Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1931/2021 de 25 de octubre del 2023

PRIMERO. - El presente recurso tiene por objeto la resolución del Ministerio del Interior, de 26 de febrero de 2021, por la que se deniega la solicitud de protección internacional presentada por el demandante.

SEGUNDO. - El recurrente solicita que se conceda el derecho de asilo o, en su defecto, la protección subsidiaria y subsidiariamente la protección internacional por razones humanitarias.

En defensa de su pretensión cita los artículos 3, 4, 6.1 y 6.2.A de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como diversas sentencias del Tribunal Supremo y alega que, pese a formar parte de la religión mayoritaria del país, ha sufrido agresiones y persecución pertenecientes a la rama del chiismo, por motivos religiosos, que justifican su solicitud de Protección Internacional. Por ello entiende que procede concederle dicha protección o, en todo caso la protección subsidiaria con base en el artículo 10 de la Ley de Asilo o la permanencia en España por razones humanitarias, al amparo del artículo 46 de la misma Ley.

TERCERO.- La representación de la Administración demandada, por su parte, opone que las amenazas supuestamente vertidas no provienen de agentes de persecución, sino de criminales comunes y, en ningún caso, consta que se haya solicitado protección a las autoridades de su país; en cuanto a la protección subsidiaria y la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, no concurren los presupuestos establecidos en la ley para su concesión, por lo que solicita la desestimación del recurso.

CUARTO.- De los datos que constan en el expediente resulta que el recurrente, que no acredita su identidad, manifiesta ser nacional de Pakistán, nacido el NUM000 de 1993; llegó a España el 1 de febrero de 2015 y presentó su solicitud de asilo en Barcelona, el 26 de junio de 2018; el motivo de su solicitud responde a que los chiitas han construido una mezquita en el barrio sunnita donde vive y le atacaron en varias ocasiones, denunciando estos hechos a la policía por parte de los sunnitas; su padre pagó 1.200.000 rupias para sacarle del país; durante 15 meses cobró un subsidio alemán y estuvo 15 meses en Albania, donde tramitó el asilo, pero al ver que compatriotas suyos eran deportados, huyó hacia España, sin conocer el resultado de su solicitud.

La denegación se basa en considerar que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, que los hechos no encajan en ninguno de los supuestos de la Convención de Ginebra, ni tampoco concurre ninguna de las causas para otorgar la protección subsidiaria.

QUINTO.- An te la solicitud de asilo que se formula por el recurrente, se trata de determinar si concurren las causas que determinan el derecho a la protección propia del Asilo; tales causas son las previstas en los instrumentos internacionales ratificados por España y, en especial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A(III), el 10 de diciembre de 1948, (Art.14 : "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país"), en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, disponiendo el art. 1.A.2 de dicha Convención que el término refugiado se aplicará a toda persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".

También el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que "se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»)".

Por su parte, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece en su artículo 2 que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

El artículo 3 añade que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

El recurso carece de fundamento; como se señala en la resolución recurrida, el solicitante no ha presentado el mínimo indicio en apoyo de sus afirmaciones, ni siquiera ha acreditado debidamente su identidad; no denunció los hechos ante las autoridades de su país ni intentó el desplazamiento a otro lugar de Pakistán; antes de venir a España había estado en varios países, entre ellos Italia y Alemania, donde refiere haber pedido asilo que le fue denegado; sobre la existencia de amenazas por parte de los talibanes tampoco hay un mínimo principio de prueba, ni en este recurso se ha solicitado; además desde su llegada a España en Enero de 2018 hasta que presentó su petición en junio, transcurrieron varios meses, circunstancias todas ellas que arrojan serias dudas sobre la credibilidad de su relato; finalmente, no solicitó protección por parte de las autoridades de su país, que no están en el origen de las amenazas sufridas.

Por esta razón la valoración que se realiza en la Resolución consistente en que "no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951" resulta correcta en vista de la ausencia del más mínimo indicio concreto sobre la existencia de una persecución por los motivos establecidos en la legislación de asilo, o del temor a sufrirla.

SEXTO.- En cuanto a la protección subsidiaria, cabe decir que está contemplada en el artículo 10 de la Ley de Asilo, y procede cuando los daños graves que dan lugar a este tipo de protección, prevista en el artículo 4, consisten en: " a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", y los hechos del presente caso no tienen encaje en ninguno de los supuestos legales.

Finalmente, la permanencia en España por razones humanitarias se contempla en el artículo 46.3 de la Ley de Asilo, norma encuadrada sistemáticamente en el Titulo IV de la Ley, que lleva por rúbrica: "de los menores y otras personas vulnerables", sin que se haya acreditado que el demandante sea menor o que se encuentre en alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo primero de ese artículo. El Tribunal Supremo ha declarado ( St. TS de 26 de julio de 2016 (R. 374/2016) que: «[...] la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen.

Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería [...]».

Ni en el expediente administrativo ni en este recurso se ha propuesto prueba que justifique la existencia de alguna de las causas mencionadas en el artículo 46.3, citado, por lo que esta petición debe ser igualmente desestimada.

SÉPTIMO. - Por todo lo anterior, procede desestimar el recurso y en aplicación del art. 139.1. de la Ley de esta jurisdicción, imponer las costas a la parte demandante, en cuantía que no podrá exceder por todos los conceptos de 1.500 euros.