Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1041/2021 de 26 de julio del 2023

1. Dña. Encarnacion, nacional de Nicaragua, impugna la resolución del Ministerio del Interior, de 24 de febrero de 2021, que le denegó el Derecho de Asilo, así como la Protección Subsidiaria.

La hoy recurrente formuló su solicitud de protección internacional, el 23 de febrero de 2021 en la Jefatura de Extranjería y Fronteras de Bilbao, sobre la base del siguiente relato, tal y como consta en la entrevista inicial obrante al folio 6 del expediente administrativo; a saber:

"PREGUNTADO CÓMO Y POR QUÉ SE FUE DE SU PAÍS:

El 16 de abril comienzan las marchas en contra de la reforma social propuesta por Alfredo. Ella participa en ellas ya que tiene un hijo en la Universidad de Ingeniería UNI.

Ayuda con víveres y medicina, tomaba fotos y cooperaba. Debido al cierre de UNI y La UCA se refugian los estudiantes en la UPOL. Debido a una fotografía en la que sale ella y que alguien subió a redes sociales, en la que ella sale con un mortero, comienza a recibir amenazas en su Facebook motivo por el que ella lo cierra. Ella comienza a ser seguida y buscada por paramilitares con lo que decide irse del país ante el temor que le pasase algo.

PREGUNTADO PARA QUE DIGA SI DENUNCIO LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA SOLICITUD ANTE ALGUNA AUTORIDAD DE SU PAIS. Contesta no.

PREGUNTADO PARA QUE DIGA SI DESDE EL MOMENTO EN QUE DECIDIÓ ABANDONAR SU PAIS SU INTENCIÓN ERA PEDIR ASILO EN ESPAÑA contesta si.

PREGUNTADO PARA QUE DIGA SI ALGUNA VEZ HA SIDO DETENIDO, INVESTIGADO, PROCESADO O CONDENADO POR LAS AUTORIDADES DE SU PAIS contesta no.

PREGUNTADO PARA QUE DIGA SI EN EL CASO DE QUE TUVIERA QUE REGRESAR A SU PAIS TENDRIA ALGUN TIPO DE TEMOR contesta la harían daño o la meterían en la cárcel.

PREGUNTADO PARA QUE DIGA SI DESEA AÑADIR ALGUNA COSA MAS contesta no".

2. La resolución administrativa impugnada, después de hacer referencia a la seria crisis política y social, agravada por el alto nivel de pobreza y la distribución desigual de la renta que afronta Nicaragua, considera que el clima general de inseguridad de un país no puede ser suficiente, por sí solo y con desconexión de las circunstancias particulares de las personas y de otras posibles alternativas que pudieran existir, para el otorgamiento del asilo solicitado.

Por ello se entendió que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución por los motivos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, valorándose, por tanto, de forma desfavorable el reconocimiento del Estatuto de Refugiado (FJ QUINTO).

Igualmente se consideró en la resolución impugnada que no se deducía de las circunstancias de la persona solicitante la posibilidad de que sufriera condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identificaba un riesgo de tortura o trato inhumano o degradante en el caso de retorno a su país de origen. Por último, se consideró que no puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en Nicaragua.

Y, por ello, se entendió en definitiva que tampoco concurrían las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la propia Ley de Asilo (FJ SEXTO).

3. En la demanda se comienza por traer a colación los hechos que motivaron la solicitud de asilo en los términos más arriba referidos, y en que debido a unas fotografías en las que salió la demandante y que subieron a redes sociales, empezó a recibir amenazas de todo tipo a través de Facebook y que seriamente atemorizada y angustiada, tomo la decisión de abandonar su país y poner rumbo a España.

Y sobre esa base se discrepa de la resolución impugnada, muy en concreto de lo razonado en los fundamentos jurídicos 4º y 5º, en donde consideran erróneas las conclusiones a las que se llega, ya que la recurrente insiste en haber padecido un temor fundado de persecución por sus opiniones políticas; de ahí que concurre uno de los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 12/2009 a los efectos de serle concedido el reconocimiento del Estatuto de Refugiado.

Se termina por solicitar en la demanda la anulación de la resolución recurrida y el reconocimiento del Derecho de Asilo o, subsidiariamente, la protección subsidiaria.

A lo que se opone el Abogado del Estado, en línea con lo razonado en la resolución impugnada, para solicitar la íntegra desestimación del recurso.

4. La Constitución dispone que "La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, en su artículo 2, determina que el derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967.

Tales requisitos son (artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo):

"Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Por otra parte el artículo 3 de la Ley 12/2009 dispone que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores no quiere, regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 de la propia norma.

El artículo 6 de la Ley pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución puedan adquirir la naturaleza de "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor.

El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado, y en los artículos 13 y 14 se describen quiénes pueden ser agentes de persecución o, en su caso, de protección.

5. Pues bien, tal como con acierto se sostiene en la resolución impugnada, sólo los actos de persecución que revistan cierta entidad, bien por su gravedad intrínseca bien por su reiteración, son acreedores de la protección internacional. En efecto, el art. 6.1.a) dispone que "los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto de persecución en el sentido previsto en el artículo 3 de esta Ley, deberán: a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales".

Ciertamente que en esta materia no es exigible una prueba plena de los actos de persecución aducidos, sino que basta con unos indicios sólidos al respecto en atención a la dificultad probatoria que revisten. Ahora bien, en el presente caso es el mismo relato de hechos el que, más allá de su prueba, no alcanza la entidad suficiente como para considerar que ha existido una persecución por motivos políticos individualizada en la persona del actor y de suficiente gravedad. Lo que la demandante describe son amenazas a través de redes sociales no suficientemente caracterizadas y sin una conexión inequívoca con su actividad de protesta política, siendo así que, además, la actora no tiene una posición relevante en las protestas, sino que se diluye en el conjunto de los ciudadanos legítimamente descontentos con la acción del Gobierno.

6. En definitiva, la valoración de las actuaciones practicadas lleva a la Sala a considerar que, en el presente caso, el relato de hechos y la documentación en que éste se sustenta carecen de elementos de suficiente relevancia que lleven a un convencimiento que permita considerar que la recurrente sufre persecución, o tenga fundados motivos a sufrirla por alguna de las causas contempladas en la Convención de Ginebra.

En virtud de lo anterior debemos confirmar la resolución impugnada, sin que concurran tampoco los requisitos para otorgar la protección subsidiaria prevista en el artículo 4, al no venir tampoco acreditados los concretos daños graves previstos en el artículo 10, que son:

"a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante:

c) Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Ninguna de tales circunstancias ha quedado acreditada en el caso concreto, pues a la vista de la documentación probatoria acumulada en el proceso no se desprende una situación de violencia generalizada ni una situación de conflicto interno distinta de los problemas de seguridad ciudadana debido a las acciones delictivas perpetradas por grupos paramilitares y de grave inestabilidad política y social en general por la que atraviesa Nicaragua en la actualidad.

7. Procede, pues, desestimar el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, con arreglo al artículo 139.1 de la LJCA, si bien, haciendo uso la Sala de la facultad que le otorga el propio artículo 139, en su apartado 4, se fija su importe en un máximo de mil euros por todos los conceptos.