Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1222/2021 de 27 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto las Resoluciones de 24 y 25 de junio de 2021, de la Subsecretaria del Interior, por delegación del Ministro del Interior, que deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria solicitada por DON Melchor y DOÑA Ana, integrantes de un grupo familiar.

La solicitud de protección internacional se sustentó en las amenazas de las que eran objeto ambos en Ucrania por parte de ultranacionalistas ucranianos a causa de que el idioma materno de la demandante es el ruso. Pese a que denunciaron los hechos, las autoridades no hicieron nada al respecto. Huyeron a Kuwait durante un año, pero al regresar a Ucrania las amenazas continuaban.

SEGUNDO.- La resolución impugnada, realiza un pormenorizado análisis de la evolución de la situación en la que se encontraba la comunidad de ciudadanos ucranianos de procedencia rusa o que hablan ruso como idioma materno. Y aunque describe los problemas a los que ha de enfrentarse, afirma que "sin negar el riesgo de que los derechos lingüísticos de la comunidad rusoparlante en Ucrania puedan verse mermados por la aplicación de la nueva normativa, dicha merma podría llegar a considerarse en todo caso como una forma, desde luego no deseable, de discriminación; pero no alcanza un nivel de intensidad suficiente para entender que pueda llegar a constituir una violación grave de los derechos fundamentales". En todo caso, analiza la situación específica de los demandantes en su lugar de residencia, llegando a la conclusión de que "en dicha ciudad no existe un clima general de animadversión a la identidad étnica rusa".

Por otro lado, la denegación de la solicitud descansa también en que "la persecución alegada proviene de un grupo ultranacionalista, no apuntando la misma que dicho grupo actúe en representación o connivencia con el Estado ucraniano. Por tanto, debemos enmarcar dichas acciones violentas en el supuesto de la delincuencia común".

SEGUNDO.- En la demanda de amparo se sostiene que concurren las condiciones para la concesión del estatuto de refugiado debido a que han sido objeto de una persecución grave por razón de su pertenencia a la comunidad rusoparlante, persecución que les causa un temor grave a sufrir daños personales por ello. Cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a que el criterio orientador de las decisiones en esta materia ha de ser el de la solidaridad, la hospitalidad y la tolerancia.

El Abogado del Estado, al conferírsele traslado para contestar a la demanda, si bien rechaza que concurra causa para la concesión del estatuto de refugiado, sí acepta que existen motivos para la concesión de la protección subsidiará y, en consecuencia, se allana parcialmente a la demanda en tal sentido.

Por ello, considera que procede el allanamiento parcial al amparo de lo dispuesto en el art. 75 LJCA, debiendo anularse la resolución impugnada, y concederse a la recurrente la protección subsidiaria, aporta como documento 1 informe de la Subdirectora General de Protección Internacional proponiendo el allanamiento de referencia, y como documento 2 autorización de la Abogada del Estado-Jefe para ello.

TERCERO.- Con referencia a la pretensión principal, esta Sala considera que acierta la resolución impugnada cuando rechaza la solicitud de asilo sobre la base de que la demanda se sustenta en la existencia de amenazas y conductas hostiles hacia los demandantes no pueden considerarse graves en el concreto caso de los demandantes debido a la zona en la que viven. Pero, sobre todo, porque el hostigamiento que relatan no procede de un agente perseguidor de carácter estatal como requiere el art. 13 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Así las cosas, procedería confirmar la resolución impugnada en cuanto rechaza la concesión del derecho de asilo. Pero el Abogado del Estado se muestra conforme con la concesión del derecho a la protección subsidiaria a la vista de la evolución de los acontecimientos bélicos en Ucrania, razón por la cual ha de accederse a dicha solicitud.

CUARTO.- El art. 75.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dispone lo siguiente:

"1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado."

Como ya hemos dicho, el Abogado del Estado se ha allanado a la pretensión subsidiaria de concesión de la protección internacional en la modalidad de protección subsidiaria, razón por la cual procede la anulación de la resolución impugnada y la concesión de la protección subsidiaria solicitada a la vista de que no se aprecia vulneración del Ordenamiento jurídico en el allanamiento parcial formulado.

QUINTO.- Co n respecto a las costas procesales, el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya en varias ocasiones recogiendo su inicial pronunciamiento formulado en las SSTS Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017) en relación con la cuestión de si, tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas procesales causadas a la Administración demandada que se allanó a las pretensiones de la parte demandante, en el plazo de contestación a la demanda.

Así en la reciente STS de 30 de noviembre de 2020 (cas. 6979/2019), recordaba que, en tales sentencias se declara " que la regla objetiva del vencimiento es la que deriva de lo dispuesto en ese nuevo artículo, y, por consiguiente, resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo"

QUINTO.- Pues bien, en aplicación de la jurisprudencia expuesta no procede efectuar condena a la Administración al pago de las costas procesales con arreglo a lo dispuesto en el art. 139.4 LJCA.

A tal efecto la Sala ha de valorar que la Administración ha modificado su criterio a raíz de la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE, razón por la cual consideramos procedente no efectuar pronunciamiento condenatorio en costas a la Administración demandada.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Por la autoridad que nos confiere la Constitución española,