Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 64/2021 de 27 de noviembre del 2023

PRIMERO. Hechos del litigio, motivos de impugnación, allanamiento parcial y motivos de oposición.

Por resolución de 29 de diciembre de 2014 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue aprobada la tarifa de utilización del agua de la Zona Alta de Vegas del Guadalquivir del año 2015 y primera anualidad del 2011.

Entendiendo que la aprobación de la tarifa de 2011 incurría en retroactividad prohibida, la Comunidad de Regantes del Sector II DIRECCION000 interpuso recurso de reposición que fue desestimado por la resolución de 16 de diciembre de 2015 de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contra la cual, a su vez, se formuló Reclamación Económico Administrativa. Tramitada ante el TEAR de Andalucía, desestimada por su resolución de 25 de noviembre de 2016 y recurrida en alzada, ha recaído el fallo del TEAC desestimatorio objeto de nuestro examen.

Trasladadas a los antecedentes las pretensiones de la recurrente, los motivos aducidos en apoyo de estas son los que sucintamente se recogen a continuación:

Primero: Que los criterios para liquidar el canon y la tarifa de 2011 fueron aprobados el 29 de diciembre de 2014 y publicados el 9 de febrero de 2015, al conferirlos eficacia retroactiva contravienen los artículos 296, 300, 307 y 30 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y 57 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP), puesto que las cuantías anuales del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua han de encontrarse determinadas antes del comienzo del ejercicio en que se apliquen. Esto por lo que se refiere al canon de regulación y a la tarifa de utilización de la primera anualidad de 2011.

Segundo: En segundo lugar, se propugna la nulidad de la Resolución aprobatoria de la Tarifa de Utilización del Agua de 2015 con los argumentos de la indebida aplicación del artículo 307 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y de la infracción de la doctrina de los actos propios, de derechos reconocidos y adquiridos así como de los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y capacidad fiscal distributiva. Con ello se refiere la Comunidad de Regantes recurrente al gasto correspondiente al consumo de energía de la estación elevadora, que en su opinión debería repercutirse al precio de energía de reserva por cuanto se trata de un derecho adquirido y reconocido en el Convenio de Colaboración que la que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir suscribió con la Comunidad de Regantes, y no al importe facturado por la compañía eléctrica.

Por su parte, como queda anticipado, el abogado del Estado se ha allanado parcialmente a las pretensiones actoras al entender que la resolución de 29 de diciembre de 2014, queda sin fundamento con la STS de 25 de mayo de 2021 (casación 6712/2019). No obstante, pone de manifiesto que no consta que la recurrente haya impugnado los actos de liquidación girados a su cargo por razón de la primera anualidad de 2011, por lo cual incurre en desviación procesal en la prensión de anulación de una liquidación hipotéticamente dictada en aplicación del canon impugnado, liquidación a la que extiende su demanda ( artículo 106.4 LPACAP y 73 LJCA.

En cuanto a la Tarifa de Utilización de Agua de 2015, disiente de los argumentos de la actora oponiendo que en materia tributaria el artículo 8 LGT exige ley formal para regular el hecho, la base imponible y el tipo de un tributo, por lo que tales conceptos no pueden quedar al resultado de un pacto civil o administrativo; que del artículo 17.4 LGT resulta que los elementos de la obligación tributaria no pueden ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico privadas; y que el artículo 18 LGT establece que el crédito tributario es indisponible. En tal sentido se recuerda que como la tarifa de utilización del agua se rige por el Texto Refundido de la Ley de Aguas ( R.D. Legislativo 1/2001) y puesto que su artículo 114 establece que la deuda tributaria generada por dicha tarifa se fijará atendiendo a «los gastos de funcionamiento», lo cual se completa en el mismo sentido por el artículo 307 del R.D. 849/1986, habrá que estar a la realidad de tales gastos, entre los que se incluye el importe de la electricidad de las estaciones elevadoras. Considera igualmente el defensor de la Administración que no cabe la invocación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en este caso porque el acuerdo de aprobación se ciñe a la aplicación del artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas citado.

SEGUNDO. Sobre el allanamiento a la pretensión relativa a la resolución de 29 de diciembre de 2014 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (BOP de Jaén de 9 de febrero de 2015), en lo referido a la aprobación de la primera anualidad de 2011 del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua de la Comunidad de Regantes del Sector II DIRECCION000.

La resolución del TEAC aquí examinada se basa en la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2019 (recurso 50/2018) que ha sido casada por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de mayo de 2021 (recurso de casación 6712/2019), que hace remisión a otra del Tribunal Supremo 533/2018, de 3 de abril, dictada en el recurso de casación núm. 876/2017. La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2021 anula la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 29 de diciembre de 2014 (aquí recurrida), que aprueba los cánones y tarifas de utilización del agua para 2015 y 2011 (1ª anualidad), por apreciar que se ha producido una irretroactividad de grado máximo prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución, al haberse aprobado la tarifa y canon en momento posterior al devengo.

Así las cosas, a vista de la Sentencia del Tribunal Supremo el abogado del Estado se allana a la pretensión relativa a la primera anualidad de 2011 por entender que la resolución de 29 de diciembre de 2014 aquí impugnada queda sin fundamento.

Al escrito de allanamiento se acompaña la autorización del Abogado del Estado- Jefe ( artículo 7 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas , artículo 41 del RD de 25-7-2003 por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado e Instrucción de la Abogacía General del Estado-Dirección del servicio Jurídico del Estado 3/2010 sobre Identificación y Tratamiento de Asuntos Relevantes en el ámbito de la Abogacía del Estado y Actuación Procesal y Consultiva de los Abogados del Estado).

Por lo tanto, con arreglo a los artículos 75.2 y 74.2 de la LJCA procede dictar sentencia de conformidad con esa pretensión anulando la resolución de la Confederación recurrida en lo referido a la aprobación de la primera anualidad de 2011 del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua de la Comunidad de Regantes del Sector II DIRECCION000.

TERCERO. El criterio de la Sala sobre la Resolución aprobatoria de la Tarifa de Utilización del Agua de 2015. Remisión a las sentencias de esta Sala y Sección de 14 de abril , y 9 y 22 de mayo de 2023 ( recursos 1844/2021 , 90/2021 y 250/2021 ),

El criterio de la Sala con respecto a estas cuestiones ha sido expresado en nuestras sentencias de 14 de abril, y 9 y 22 de mayo de 2023 ( recursos 1844/2021, 90/2021y 250/2021)

Por razones de seguridad jurídica y de unidad de doctrina, habiéndose ya enjuiciado las cuestiones enunciadas y sin perjuicio de que contra las expresadas sentencias han sido preparados sendos recursos de casación, procede remitirse íntegramente a ellas, mereciendo citar en extenso aquí, en orden a la impugnación del extremo referente a la tarifa de utilización del agua de 2015, la fundamentación de la sentencia de 9 de mayo de 2023 (recurso 90/2021), por referirse a la misma resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que es objeto del procedimiento. Dice así:

«[...]Lo cierto es que no es posible la invocación de la doctrina de los derechos adquiridos que no hayan sido expresamente reconocidos en la nueva legislación de aplicación al caso. En este sentido, STC 27/81, de 20 de julio o 65/87 de 21 de mayo , que consideran que no les afecta la prohibición de irretroactividad del art.9.3 de la CE por no identificarse con los derechos individuales a que se refiere dicho precepto. Y lo cierto es que los convenios que reconozcan esos derechos no pueden desconocer el contenido del hecho imponible, objeto de la tarifa de aplicación al caso, que ha de fijarse teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento a que se refiere el art.114 del RDL 1/2001 en relación con el art.307 del RD 849/1986 . Por consiguiente, y con arreglo al informe del Director Técnico de la CH de 10.12.2015, en virtud de la entrada en vigor de la nueva legislación del sector eléctrico no cabe la empresa suministradora de energía aplique lo de energía de reserva recogidos en las concesiones de centrales a pie de presa otorgadas por la CH del Guadalquivir a la empresa de generación, loque debe afectar a las comunidades de regantes que se beneficiaban de la energía de reserva. Y de igual forma ello afecta a la obligación de la concesionaria de comprar la energía de reserva al precio pactado, produciéndose una revisión al alza del canon de pie de presa».

Para concluir dar respuesta a la pretensión de la recurrente de que se condene a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a revisar las liquidaciones emitidas y a la posterior devolución del principal que hubiere abonado, más el interés de demora.

Y tal pretensión fue igualmente examinada y resuelta en sentido desestimatorio en nuestras sentencias referidas en el fundamento anterior, con la conclusión de que como las liquidaciones no eran objeto del recurso no podían ser anuladas.

Estas son literalmente las palabras de las sentencias:

«En cuanto a las liquidaciones cuya anulación se interesa, lo cierto es que no han sido objeto de impugnación en este recurso, por lo que no procede su anulación. Todo ello de conformidad con el criterio de las sentencias de fecha 16.9.2022, recurso 840/2018 y 30.6.2022, recurso 1338/2020 , de esta Sección».

CUARTO. Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso y costas procesales.

Por lo expuesto, procede la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo, anulándose la resolución aprobatoria del canon de regulación y tarifa de utilización del agua respecto a la primera anualidad de 2.011, manteniéndose la correspondiente a la tarifa de utilización del agua de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no procede efectuar expresa imposición de costas al ser parcial la estimación del recurso.