Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1631/2020 de 26 de enero del 2024

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 14 de octubre de 2020, por la que se deniega el reconocimiento de la Protección Internacional a la recurrente.

La petición fue admitida a trámite y se instruye por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 12/2009.

Los hechos en los que se funda la pretensión actora, nacional de Colombia y Colombia, según resultan del expediente administrativo, son:

"La solicitante, aunque es de nacionalidad colombiana, residía en Venezuela desde los 4 años. Que a principios de 2017 se convirtió en objetivo de secuestro para extorsionar a sus padres por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos Colectivos porque tenían una empresa de Envíos de paquetería y la Guardia Nacional pensaba que se dedicaban al tráfico de chalecos, mascaras, bombas, etc., para manifestaciones que estaban en contra del régimen de Maduro.

Cuando residía en Venezuela, uno de los días que salía del colegio un coche se detuvo frente a ella y un hombre que salió de la puerta trasera y dejándola abierta dos hombres que había dentro le gritaban que la "chinita, la chinita" y ella salió corriendo y se metió en el colegio y llamó a sus padres y fueron a buscarla al colegio y desde entonces no le dejaban salir sola. Toda esta situación le generaba mucho estrés y miedo

La Guardia empezó a perseguir a sus padres, a amenazarlos, a extorsionarlos, etc, de lo cual aporta fotocopia de la denuncia de sus padres.

Por esos motivos su madre y la solicitante abandonaron Venezuela en 2017 y se fueron a Colombia y su padrastro y hermanastro se fueron a Estados Unidos.

Después su padrastro regresó a Colombia y se vino a España en abril del 2018 con su madre. La solicitante no pudo en esa fecha abandonar Colombia por problemas burocráticos debido a su minoría de edad. Es por lo que ella viene a España el 07/02/2019 que cumple la mayoría de edad.

Su madre y padrastro ya solicitaron el asilo en mayo de 2018 y están a la espera de que se resuelva.

El informe de la CIAR es desfavorable a la concesión de la Protección Internacional.

SEGUNDO : La persona solicitante fundamenta su petición de protección internacional en la persecución que sufrió en un Estado diferente de aquél del que es nacional (Colombia).

La Ley 12/2009 define en su artículo 3 la condición de refugiado:

"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

Artículo 2 d) de la Directiva 2011/95 UE:

"refugiado»: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;"

Artículo 2 g) de la Directiva 2013/33 UE:

"g) «refugiado», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE ;"

Estos preceptos y el concepto que describen, han de ser examinados de conformidad con la doctrina elaborada por el TJUE.

Así, la sentencia del TJUE de 1 de marzo de 2016, c-443/14, contiene afirmaciones esclarecedoras en relación a la regulación del concepto de refugiado y derecho de asilo:

A) "A este respecto, debe señalarse que de los considerandos 4, 23 y 24 de la Directiva 2011/95 se desprende que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la referida Directiva relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes (véase, por analogía, la sentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11 , EU:C:2012:826 , apartado 42)."

B) "Así pues, la interpretación de las disposiciones de la referida Directiva debe efectuarse a la luz de la estructura general y de la finalidad de la misma, con observancia de la Convención de Ginebra y de los demás tratados pertinentes a los que se hace referencia en el artículo 78 TFUE, apartado 1. Según se desprende del considerando 16 de la Directiva 2011/95 , tal interpretación debe realizarse también respetando los derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, por analogía, la sentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11 , EU:C:2012:826 , apartado 43 y jurisprudencia citada)."

En reiteradísimas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo. Podemos sintetizarlos:

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.

B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia.

C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sea aislada, ya sean cumulativamente.

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.

Entre las sentencias del Tribunal Supremo que plasman esta doctrina, podemos citar la de 19 de febrero de 2016, RC 3163/2015; la de 6 de marzo de 2015, casación 3060/2014; o la de 31 de octubre de 2014, casación 407/2011.

Examinadas las cuestiones jurídicas generales atinentes al presente recurso, analizaremos las concretas circunstancias concurrentes.

Pues bien, la recurrente es nacional de Colombia y los hechos narrados ocurren en Venezuela. Ello quiere decir que puede acogerse a la protección del país de su nacionalidad, Colombia. Por lo tanto, no concurren los requisitos para entender que la recurrente esta necesitada de protección internacional, ya que no consta problema alguno para la recurrente en Colombia.

La autorización de permanencia en España por razones humanitarias, se contempla en el artículo 46 de la Ley 12/2009, establece:

"3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, en el mismo sentido, el artículo 37 b) de la Ley 12/2009.

Pues bien, de lo dicho anteriormente resulta que no puede otorgarse la protección solicitada, tampoco en este grado, pues la recurrente puede acogerse a la protección y asistencia del país de su otra nacionalidad, Colombia.

TERCERO : Procede imponer las costas la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria, hasta un máximo de mil euros.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: