Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1025/2021 de 26 de mayo del 2023

PRIMERO.- Hechos que resultan del expediente.-

1.- El grupo familiar, compuesto por DON Marco Antonio, DOÑA Margarita, y la menor Marina, de nacionalidad colombiana, formalizó su petición de asilo en Barcelona el día 14 de noviembre de 2019. Consta que el solicitante varón llegó a España el día 15 de agosto de 2019 y la solicitante y la hija menor el 7 de noviembre de 2019.

Las peticiones se admitieron a trámite y se instruyeron conforme a lo establecido en la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, siendo notificadas al ACNUR.

Los solicitantes manifestaban en la entrevista que Don Marco Antonio residía en un barrio conflictivo, y que trabajaba como prestamista en el negocio de su hermana. Tenía que desplazarse por varios barrios, alguno dominado por Barrio NUM003, pandilla en la que tenía amigos de la infancia; se había desmarcado de estos amigos, pero en los barrios pesaban que tenía relación con ellos, por lo que empezó a recibir amenazas. Ante esta situación, y el temor que le provocaba, deciden venir a España.

El dinero para viajar lo obtuvieron a través de una prima.

Eligen este país porque tenían conocidos; a través de ellos tuvieron noticia del trámite del asilo, siguiendo su mismo camino, afirmaban.

Así mismo, estimaban que no eran conveniente el regreso a su país, por los motivos indicados.

La solicitante alegaba, además, que su padre había desaparecido hacía 25 en el campo, Valle DIRECCION000, zona en la que operaban los grupos armados, y aportaba senda documentación referida al caso de su padre y a su investigación.

2.- La Administración considero que no había quedado suficientemente establecida la existencia de una persecución contra la solicitante, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951.

La valoración del expediente, razona, debe partir de la premisa de que la situación de inseguridad generalizada no constituye, por sí misma, un motivo de protección en el marco de la Convención de Ginebra. En línea con el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha señalado que una situación así no puede ser suficiente, por sí sola y con desconexión de las circunstancias particulares de la persona actora, para el otorgamiento del estatuto de refugiado, pues, en caso contrario, este debería concederse a todos las personas que provinieran de dicho país (ver, por ejemplo, SAN n. rec. 671/2018 y 951/2018, ambas de 17 de septiembre de 2019). Es necesario, por tanto, que el temor de la persona solicitante de ser perseguida esté basado en alguno de los motivos de persecución previstos en la Convención y en el artículo 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

Como se ha señalado en el apartado anterior, la información de país de origen muestra cómo los grupos armados tienen fines propios de control social y económico. Por ello, su conducta delincuencial más habitual es la extorsión y el intento de reclutamiento. En principio, y por su propia lógica, ninguna de estas acciones se encuadra entre las finalidades protegidas por la Convención de Ginebra.

Para que tenga encaje dentro de la institución del estatuto de refugiado, la persecución, aunque sea realizada por un agente tercero no estatal, ha de estar relacionada con uno de los motivos de la Convención de Ginebra. Esto es, no basta con que exista un temor fundado de persecución y un motivo de persecución (p. ej., profesar una religión o tener cierta opinión política), sino que lo esencial es confirmar que la persecución se haya producido o se pueda producir como consecuencia de una causa de la Convención de Ginebra (p. ej., que se tenga temor de ser perseguido por profesar una religión o por tener cierta opinión política). En un caso como el presente, el motivo de la persecución no podría ser la pertenencia a un posible grupo social determinado: el agente perseguidor no pretende discriminar a la persona solicitante por poseer una característica inmutable, ni la pone en el punto de mira por realizar una cierta actividad a la que no se le puede exigir que renuncie etc. La prueba es que no solo se ven afectados por este tipo de actuaciones las personas con el perfil de la persona peticionaria.

Se trata, simplemente, de un acto de persecución motivado por fines ajenos a la Convención de Ginebra, sin que en la elección de la víctima haya discriminación o intento de represión de una "car acterística protegida" que la persona solicitante no pueda cambiar o no se le pueda exigir que cambie.

Los miembros del grupo armado sin identificar deben considerarse en todo caso agentes terceros y no componentes de las autoridades del país. A este respecto, tanto el artículo 13 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, como el artículo 6 de la Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre, determinan que podrán ser agentes de persecución individuos u organizaciones no estatales si puede demostrarse que el Estado o los partidos y organizaciones que controlan el Estado no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o daños graves.

Siendo el Estado colombiano el competente para conocer la situación alegada, la información de país de origen muestra que las autoridades de ese país no son indiferentes ante la actuación de estos grupos armados organizados. Por el contrario, los poderes públicos destinan cuantiosos recursos humanos y materiales para la persecución y el enjuiciamiento de los responsables, estableciendo diversos cauces para que los ciudadanos soliciten protección a las autoridades.

3.- Del relato tampoco se deduce la posibilidad de que la persona solicitante sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen. El Tribunal Supremo en su Sentencia de 31 de octubre de 2011, que ha reiterado con posterioridad en diversas sentencias ( STS de 24 de junio de 2014, STS de 28 de febrero de 2014 o STS de 12 de julio de 2012), señala que la situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

Por tanto, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, por lo que se considera de forma desfavorable esa petición.

SEGUNDO.- Recurso contencioso-Administrativo.

1.- Disconforme con esta resolución, los demandantes promovieron el presente recurso, reiterando los motivos por los que habían solicitado el reconocimiento del derecho de asilo, con el fin de lograr la protección que no les había reconocido la Administración.

2.- Destacan la información sobre el país de origen, para poner de relieve la existencia de un clima generalizado de violencia en Colombia; hecho incuestionable, tal y como resulta del informe de Human Rights Whatch", del año 2019 (documento nº 1), publicado en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336672, que establece que es un problema no resuelto; o en el artículo fechado el 31 de agosto de 2020 "narcotráfico y violencia: ¿por qué sigue el problema?" que se aporta como (documento nº 2), localizable en https://razonpublica.com/author/camiloe/; o Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica), sobre prácticas de derechos humanos en Colombia (documento nº 3), disponible en https://www.ecoi.net/en/document/2026353.html.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el día 15 de diciembre de 2020 condenó el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades de país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz (documento nº 4).

3.- A la luz del relato de la solicitante de asilo, defiende que en aplicación de la legislación de asilo debió concederse la protección internacional de acuerdo con los términos definidos en su artículo 3 y en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967.

La extorsión se proyecta en un grupo debido a su situación económica, y de otro lado el estado no es capaz de responder.

Recuerda que para la estimación de la solicitud de asilo ha de bastar una convicción racional de que concurren "indicios suficientes" de persecución ( artículo 26.2 Ley de Asilo).

4.- De forma subsidiaria, entiende que al menos cabría conceder la protección subsidiaria ( artículo 4 Ley de Asilo) ya que resulta evidente que la vida de los demandantes corre peligro, en caso de obligárseles a retornar a su país de origen, y las autoridades colombianas no están en condiciones de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a la delincuencia organizada, y muy en particular, la seguridad de los demandantes.

5.- Por último, cabría en virtud de las circunstancias excepcionales, la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, conforme a los artículos 37.b ) y 46.3º de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

TERCERO.- Contestación de la Abogacía del Estado.-

1.- La Abogacía del Estado se opone a la pretensión deducida toda vez que la persona solicitante fundamenta su petición de protección internacional en la situación general de violencia e inseguridad en el país. Aunque el contexto social del país de origen es un elemento objetivo a tener en cuenta, no es el único, de modo que no cabe su valoración aislada y debe ser ponderado con el elemento subjetivo del relato, por lo que se concluye la insuficiencia de una genérica invocación de la situación de inseguridad o falta de respeto a los derechos fundamentales que atraviesa el país de origen para la estimación de su solicitud.

2.- Así, a tenor de lo relatado por la persona solicitante, actos de persecución de los que habría sido víctima se enmarcarían en el ámbito de la delincuencia común, sin relación con alguno de los motivos de persecución previstos en la normativa de asilo, situándose en un ámbito ajeno al mismo, por lo que no cabe entender respecto de su persona que concurren los requisitos para el reconocimiento de la protección solicitada.

3.- Siendo el Estado colombiano el competente para conocer la situación alegada, la información de país de origen muestra que las autoridades de ese país no son indiferentes ante la actuación de estos grupos armados organizados. Por el contrario, los poderes públicos destinan cuantiosos recursos humanos y materiales para la persecución y el enjuiciamiento de los responsables, estableciendo diversos cauces para que los ciudadanos soliciten protección a las autoridades.

Por todo ello, se entiende que no habría quedado acreditado un temor fundado de persecución por los motivos indicados y, en consecuencia, no concurren los supuestos del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

4.- No existen motivos por los que, teniendo en cuenta las concretas alegaciones del interesado y la situación del país de origen, Colombia, se aplique en este caso la protección subsidiaria recogida en el artículo 4 de la ley 12/2009, o para la concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias del artículo 46.2 de dicha Ley. El recurrente no ha acreditado, ni aun de forma indiciaria, que concurran las circunstancias de "riesgo real" de sufrir "daños graves" previstos en la norma que conforme a los artículos 4 y 10 permitirían la protección subsidiaria ( STS de 14 de diciembre de 2015, R.C. nº 188/2015, entre otras muchas).

CUARTO.- La condición de refugiado.-

1.- La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria define en su artículo 3 la condición de refugiado, estableciendo que:

"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

2.- En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo. Podemos sintetizarlos:

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.

B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia.

C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sea aislada, ya sean cumulativamente.

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.

3.- El relato realizado por los demandantes no da razón de una persecución o riesgo de padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, sino de una situación de inseguridad generada por la delincuencia de los barrios frecuentados por el Sr. Marco Antonio durante el desempeño de su trabajo. Sin embargo, tales hechos, descritos de forma genérica como amenazas por parte de los grupos o pandillas del barrio, no podrían ser causa de protección internacional, conforme al artículo 3 de la Ley 12/2009.

Tal y como establece la Administración se trata de hechos relacionados con la delincuencia organizada; lo que no es causa de asilo, si no aparecen anudados a alguna de las causas por las que cabe conceder la protección internacional ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 17 enero 2019, Rec. 1236/2017; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8ª, Sentencia 255/2017 de 22 mayo 2017, Rec. 387/2016).

4.- El demandante pretende construir su alegato sobre la base de una persecución por motivo de pertenencia a un grupo debido a su situación económica, sin embargo, el motivo no encuentra encaje dentro del artículo 7 (Motivos de persecución) de la Ley 12/2009. Dicho precepto establece que:

1. Al valorar los motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes elementos: .... e) se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado, si, en particular:

- las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y

- dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual, y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo. En ningún caso podrá entenderse como orientación sexual, la realización de conductas tipificadas como delito en el ordenamiento jurídico español.

Asimismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo.

De acuerdo con el concepto legal de grupo social (tomado del artículo 10.1 d) de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida), los hechos que relata el interesado no encuentran cabida en el mismo, en tanto que los temores que invoca no derivan de su pertenencia a un grupo claramente identificado en razón de unas características comunes de las que no se puede prescindir, puesto que la extorsión puede tener por objeto a cualquiera. Quiere ello decir, que el caso planteado no define una persecución protegible por medio de la legislación de asilo.

5.- En segundo lugar, no aparece en el relato un agente de persecución en los términos que exige el artículo 13 de la Ley 12/2009, siendo así que frente a aquellos fenómenos de delincuencia común las autoridades naturales de protección son la nacionales del país de origen, sin que la institución del asilo pueda actuar de cobertura frente a las situaciones de inseguridad pública o de orden público a que se alude por el recurrente (En el mismo sentido, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 25 abril 2019, Rec. 345/2018; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 11 junio 2019, Rec. 634/2018; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 13 mayo 2005, Rec. 523/2003; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 2 julio 2019, Rec. 944/2018; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 2 julio 2019, Rec. 711/2018).

Respecto a la naturaleza del agente perseguidor, el artículo 13 de la Ley 12/2009 establece:

"Los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros: a) el Estado; b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio; c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves."

6.- En la exposición contenida en la solicitud de asilo, los agentes perseguidores resultan ser grupos de delincuencia que operan en una determinada zona del país, por lo que no son agentes estatales, y no existen elementos de los que deducir que exista omisión por parte de las autoridades de las actuaciones necesarias ante los actos criminales narrados. Hemos de considerar que, de acuerdo con la jurisprudencia, ".....aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ), "esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante de asilo invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos". ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 15 febrero 2016, Rec. 2821/2015).

Nada de ello se ha justificado, y por el contrario cabe constatar a través de la información disponible, reflejada en la resolución impugnada, que el estado colombiano no permanece impasible frente a la delincuencia y destina recursos de todo orden para combatirla.

7.- Los documentos aportados por la demandante, con objeto de dar apoyo a sus alegaciones, no desdicen las afirmaciones de la resolución impugnada. Y tampoco resultan idóneos para fundamentar la petición de asilo. En efectos, en el informe de Human Rights Whatch 2019 se analizan los factores determinantes de la violencia provocada entre distintos actores armados, tras los Acuerdos de Paz de 2016 (al igual que en artículo fechado el 31 de agosto de 2020 "narcotráfico y violencia: ¿por qué sigue el problema?" -documento nº 2-); y se destaca que existen determinados colectivos que pueden ofrecer una mayor vulnerabilidad, como son los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, o comunidades afro indígenas de determinadas áreas, que pueden sufrir altos niveles de exclusión, pobreza y violencia.

Pero no es este el caso de los demandantes, puesto que refieren un caso puntual de enfrentamiento con un banda ( o bandas) que opera en su barrio de residencia y en los entornos de trabajo en los que desempeña labores para la empresa de muebles de su hermana como prestamista.

A su vez, el Informe de Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica), sobre prácticas de derechos humanos en Colombia (documento nº 3 - Informes nacionales de 2019 sobre prácticas de derechos humanos: Colombia), señala que:

Organizaciones de derechos humanos, víctimas e investigadores del gobierno acusaron a algunos miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno de colaborar o tolerar las actividades de bandas del crimen organizado, entre las que se encontraban algunos ex paramilitares. Según la Fiscalía General de la Nación, entre enero y septiembre no se detuvo a ningún miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno por vínculos con grupos armados ilegales.

Según un informe de la ONU del 14 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó 115 homicidios verificados de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2018. Según la Fiscalía General, en los casos de 308 homicidios de personas defensores de derechos humanos desde enero de 2016 hasta agosto de 2019, el gobierno había obtenido 42 condenas, 55 presuntos perpetradores tenían juicios en curso, 41 habían sido acusados y 40 estaban bajo investigación. Según la OACNUDH, el 37 por ciento de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander; El 27 por ciento de los asesinatos fueron de miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas. Los motivos de los asesinatos variaron y, a menudo, fue difícil determinar el motivo principal o preciso en casos individuales.

De acuerdo con este documento no existe dejadez por partes del estado, sino que se constata la puesta en marcha de mecanismos diversos de lucha contra la delincuencia.

De otro lado, el problema que plantea el demandante no viene determinado por su perfil social, tal y como se ha indicado.

Pese a las alegaciones de la demanda, los actores armados o las bandas criminales no operan en todo el país, ni puede entenderse que exista incapacidad por parte del estado, conforme hemos remarcado de forma reiterada. No existe una negación del problema de la violencia provocada antes de los Acuerdos de Paz y con posterioridad, pero lo cierto es que el estado no permanece ajeno ni consiente la actividad de organizaciones delictivas, desplegando por el contrario un lucha decidida.

8.- Cabría, por consiguiente, el desplazamiento interno. Pero es que además, no nos consta que el demandante procurase la protección por parte de las autoridades locales a través de la denuncia de los hechos (del mismo modo que se afirma que se denunció la desaparición del padre de la demandante hace 25 años).

La falta de denuncia " no se puede convertir en una causa o razón obstativa de la concesión del derecho de asilo" cuando existen indicios de persecución ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 2 enero 2009, Rec. 4251/2005). Pero lo cierto es que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo interpreta la normativa de Asilo y Refugio " en el sentido de que de la misma se infiere un criterio de atenuación de la carga de la prueba, pero no una exoneración total de ésta" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 27 mayo 2008, Rec . 5751/2004 ).

En este caso, la ausencia de denuncia implica que ni siquiera se dio oportunidad a las autoridades locales de prestar protección ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 17 diciembre 2008, Rec. 4483/2005; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 27 diciembre 2021, Rec. 1130/2020; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 29 julio 2020, Rec. 351/2019). De modo que mal puede esgrimirse la incapacidad del estado, cuando no se impetró la ayuda de las autoridades locales para la persecución del delito. Por consiguiente, el motivo no puede acogerse, debiendo decaer la petición de asilo.

QUINTO.- La protección subsidiaria.-

1.- El artículo 4 de la Ley 12/2009 establece una segunda forma de protección para el caso en que no fuera procedente el derecho de asilo por falta de los requisitos legales, pero existe un temor fundado de sufrir un daño grave. El precepto dispone que:

"El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en elartículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ."

2.- El artículo 10 de la Ley 12/2009 enumera cuales son esos daños graves y dispone que:

"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; v c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno."

3.- Los recurrentes no justifican la presencia de ninguno de estos daños en su caso particular, por lo que no cabe considerar alguno de los riesgos expresados en el artículo 10 de la Ley 12/2009, que le puedan afectar de forma directa.

La pretensión deducida no es sino reproducción y reiteración de la principal, respecto de la que no se aportan nuevos datos o fundamentos para poder valorarla de acuerdo con estos preceptos, y en consecuencia procede su desestimación.

SEXTO.- La autorización de residencia por razones humanitarias.

1.- En la demanda se solicita igualmente la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, conforme al artículo 46 de la Ley 12/2009, que establece: "3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, en el mismo sentido, el artículo 37 b) de la Ley 12/2009.

2.- La remisión a la Ley de extranjería impone traer a colación el artículo 126 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece que:

"Se podrá conceder una autorización por razones humanitarias en los siguientes supuestos:

1. A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 315 , 511.1 y 512 del Código Penal , de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación tipificada en el artículo 22.4 del Código Penal , o de delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, siempre que haya recaído resolución judicial finalizadora del procedimiento judicial en la que se establezca la condición de víctima de tales delitos.

2. A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, no accesible en su país de origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. A los efectos de acreditar la necesidad, será preciso un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.

Excepcionalmente, no se requerirá que la enfermedad sea sobrevenida en el caso de necesidad de prolongar la permanencia de un menor extranjero que se haya desplazado temporalmente a España a efectos de tratamiento médico en base a lo previsto en el artículo 187 de este Reglamento, una vez agotada la posibilidad de prorrogar la situación de estancia y siempre que dicha permanencia sea imprescindible para la continuación del tratamiento. La renovación de este tipo de autorizaciones se vinculará al tiempo mínimo necesario para completar el tratamiento.

3. A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo".

3.- El demandante no justifica que se encuentre en ninguno de estos supuestos. No basta invocar y solicitar una autorización extraordinaria al amparo del artículo 46.3 de la Ley de Asilo, obviando que es necesario además que se acredite que el interesado se encuentra en alguno de los casos en los que cabe la autorización de acuerdo con el artículo 126 citado. Por lo tanto, ha de denegarse esta pretensión.

SÉPTIMO.- Costas.-

Debe desestimarse el recurso e imponer las costas al recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria, con el límite de 1.500 euros ( artículo 139.4 LJCA).