Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2610/2021 de 26 de octubre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 22 de julio de 2021 por la que se inadmitió a trámite por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto contra la desestimación del Recurso de Anulación dictada por el TEAR de Murcia en relación al acuerdo de liquidación derivado del Acta de disconformidad A02- NUM000.

SEGUNDO. - El recurrente solicita en la demanda que se anule la resolución impugnada y se retrotraigan las actuaciones al momento de admisión a trámite del recurso de alzada interpuesto, ordenando a la administración demanda entrar a resolver sobre el fondo del asunto, con condena a la parte demandada a las costas causadas.

El Abogado del Estado se ha allanado a la demanda, en virtud de la autorización que le fue concedida por la Abogacía General del Estado a la pretensión formulada de contrario, consistente en que se anule la Resolución del TEAC de 22 de julio de 2021 acordando la retroacción de actuaciones para que por parte del TEAC se proceda a admitir y resolver el referido recurso. En dicho escrito se fija la cuantía como indeterminada y se solicita que se le tenga por allanado sin condena en costas.

Por parte de la mercantil OLIVOS Y ALMENDROS OLIMENDROS S.L , al pronunciarse sobre el allanamiento del Abogado del Estado, se interesa la condena en costas y que la cuantía del procedimiento es de 182.653,22 € correspondiente al importe de la liquidación practicada.

TERCERO.- El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado, para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo.

En consecuencia, procede estimar las pretensiones de la parte demandante, anulando la resolución administrativa objeto de impugnación en el presente recurso jurisdiccional, y reconociendo el derecho a la rectificación de las autoliquidaciones complementarias y la consiguiente devolución de ingresos indebidos que realizó en aplicación del artículo 39.2 LIRPF.

CUARTO.-Respecto de las costas causadas en el presente procedimiento, no procede la condena en costas a la Abogacía del Estado, pues "al haberse allanado el Abogado del Estado a la demanda no hay parte que haya visto rechazadas su pretensiones, que es el supuesto legal del artículo 139.1 de la LJCA, para su imposición tal como ha declarado esta Sala, Sección Tercera, en sentencia de 14 de marzo de 2014, recurso 458/2013. Este es el criterio también del Tribunal Supremo, ( Sección Cuarta) SSTS de fecha 6 de febrero de 2015, RC 705/2009, RC 717/2009 y RC 721/2009". No procediendo la condena en costas solicitada por la parte no procede entrar a analizar cual sería la cuantía del procedimiento, la cual fue determinada como indeterminada, ya que dicha cuestión sería solamente relevante si hubiera un pronunciamiento de condena en costas.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación;