor especificación.

De todo lo cual se concluye que no resulta del relato de la solicitante y demás pruebas practicadas, la concurrencia de indicios suficientes de que haya existido una persecución personal contra la misma por alguna de las causas contempladas en la Convención de Ginebra ni en la Ley 12/2009, de Asilo. Sin que por los mismos motivos tampoco hay base lógica para afirmar que tal solicitante pudiera albergar un temor fundado a sufrir persecución en el futuro si regresara a Colombia, ni por el perfil de dicha recurrente ni por la situación social y política de su país de origen ( ex artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009), de lo que se infiere que no está acreditada la necesidad de protección internacional, ni en su modalidad de asilo, ni en la de protección subsidiaria.

CUARTO.- Procede, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, la imposición de las costas procesales a la recurrente cuyas pretensiones han sido desestimadas, costas cuyo importe máximo, por todos los conceptos, no podrá exceder de 1500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación