Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 489/1997 de 28 de abril del 1999

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo determinar, si es o no conforme a Derecho, la desestimación por silecio del Ministro de Defensa, acto presunto de 30 de enero de 1.997, de la reclamación del recurrente solicitando el abono de 319.610 pesetas, en concepto de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO.- El exámen de las actuaciones permite poner de manifiesto, como más significativos, los siguientes antecedentes: a) el recurrente, a la sazón Guardia Segundo con destino en la 522 ª Comandancia de la Guardia Civil, fue sancionado por resolución del Teniente Jefe de la Línea de Cortes de 21 de febrero de 1.995, con cuatro días de arresto, a cumplir en su domicilio, como autor responsable de una falta de "inexactitud en el cumplimiento de las normas de régimen interior"; interpuesto recurso de alzada, fue desestimado por resolución del Capitán de la 5ª Compañía de la misma Comandancia de fecha 11 de abril de 1.995; contra dicha resolución el recurrente formuló nuevo recurso, que fue estimado por resolución del Comandante Primer Jefe Accidental de la 522ª Comandancia de 18 de mayo de 1.995, que anuló la sanción impuesta; b) con fecha 11 de marzo de 1.995, el recurrente fue nuevamente sancionado por resolución del Teniente Jefe de la Línea de Cortes de 21 de febrero de 1.995, por con 7 días de arresto, a cumplir en su domicilio, como autor responsable de una falta de "negligencia en el cumplimiento de las obligaciones profesionales"; dicha sanción fue anulada por resolución del Capitán de la 5ª Compañía de la misma Comandancia de fecha 24 de mayo de 1.995; c) deducido expediente en reclamación por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, fue desestimado por silencio del Ministro de Defensa, acto presunto de 30 de enero de 1.997, d) contra dicha resolución se alza el recurrente por medio del presente recurso contencioso administrativo, interesando el abono de 319.610 pesetas por los siguientes conceptos: 1) el arresto sufrido, que le provocó una depresión reactiva, 2) minutas de Letrado, 3) imposibilidad de desplazarse a la boda de un familiar al encontrarse cumpliendo el arresto.

TERCERO.- El artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978 garantiza el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la Ley, a ser indemnizados por "toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".El citado precepto constitucional ha dado una paso más en el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, iniciado mediante los artículos 120, 121 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y confirmado en los artículos 40 y concordantes, del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957; pues bien, mientras esta última normativa jurídica, se refiere al derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa, el citado artículo 106.2 además de constitucionalizar, en tales casos, la responsabilidad del Estado, generaliza la misma para todos los supuestos -salvo el de fuerza mayor-, en que la lesión sea sufrida por el particular, en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que aquélla sea consecuencia de dicho funcionamiento de los servicios públicos, sin aludir al carácter normal o anormal del mismo.Mas, dicho precepto constitucional garantiza tal derecho, en "los términos establecidos en la Ley" que en este supuesto no son otros que los dispuestos en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se recogen los requisitos que necesariamente han de concurrir para que proceda la indemnización reclamada por dicha vía, cuales son: a) Existencia de una lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos del particular afectado, b) Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la lesión o daño, c) Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y la lesión, daño o perjuicio producido, d) Que el daño alegado por los particulares sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, y e) Que la acción de la responsabilidad indemnizatoria sea ejercitada dentro del plazo de una año, contado a partir del hecho que motivo la indemnización.La responsabilidad patrimonial del Estado deriva, conforme a la citada normativa jurídica, en principio, de la lesión producida a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, entendida aquella como un perjuicio antijurídico que estas no tienen el deber de soportar, por no existir causa alguna que lo justifique.

CUARTO.- En el supuesto que nos ocupa, ha de ponderarse que el recurrente se vio privado de su libertad durante once días -aunque dicha privación pueda considerarse atenuada al haber cumplido el arresto en su domicilio- por resoluciones que fueron después dejadas sin efecto por las del Comandante Primer Jefe Accidental de la 522ª Comandancia de la Guardia Civil de 18 de mayo de 1.995 y del Capitán de la 5ª Compañía de la misma Comandancia de 24 de mayo de 1.995 respectivamente, por lo que resulta evidente que la Administración militar ha irrogado al recurrente, en razón de los arrestos, anulados después, repetimos, daños o perjuicios materiales, individualizados y evaluables económicamente que no tiene por qué soportar el actor, para lo cual basta ponderar dichos daños, caso que los haya, y sobre todo los daños morales de carácter aflictivo que conlleva tanto la imputación de una conducta reprobable como su arresto posterior.Así pues, resta cuantificar el daño producido, que el actor cifra en la cantidad de 319.610 pesetas, correspondientes, como ya se ha expuesto, al arresto sufrido, que le provocó una depresión, a los honorarios de Letrado director de los recursos interpuestos y a la imposibilidad de acudir a la boda de un familiar.A tales efectos es menester realizar las siguientes precisiones:

1) Con respecto a los honorarios de Letrado, su intervención en vía administrativa es meramente facultativa sin que el recurrente se vea obligado por ley o norma a contratar los servicios de dicho profesional, razón por la cual no puede ser atendido el concepto por el que se reclama, pues los gastos ocasionados por su defensa fueron debidos a su propia iniciativa,

2) en lo que atañe a los daños o menoscabos físicos padecidos, derivados de una depresión reactiva, el informe médico que consta el folio 44 del expediente administrativo data de agosto de 1.995, fecha bastante posterior a las de las sanciones impuestas; de ahí que estimemos no acreditada la "reacción depresiva", pudiendo deberse la misma a otras causas,

3) tampoco se ha acreditado que la falta de asistencia a la boda de un familiar haya originado al recurrente perjuicio alguno,

4) por el contrario, deben ser resarcidos los daños morales derivados de los arrestos cumplidos en virtud de las sanciones, después anuladas, sin que por las razones ya expuestas proceda hacer en este punto mayores consideraciones.En consecuencia, atendidos las razones expuestas entiende la Sala como quantum indemnizatorio ajustado a derecho, por todos los conceptos, el de 110.000 pesetas.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 de la L.J.C.A., no procede hacer expresa declaración en materia de costas.En cuanto a los intereses solicitados consideramos, en razón de la estimación parcial del recurso y de las razones apuntadas, que no proceden otros que no sean los establecidos, para en su caso, por el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,