Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1225/2021 de 27 de diciembre del 2023

PRIMERO. - Dª Estefanía y sus tres hijos menores de edad, Dª Estibaliz, Dª Eugenia y D. Teodoro, nacionales de Colombia, interponen recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro, de fechas 18 de mayo de 2021 (una) y 17 de mayo de 2021 (tres), por las que se deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

Dª Estefanía, solicitante principal, alegó como fundamento de su solicitud de protección internacional, en síntesis, que:

En el año 2011, su marido - que trabajaba de manera independiente instalando cámaras de seguridad y sistemas informáticos- es advertido por la dueña del piso de que hay unos hombres que lo están buscando. Su pareja acude a la policía donde interpone una denuncia. La policía pasaba por su domicilio y les hacían firmar un documento, dándoles unas instrucciones como medidas de seguridad, tales como cambiar de domicilio, así como cambiar los horarios de entradas y salidas de su domicilio. Se cambian de domicilio e intentan seguir esas recomendaciones.

En el año 2016, personas conocidas les dicen que están preguntando por ellos, volviendo a cambiar de domicilio.

En el año 2019, su pareja que utiliza las redes sociales (facebook) para su trabajo, contactan a través de ellas para realizar un trabajo en Cali, una vez llega al lugar con su contacto y se pone a su tarea se da cuenta que lo que realmente quieren es que realice una máquina para el procesamiento de cocaína, por lo que decide irse del lugar, siendo confirmado por el hombre que había contactado con él. Regresa a Bogotá y cambian nuevamente de domicilio. Su pareja ya había estado realizando trámite para salir del país y trasladarse a España, decidiendo en ese momento apresurar su salida. Llega a España el 30 de noviembre de 2019, trasladándose a DIRECCION000 (Asturias), donde se encuentra su madre y quien le había buscado trabajo.

Dª Estefanía se queda con sus tres hijos en Colombia, esperando que pasara el tiempo necesario para que les reagrupase. En una ocasión cuando va de camino al colegio con sus hijos, se da cuenta que había dos hombres que la seguían, llegando a ser advertida por otra madre de esos hombres. Entra en pánico y se lo comenta a su marido, dejando de llevar a sus hijos al colegio, y apresurando su salida de Colombia, pidiendo dinero a su familia para poder comprar los cuatro billetes de avión.

Llegaron a España en marzo de 2020, y se trasladan a DIRECCION000 (Asturias) donde vive su marido en la casa de su familia

SEGUNDO. - La resolución administrativa correspondiente a Dª Estefanía, tras recoger la información consultada sobre el país de origen, señala que la petición de protección internacional se fundamenta en la extorsión económica de la que era objeto perpetrada por parte de agentes terceros no estatales. Y desde el punto de vista de la protección internacional la extorsión debe ser entendida como un acto de persecución siempre y cuando alcance la gravedad o la reiteración en la vulneración de derechos exigida por los apartados a) y b) del art. 6.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

En todo caso, un temor fundado de sufrir un acto de persecución solo puede conllevar el reconocimiento del estatuto de refugiado en la medida en que dicha persecución esté motivada en alguna de las causas previstas en el artículo 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, entre las cuales no se encuentran los motivos económicos.

Por tanto, en el presente caso, al tratarse de una extorsión con finalidad puramente económica, sin otros elementos que indiquen que puede haber habido una motivación basada en la Convención de Ginebra para seleccionar individualizadamente a la persona solicitante, este potencial acto de persecución quedaría en principio excluido del ámbito de la protección internacional.

Por otra parte, no consta en forma alguna que las autoridades colombianas se aquieten o permanezcan pasivas ante dicho fenómeno, sino que se identifican grandes esfuerzos para erradicar la extorsión.

Por todo lo anterior, se entiende que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución por los motivos previstos en el art. 7 de la ley 12/2009, de 30 de octubre, ni que las autoridades públicas colombianas no puedan o no quieran proporcionar protección, en el sentido del art. 13 c) y, en consecuencia, no concurren los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado.

Del relato tampoco se deduce la posibilidad de que la persona solicitante sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen; por lo que se entiende que no concurren ninguna de las causas que pudiesen dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1272009, de 30 de octubre.

Las resoluciones administrativas correspondientes a los tres hijos menores se remiten a los razonamientos y criterio que se adoptó en la solicitud principal de la que dependen.

TERCERO. - Los recurrentes, disconformes con la denegación del derecho de asilo, alegan en la demanda que tienen miedo a regresar a su país, por las amenazas sufridas y la situación de violencia generalizada que pone en grave riesgo su integridad física si regresan a Colombia, y de la que no pueden ser protegidos por las autoridades de su país, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para proteger a la población, donde se les inscribe en un registro de víctimas, y se les recomiendan que cambien de domicilio con frecuencia, pero es tan alto el número de víctimas, que la realidad es que no pueden protegerles y desgraciadamente muchas amenazas de muerte se llevan a cabo.

CUARTO. - La definición del asilo y la condición de refugiado político comprende al extranjero que tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal país, pero el solicitante debe acreditar que por esas causas teme ser perseguido si regresa al país de su nacionalidad ( STS de 11 de mayo de 2017 - rec. 2982/2016- ).

En efecto, el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967 ".

Y conforme al art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 ".

QUINTO. - Por otra parte, la Ley de Asilo 12/2009 establece en su artículo 13 que los agentes de persecución pueden ser, además del Estado, las "organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio", y los " agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves".

Y el artículo 14 "Agentes de protección" considera que pueden proporcionar tal protección el Estado y los partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio.

Entendiéndose que existe protección cuando estos agentes "adopten medidas razonables y efectivas para impedir la persecución o el padecimiento de daños graves, tales como el establecimiento de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y siempre que el solicitante tenga acceso efectivo a dicha protección" (apartado 2º).

Así, aunque la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la STS de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005), " esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia "; pues, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante de asilo invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos ( STS 15 de febrero de 2016 -rec. 2821/2015-).

SEXTO. - En el presente supuesto no pueden considerarse suficientemente acreditados los elementos necesarios para el reconocimiento del asilo solicitado, pues el relato ofrecido permite concluir que los hechos que se denuncian proceden de particulares y que carecen de relación alguna con los motivos que determinan la condición de refugiado, pues no consta que estén relacionadas con su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Se trataría de hechos delictivos contra los solicitantes por parte de personas desconocidas que pretendían que su pareja fabricase una máquina de procesamiento de cocaína. Por tanto, estaríamos, en todo caso, ante un supuesto de delincuencia común ajeno a la institución del asilo.

Además, no se concretan en que habrían consistido las amenazas que supuestamente les habrían obligado a cambiar de domicilio en varias ocasiones, y finalmente trasladarse a España, y, por tanto, que las mismas alcancen la gravedad suficiente para poder ser considerados actos de persecución en los términos previstos en el artículo 6 Ley 12/2009.

En todo caso, según el propio relato de la solicitante, ante la denuncia de su pareja la policía habría adoptado determinadas medidas de protección hacia ellos, de modo que no puede afirmarse que las autoridades se mostraran pasivas o inactivas ante los hechos relatados.

SÉPTIMO. - En cuanto a la concesión de la protección subsidiaria contemplada el art. 4 de la Ley de Asilo, dispone que:

"El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley " .

Y el art. 10 de la citada norma añade que:

"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Pues bien, en el caso de los recurrentes no es posible deducir circunstancia alguna de la que pueda inferirse un riesgo real de padecer personalmente los daños que en dicho precepto se describen.

Esta Sala ya ha manifestado en numerosas ocasiones (entre ellas, SAN, 4ª de 3 de mayo de 2023 -rec. 1538/2021-) que en Colombia la violencia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada que determine que, en caso de volver, la vida de los recurrentes corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia y que no puedan trasladarse a otra parte del país en la que el conflicto no exista o la amenaza de violencia que causa el conflicto sea menor.

En el presente caso, como se ha dicho, los hechos que se denuncian provendrían de particulares, respecto de los cuales no consta que desarrollen actividades delictivas en todo el país.

Por tanto, hemos de concluir que no concurre ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.

OCTAVO. - Pr ocede, pues desestimar el recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente cuyas pretensiones son desestimadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA. Si bien, haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se fija su importe en un máximo de 1.000 € por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados,