Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1678/2021 de 27 de octubre del 2023

PRIMERO: El acto recurrido es la resolución del Ministerio del Interior de 25 de enero de 2021 (expediente NUM001) por la que se le deniega al recurrente, nacional de Senegal la solicitud de derecho de asilo y la protección subsidiaria presentada el 19 de octubre de 2020 tras su llegada a España el 22 de septiembre de 2019.

En la entrevista para determinar los hechos relevantes que motivan su solicitud relató que su familia en Senegal vendía oro y que al fallecer su padre él se hizo cargo de la herencia de su padre. Por ese motivo la familia de su padre, su tío y otros lo han amenazado con matarlo o hacerle algún daño, motivo por el cual ha huido.

La resolución recurrida aprueba la propuesta la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). Se razona en la misma que la persona solicitante formalizó su petición de protección internacional en Barcelona-Jefatura en fecha 19 de octubre de 2020. Dicha petición fue admitida a trámite y se instruyó de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

A su vez, España solicitó a Italia la readmisión del solicitante en base a lo dispuesto en el art. 18.1.b) del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (en adelante Reglamento de Dublín). La readmisión fue admitida por dicho país el 26 de noviembre de 2020, por lo que España deja de ser el Estado miembro responsable para el examen de su solicitud de protección internacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Dublín.

Por todo ello, se concluye que concurre en la solicitud de protección internacional la circunstancia contemplada en el artículo 20.1.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, no correspondiendo a España el examen de la presente solicitud de protección internacional conforme a lo establecido en el citado Reglamento de Dublín, razón por la que procede denegar la solicitud de protección internacional realizada por la persona solicitante por no ser España el Estado Miembro competente para el estudio de la misma.

SEGUNDO: Se alega en la demanda por el solicitante de asilo, nacional de Senegal, que ha quedado acreditado con su relato fáctico detallado, que se ha visto obligado a abandonar su país por las amenazas de muerte recibidas por su familia, sin que el Estado le pueda dar protección. De forma subsidiaria, solicita se le conceda protección subsidiaria conforme al artículo 4 y 10 ley de asilo ya que existen motivos fundados para creer que, si regresa a Colombia, se vería en peligro ante la situación de violencia que vive su país. Por último, solicita se autorice su residencia en España por razones humanitarias conforme al artículo 46.3 Ley 12/2009.

TERCERO: Consta en el expediente administrativo que el recurrente solicitó asilo en Italia y posteriormente en España.

Puestos de manifiesto dichos antecedentes ante las autoridades de Italia a los efectos de requerir que asumieran la responsabilidad de resolución de la solicitud de asilo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18.1b III y art. 14.2 DR (folio 18), las autoridades italianas aceptaron el requerimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento nº 604/2013 (folio 19).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 18. 1b citado, "1. El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá:

a) hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 21, 22 y 29, del solicitante que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro".

A su vez, no concurre ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 19 de dicho Reglamento en virtud de las cuales cesara la responsabilidad de las autoridades italianas para conocer de la solicitud de asilo presentada por el recurrente.

Procede, en consecuencia, la desestimación del presente recurso.

CUARTO: Conforme a lo razonado procede desestimar el recurso. Las costas se imponen a la parte recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria. Se limitan a la cantidad de 1.500 euros por todos los conceptos de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Respecto a la condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, dispone que el beneficiario de justicia gratuita que fuera condenado en costas: "...quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil".