Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 837/2021 de 29 de mayo del 2023

PRIMERO. Resolución denegatoria de la protección internacional y motivos de impugnación.

Para solicitar el asilo, don Alfredo había alegado ser perseguido política, judicial y policialmente por problemas relacionados con la justicia de su país, Argentina, por unos hechos ocurridos en 2015 en la Ciudad de Moreno (Argentina) por los que piden la extradición del solicitante; que tiene un letrado en Argentina intentando aclarar la situación; que lleva residiendo en España desde octubre de 2016 y solicita ahora el asilo para evitar la extradición [...].

A la solicitud adjuntó un escrito en el que expone que quienes le denuncian en Argentina forman parte de un entramado político corrupto que está bajo el amparo de determinados gobernantes.

Siguiendo el procedimiento ordinario, la resolución recurrida, de conformidad con la propuesta de la Comisión Internacional de Ayuda al Refugiado, deniega al recurrente la protección internacional, que había solicitado el 15 de diciembre de 2020, al apreciar que los hechos alegados no guardan relación con las causas de persecución que pueden implicar una necesidad de protección internacional recogidos en el artículo 3 de la Ley 12/2009 y que tampoco se deducía la posibilidad de sufrir la clase de daños referidos en el artículo 10 en el caso de retorno a su país de origen a efectos de la concesión de la protección subsidiaria.

Disconforme con lo resuelto, don Alfredo acude a la jurisdicción solicitando un pronunciamiento en los términos reproducidos en los antecedentes, alegando la concurrencia de los requisitos exigidos para otorgar la protección solicitada o en su caso, por razones de orden personal que se autorice su residencia en España por razones humanitarias ya que vive aquí con su familia.

De forma inversa, a juicio del Abogado del Estado no concurren las causas de reconocimiento del derecho de asilo e igualmente considera improcedente la protección subsidiaria al no darse los supuestos previstos en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009.

SEGUNDO. Criterio de la Sala y decisión del recurso.

Se impone señalar, ante todo, que por auto de 17 de julio de 2020 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de esta Audiencia, en el procedimiento de extradición 66/2019, ha sido declarada procedente en vía judicial la extradición del recurrente solicitada por las autoridades judiciales argentinas para su persecución y enjuiciamiento de hechos que constituyen delito de estafa, auto confirmado en suplica por otro del Pleno 24 de noviembre de 2020. Con el grado de probabilidad propio de los procedimientos de extradición, se relatan en los autos, los hechos (presuntamente) cometidos por el recurrente junto con otras personas en el marco de una sociedad supuestamente dedicada a la venta de automóviles; recibían cantidades de dinero por terceros contra la promesa de entrega de vehículos, entregas que no llegaban a realizarse.

Así las cosas el recurso del recurrente ha de ser desestimado.

Recuerda la STS de 30 de enero de 2019 (casación núm. 4848/2017) que aun tratándose el asilo y la extradición de instituciones diferentes en cuanto a sus fines, «existe en la normativa reguladora de la extradición, pese a su aspecto parcial de la protección que comporta, una preocupación por la defensa de los derechos humanos de los afectados» y declara que «[e]sa relación de la extradición con la protección de los derechos humanos lo pone de manifiesto nuestra Ley reguladora de la Extradición que ya en el artículo 4, al excluir la entrega de la persona requerida, establece que no se accederá a dicha entrega cuando "el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes"; pero no solo se condiciona la entrega a ese riesgo, en cierta medida vinculado al propio actuar de la Justicia criminal; sino que en el artículo 5 se declara, en su párrafo primero, que podrá también denegarse la extradición "Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones." Debe ponerse de manifiesto que, en este supuesto, ya no se cuestiona solamente que el enjuiciamiento criminal ha de respetar los derechos de la persona reclamada, que son inherentes a ese tipo de procesos, sino que se impone con carácter de generalidad, ya que de existir esos temores fundados debe denegarse la extradición, aun cuando concurran los requisitos que la harían posible».

En esa misma sentencia se recuerda que «si partimos de que el riesgo de que el interesado pueda ser objeto de tratos inhumanos o degradantes o de ser objeto de torturas obliga a la denegación de la extradición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Extradición , deberá convenirse que si se accede a la extradición es porque no se han apreciado esos temores. Esto es, adquirida firmeza dicha resolución denegatoria, deberá proceder a la entrega del interesado, caso de no apreciarse la concurrencia de ese riesgo de vulneración de los derechos humanos. En tal supuesto carecería de fundamento decidir sobre el derecho de asilo, caso de que en el tiempo hasta la entrega pudiera ser solicitado, porque ese derecho comporta declarar que sí existe ese riesgo de vulneración de tales derechos, lo cual sería contrario a lo ya declarado, y con carácter de firme, por la propia Administración. No puede de manera contradictoria la Administración considerar que no existe ese riesgo de vulneración de derechos a efectos de la extradición y luego apreciarlos a los efectos del derecho de asilo, o viceversa, siempre y cuando la extradición reúna las exigencias que la institución comporta, que exceden de esa mera vulneración de derechos humanos.

En suma, la decisión firme en un sentido vincula la decisión del ulterior pronunciamiento, a salvo de los supuestos de revisión de actos firmes, porque se ve frustrada la exigencia de la seguridad jurídica, sin que pueda olvidarse lo declarado por el Tribunal Constitucional, en relación con el principio de seguridad jurídica, que se extiende a todas las resoluciones».

Por todo lo expuesto, sin necesidad de mayores razonamientos, procede desestimar el recurso.

TERCERO. Costas Procesales.

Conforme a lo previsto en el artículo 139 LJCA, procede imponer al recurrente el abono de las costas, si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 1.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.