Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 903/2022 de 28 de noviembre del 2023

PRIMERO. En el presente recurso se impugna la resolución dictada por el Ministerio del Interior por que se acuerda denegar la petición de asilo y protección internacional Adrian, nacional de Sierra Leona.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

En el expediente administrativo no consta pasaporte ni otra documentación acreditativa de las circunstancias personales y alegaciones del demandante de asilo.

Resumidamente, el relato ofrecido por el recurrente remite a la voluntad de residir en España . El solicitante, nacido, según refiere, en 1987 en Sierra Leona, entró en España en agosto de 2021. Alega que en junio de 2021, la tribu rival "SUSU" atacó a su tribu con machetes, piedras y palos, para quedarse con las propiedades de la comunidad. Asesinaron a su padre con machetes. El solicitante consiguió escapar por una ventana junto a un amigo, teniendo que dejar atrás a su madrastra. Desconoce su paradero. Salió de su país y atravesó junto con su amigo el desierto durante unas cuatro semanas huyendo, para llegar a Marruecos. El solicitante no quiere volver a su país de origen ya que no quiere acabar como su padre, por lo que decidió embarcarse en una patera y así solicitar protección internacional como realiza en éste acto, para así poder encontrar la seguridad que necesita para poder desarrollar su vida con normalidad.

En los diversos informes públicos relativos a Sierra Leona, no se describen enfrentamientos de carácter étnico. Existen dos grandes grupos étnicos en Sierra Leona, los Mende y los Temne. Cada uno de ellos aproximadamente representa un 30 por ciento de la población. La etnia Susu representa el 2% aproximado de la población total de Sierra Leona y están esparcidos por la zona noroeste del país. La política estatal no discrimina los derechos étnicos, culturales y lingüísticos de las minorías. La mayoría de las minorías no sufren discriminación sistemática con respecto a la aplicación de sus derechos y gozan de plena igualdad ante la ley. Por lo tanto, siendo la disputa referida por razón de la posesión de unas tierras, y estando la etnia Susu ubicada en el noroeste del país, representando tan solo el 2% de la población, el interesado podría, además de obtener la protección de las autoridades, reubicarse sin problemas en cualquier otra parte del país sin riesgo de entrar en conflicto con esta etnia. Así pues, no ha quedado establecida la existencia de una persecución actual contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, ni la imposibilidad de retorno en condiciones de seguridad, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado.

TERCERO.- De la documentación obrante en autos y considerada por la Administración demandada en su resolución, la cual se da aquí por reproducida, el recurrente no tiene los caracteres o perfil de perseguido por motivos políticos ni religiosos y el relato ofrecido al solicitar asilo remite a razones ajenas a la protección internacional, además de ser inverosímil y las supuestas amenazas se incardinan en el ámbito de la delincuencia común.

El procedimiento administrativo, por otra parte, se tramitó regularmente y no es de apreciar la menor indefensión de la parte solicitante. No se han infringido las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre derecho de asilo y condición de refugiado.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009). Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas siendo que los recurrentes, como grupo familiar en conjunto y en el particular de cada uno de sus miembros, no responden a ninguna situación que les haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen.

En definitiva, no ha quedado acreditada persecución u otra circunstancia susceptible de protección conforme a la Convención de Ginebra de 1951 ni para protección internacional subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 12/2009.

En estas condiciones, resulta ajustado a derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora. La sala, en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso, establece por todos los conceptos la cantidad máxima de 1500 €, según lo previsto en los artículos 139. Uno y tres de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.