Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 663/2022 de 26 de diciembre del 2023

PRIMERO.- En el presente recurso se impugna por Jesús Carlos, nacional de Marruecos, la resolución dictada por delegación del ministro del Interior por que se acuerda denegarle la solicitud de asilo y protección internacional.

Solicita protección internacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, el día 04 de abril de 2022, donde se encuentra a la espera de la notificación de la presente resolución.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

En el concreto caso de autos, el relato ofrecido al solicitar asilo remite a razones ajenas a la protección internacional. El solicitante fundamenta su petición de protección internacional en que le debe dinero a los traficantes que le trajeron a España.

Sin embargo, de la documentación obrante en autos y considerada por la Administración demandada en su resolución, la cual se da aquí por reproducida, la parte actora no tiene los caracteres o perfil de ser una persona perseguida por motivos políticos y el relato ofrecido al solicitar asilo remite a razones ajenas a la protección internacional. Además, tal y como señala la jurisprudencia (entre otras, la Sentencia de la Sección 3ª del Tribunal Supremo, de 15 de febrero (RC 2821/2015), la persecución ejercida por agentes no estatales puede alcanzar la protección internacional, siempre que quede suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección. Tampoco se desprende del relato del solicitante elemento que permita inferir que existan motivos fundados para creer que en caso de retorno se enfrentaría al riesgo real de sufrir alguno de los daños graves del artículo 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. En definitiva, conforme a la información suministrada, y a que lo relatado por el solicitante está muy alejado en el tiempo, este no aporta elementos que permitan advertir que por su perfil y circunstancias personales, se encuentre en riesgo de persecución.

Se dan aquí por reproducidos los fundamentos de la resolución recurrida, que no han sido desvirtuados por las alegaciones de la recurrente.

Por otra parte, no consta que se ha de apreciar infracción procedimental con virtualidad anulatoria, tal y como destaca el abogado del Estado en sus alegaciones (fundamento de derecho previo).

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009). Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas siendo que el recurrente no responde a ninguna situación que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen.

En definitiva, no ha quedado acreditada persecución u otra circunstancia susceptible de protección conforme a la Convención de Ginebra de 1951 ni para protección internacional subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 12/2009.

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora. La sala, en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso, establece por todos los conceptos la cantidad máxima de 1500 €, según lo previsto en los artículos 139. Uno y tres de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.