Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 407/2019 de 03 de octubre del 2023

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de fecha 13 de marzo de 2019.

Antecedentes

1.- Por resolución del director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, de fecha 17 de mayo de 2010, se concedió a la recurrente, un préstamo reembolsable por importe de cuatro millones de euros.

Entre las condiciones expuestas por la administración en relación con el préstamo referenciado, estaba que las inversiones y gastos previstos, deberían realizarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año para el que se concede la ayuda, si bien se prorrogó posteriormente dicho plazo, ampliándose en seis meses más, como se recoge en el correspondiente expediente.

2.- La Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 13 de marzo de 2019 desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa de 12 de septiembre de 2017, por la que se acordó el reintegro total de la subvención en la modalidad de préstamo

SEGUNDO : La recurrente alega como único fundamento de su pretensión, falta de motivación y contradicción por parte de la Administración de sus propios actos y prejudicialidad penal.

Respecto a la falta de motivación, el acto administrativo impugnado contiene los elementos de hecho y de Derecho que justifican la decisión administrativa adoptada. No existe falta de motivación ( artículo 35 de la Ley 39/15).

En cuanto a la posible prejudicialidad, el Informe técnico definitivo de fecha 30 de junio de 2017 (documento 269), sobre la base del Informe de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de fecha 7 de agosto de 2015 (documento 267), existe un gran número de facturas que afectan a la mayoría de las inversiones a realizar para el cumplimiento de los fines para los que se concede la ayuda cuya veracidad no se ha acreditado por los proveedores (el importe total de estas facturas asciende a 10.398.525,34 euros, lo que supone un 93% del importe comprometido según la Resolución de Modificación de fecha 23/05/2012). No se trata por lo tanto de una cuestión de prejudicialidad, sino de la falta de acreditación d los hechos reflejados en las facturas.

El artículo 37.1 b. de la Ley 38/2003, establece:

"También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: (...)

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención..."

Por último, hemos de señalar que en ningún momento la Administración ha afirmado que el recurrente haya cumplido los objetivos del proyecto, por lo que no existe contradicción con actos propios.

TERCERO : Procede imponer las costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución:

Fallo