Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1910/2021 de 03 de octubre del 2023

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra el acuerdo del TEAC de 16 de febrero del 2021, por el que se desestimó el recurso de alzada nº 00-02000-2018 interpuesto contra la resolución del TEAR de Madrid, que a su vez desestima la reclamación nº NUM000 frente al acuerdo declarando la responsabilidad solidaria de la demandante por las deudas de su administrador único y socio mayoritario, con un alcance de 618.815,20 euros.

SEGUNDO.- La demanda comienza por negar que se produjera una colaboración activa de la sociedad en la comisión de la infracción administrativa imputada al administrador único. Esto lo apoya en que existe un error de hecho en la resolución administrativa cuando señala que "la actora conocía el valor del servicio profesional al contratar con terceros, al mismo tiempo que conoce que su valor añadido es nulo por tratarse de servicios personalísimos, por lo que al satisfacerle un sueldo por los servicios, por un precio inferior al de mercado, colaboró activamente en la infracción tributaria que realiza D. Antonio, con el resultado de una menor tributación en el IRPF". Al referirse el TEAC a un sueldo, cuando está determinado que se emitían facturas por los servicios- sostiene la demandante- se comete un error trascendente "pues quien emitía las facturas por servicios profesionales, fijando unilateralmente su importe era Don Antonio (...), limitándose el papel de la sociedad OSOBELENA, S.L. a ser destinatario de dichas facturas, de lo que no se desprende colaboración activa en la valoración de los servicios".

Estamos en presencia de una forma societaria utilizada para eludir el pago de parte del IRPF. La sociedad contrata con terceros la cesión de derechos de autor o la participación del socio cuasi único en programas de radiofonía, en lugar de figurar éste como prestador de los servicios. La sociedad recibe la remuneración pactada con terceros, y entrega una parte al socio, que para dar cobertura a ese pago, emite unas facturas por un importe inferior al percibido por la sociedad, simulando que a su vez prestaba los servicios a ésta.

Pero la realidad es que hay una sola persona, que utiliza en fraude de la Hacienda la personificación jurídica y elude el pago de parte de impuestos. Y esto es así porque ni prestaba servicios para la sociedad ni declara la existencia de una operación vinculada.

Cuando se alude a que la sociedad era titular de un bien inmueble donde desarrollaba su actividad para lo que contaba con un empleado con funciones de chófer, se está presuponiendo la existencia de una estructura empresarial, para así justificar que esta producía un valor añadido resultante de la ordenación de los medios personales y materiales adscritos a la actividad. Un argumento bastante débil, que desconoce que, efectivamente, en estos supuestos de abuso de la personificación jurídica es habitual adscribir al patrimonio de la sociedad bienes para sustraerlos de la acción de terceros o para simular la existencia de una realidad empresarial a todas luces inexistente.

La expresión desafortunada relativa a la percepción de un sueldo, sobre la que se construye todo un argumento sobre el error de hecho en el que incurre el TEAC al analizar el caso, no es más que el reflejo de un hablar coloquial, que tiene el sentido de decir que el contribuyente se atribuyó una remuneración fingiendo ser un empleado, y no el dueño de la plusvalía incorporada al precio pagado por los derechos de autor o por el ingenio desplegado en sus apariciones radiofónicas, y todo esto para pagar un poco menos de IRPF.

TERCERO.- El segundo motivo de impugnación se refiere a que es incongruente considerar que una sociedad es instrumental para a continuación atribuirle una colaboración activa en la comisión de una infracción.

No cabe duda de que se ha producido un abuso de la personificación jurídica, puesto que no hay actividad empresarial alguna que justifique la existencia del ente societario. Ahora bien, para la derivación de responsabilidad, que no tiene otra finalidad sino la de aprehender el patrimonio formalmente adscrito a la persona jurídica, no es necesario negar la ficción, sino que aplicando el supuesto de responsabilidad tributaria del artículo 42.1 a) LGT, se alcanza el objetivo deseado y se repara el daño que la maquinación perseguía causar a la Hacienda.

CUARTO.- Por último, se niega que existiera una conducta dolosa, porque en el tiempo al que se refieren las actuaciones la creación de sociedades para recibir pagos de terceros en retribución de sus servicios profesionales y por la cesión de derechos de autor, era algo habitual.

Lo que se produce en este caso es la simulación de una situación inexistente y es que la sociedad presta un servicio a un tercero por el que recibe una remuneración, un servicio que contiene un valor añadido al servicio que para ella presta a su vez el dueño del capital social. Resulta difícil no ver en esto una acción indebida, cuyo único propósito es eludir el pago de impuestos. Aunque muchos otros contribuyentes recurrieran a estas técnicas de defraudación, esto no excusa la conducta del contribuyente que debió ser consciente de que el actuar era indebido y que estaba incumpliendo con el deber de aportar a la Hacienda de acuerdo con su capacidad económica.

En este sentido ha resuelto la sección 4ª de esta SCA al desestimar el recurso nº 242/2017 del administrador único de la sociedad, actuando como persona física, contra la sanción impuesta. Aunque se afirme que lo resuelto aquí no afecta a la sociedad, es esto llevar muy lejos la personificación jurídica, pues siempre actuaba la misma persona física, unas veces en su propio nombre, y otras en nombre de la sociedad, pero sin que en este caso se produjera un cambio de consciencia ni se olvidara lo indebido de su acción como persona física.

QUINTO.- Las costas se imponen al demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 3.000 euros.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente