Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 271/2021 de 27 de febrero del 2024

PRIMERO. Antecedentes relevantes para resolver el recurso.

Landelino interpuso recurso de alzada ante el TEAC contra la resolución dictada por el Tribunal Económico - Administrativo Regional de Regional Cataluña, en fecha 29 de septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de anulación formulado frente a la resolución del mismo órgano de revisión, de 27 de abril de 2017, desestimatoria de la reclamación NUM000, interpuesta en oposición a la diligencia de embargo de cuentas bancarias, solicitando la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Por resolución de 23 de julio de 2020 el TEAC desestimó la alzada confirmando la resolución impugnada: resuelto el recurso, con cita del artículo 233.7 párrafo primero LGT, se acordó el archivo de la solicitud de suspensión al carecer de efectividad pronunciamiento alguno sobre la suspensión solicitada.

Frente a esta decisión de archivo de la solicitud de suspensión de la ejecución, el recurrente acude a la jurisdicción, solicitando un pronunciamiento en los términos ya notados. En su apoyo, alega la aplicación del artículo 39 del Reglamento General de Desarrollo de la LGT en materia de revisión (RD 520/2005)- RGRVA-, la existencia de indicios que hacían admisible la petición y la falta de motivación de la resolución impugnada. Finalmente, manifiesta que, en apoyo de su pretensión, hace suya la fundamentación jurídica de la sentencia dictada por esta Sección y respecto al mismo demandante en fecha 20 de julio de 2015 (recurso 389/2014).

El Abogado del Estado se opone a la demanda y solicita desestimación del recurso por considerar ajustada a derecho la decisión impugnada y que este asunto es igual al 1928/2019, interpuesto por el mismo recurrente frente a una decisión idéntica, habiendo recaído sentencia desestimatoria de 12 de abril de 2022.

Procede entonces que pasemos a examinar las cuestiones suscitadas.

SEGUNDO. Criterio de la Sala.

Cabe recordar en el inicio de nuestro examen que el artículo 233. 7, párr. 1º LGT dispone que «la suspensión de la ejecución del acto se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico administrativo en todas sus instancias».

Ello implica que la suspensión ya acordada, o que pudiera acordarse por el órgano de revisión, sólo puede tener efectividad durante la tramitación de la reclamación en cualquiera de sus instancias, siendo durante su tramitación donde procede acordar (o no) la suspensión, cuyos supuestos se reflejan en el artículo 39 RGRVA.

Por ello, habiendo sido resuelto por el TEAC el asunto principal, esto es, el Recurso de Alzada, cuyo acuerdo pone fin a la vía económico-administrativa en relación con la impugnación de la diligencia de embargo, resulta claro que pierde su razón de ser cualquier pronunciamiento del TEAC sobre la suspensión solicitada puesto que esta pretensión solo tiene sentido en el seno de la reclamación económico- administrativa y su recurso.

En su caso, don Landelino podía instar medidas cautelares ante la Sala caso de acudir la vía jurisdiccional.

Cabe recordar también, que en un asunto idéntico al presente, el recurso 1928/2019 nos hemos pronunciado en sentencia de 12 de abril de 2022. En su fundamento jurídico tercero declaramos: La resolución impugnada es ajustada a derecho, en tanto que habiéndose dictado resolución desestimatoria de la alzada el 28 de enero del 2016, esto es, agotada la vía económico-administrativa, la pieza separada quedaba sin objeto ( artículo 233.7 LGT) en tanto los efectos de la suspensión solo tiene efectividad en la vía administrativa (...).

Resta por señalar que la temática litigiosa de este recurso no es similar a la examinada en el recurso 1928/2019, como sostiene el recurrente y en en el que con fecha de 12 de abril de 2022 dictamos sentencia estimatoria. Versaba aquel supuesto sobre una nueva petición de suspensión cautelar ante el TEAC cuando el TEAR la había inadmitido, pero sin que se diera la circunstancia, que aquí es determinante, de que la vía económico-administrativa había finalizado con una resolución firme.

TERCERO. Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 4.000 euros por la intervención del Abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.