Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 865/2021 de 27 de octubre del 2023

PRIMERO.- Se interpone el recurso contra la resolución de 21 de enero de 2020 del Ministerio del Interior, por la que se deniega la solicitud de protección internacional.

El recurrente, nacional de Colombia, formuló solicitud de protección internacional el 29 de marzo de 2019.

El recurrente manifestó en la entrevista que a su pareja la han amenazado de muerte por trabajar en una clínica privada, para que cediera datos privados de un paciente. Estas amenazas han sido tanto telefónicas como notas manuscritas en su vivienda, por esos motivos huyó junto con su pareja de Colombia.

SEGUNDO.- En la demanda se mantiene la incongruencia de la resolución al denegarse la protección internacional sobre unos hechos que no fueron alegados. Se sostiene la falta de motivación de la resolución, y la existencia de amenazas por el desempeño profesional en una clínica de su esposa que determinan la estimación del recurso.

TERCERO.- La Constitución dispone en el art. 13.4 que "La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, establece en el art.2 "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."

Tales requisitos son a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo):

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Por otra parte el artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

El artículo 6 de la norma pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor.

El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Por fin, en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley describen quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.

CUARTO.- El sistema europeo común de asilo, que se basa en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra y en la garantía de que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución, según se estipula en el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se desarrolla, esencialmente, en la Directiva 2011/95/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.

El artículo 4 de la mencionada Directiva 2011/95/UE, en su apartado 3, determina la obligación de los Estados miembros de evaluar las solicitudes de protección internacional de asilo, en los siguientes términos:

"3. La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e implicará que se tengan en cuenta:

a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país de origen y el modo en que se aplican;

b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves;

c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves;

d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país;

e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que pudiese reclamar la ciudadanía. ".

Con arreglo al artículo 4, apartado 3, letras a), b) y c), de la Directiva, la valoración individual de una solicitud de protección internacional debe tener en cuenta lo siguiente: i) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud de asilo, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país de origen y el modo en que se aplican; ii) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, y iii) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante ( STJUE de 26 de febrero de 2015 (recurso C-472/13) Shepherd).

La resolución impugnada tiene en cuenta para la denegación de la solicitud unos hechos distintos de los alegados por el recurrente. Así se basa en que su pareja manifestó "que recibe amenazas por parte de un grupo al margen de la Ley, una Guerrilla urbana que en un fuego cruzado en 2012 mató a dos personas y dejó herida a su madre, cosa de la que él es testigo y esta banda lo sabe".

La resolución, por tanto, no analiza ni tiene en cuenta la declaración del recurrente, sino que sobre unos hechos que nada tienen que ver con lo alegado, deniega el asilo solicitado, adoleciendo de la más mínima motivación de las circunstancias personales y hechos del recurrente que le llevaron a solicitar la protección internacional.

Ello implica la estimación de la demanda en este aspecto, al ser incongruente y falta de motivación la resolución en cuanto a las circunstancias alegadas, si bien con la consecuencia de la oportuna retroacción de actuaciones, para que se proceda al análisis de los hechos alegados y circunstancias personales, al no ser procedente la concesión del derecho de asilo que se insta en la demanda.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no procede hacer imposición de costas.

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,